La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa discute 180 mociones presentadas al Presupuesto Nacional 2021, de las cuales, 150 son impulsadas por diputados de oposición con propuestas para hacer millonarios recortes y las 30 restantes son de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Los legisladores Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado, Yorleny León y Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN) promueven una reducción global por ¢211.000 millones, cifra que representa el 1,8% del presupuesto del próximo año cuyo monto es de ¢11,4 billones.

Mientras que los congresistas María Inés Solís, Pablo Heriberto Abarca y Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), impulsan una rebaja de ¢150.000 millones que representan 1,3% del monto total presentado por el Ministerio de Hacienda.

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Los independientes del bloque Nueva República, Jonathan Prendas y Harllan Hoepelman, también presentaron varias mociones para buscar una contracción del gasto y trasladar esos recursos a la amortización de la deuda pública.

Los diputados defienden que se trata de ajustes con sentido para reducir el gasto público sin afectar los servicios que prestan las instituciones estatales.

Para el próximo año, Hacienda estima que el déficit fiscal será del 9,9% del Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda pública alcanzará el 80% en relación con la producción nacional. El objetivo de los opositores es mitigar esa brecha con redireccionamiento de dinero.

El Gobierno ordenó a los jerarcas de todas los ministerios, órganos desconcentrados e instituciones públicas que revisen el compendio de 180 mociones para cuantificar la afectación que estos recortes les podrían generar el próximo año.

Reducciones en partidas como horas extras, alquileres, equipos de cómputo, mantenimiento, viáticos, viajes y transportes, son parte de los ahorros que quieren generar los diputados.

Los ajustes tendrían impacto en ministerios, órganos desconcentrados, la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Defensoría de los Habitantes y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En el siguiente cuadro se puede observar un resumen con las 16 mociones que plantean recortes más significativos en cuanto al monto y el impacto sobre la operación de las entidades estatales.

Hacienda defiende presupuesto

Elian Villegas, ministro de Hacienda, facilitó a EF una carta enviada este lunes 19 de octubre a la diputada Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Hacendarios. Esta misiva recuerda que el Gobierno está “absolutamente comprometido con el control del gasto y con la eficiencia del mismo”.

“Por esa razón hemos presentado un presupuesto para el 2021 el que, una vez descontado el monto de intereses y amortización, presenta un gasto primario total de ¢6.590.480 millones, es decir, el gasto primario es menor en ¢368.644 millones, al gasto primario presupuestado para el 2020. Este recorte equivale a una disminución del gasto en el orden del 1,02% del PIB”, indica el documento.

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El jerarca reconoce que ante la estrechez del presupuesto, cualquier recorte adicional deber hacerse con el mayor rigor técnico para no afectar el funcionamiento normal de los servicios públicos que provee el Estado, tal como ocurre con algunas mociones presentadas.

Hacienda se compromete a aplicar una reducción adicional de ¢150.000 millones en el gasto primario, por medio de un presupuesto extraordinario que se enviará en enero del 2021.

“Para lo cual buscaremos identificar con la ayuda de las instituciones afectadas, aquellos gastos que tengan menor impacto en el servicio directo a la ciudadanía”, señaló Villegas en la misiva.

El Gobierno también alertó que los recortes planteados afectarán severamente a las empresas privadas que brindan servicios al Estado y a sus trabajadores.

En un comunicado de prensa, Hacienda detalló que estas mociones rebajarán abruptamente partidas destinadas a gastos como alquiler de computadoras y pagos de licencias de softwares, cámaras de seguridad, servicios de limpieza, vigilancia, mantenimiento de edificios, recolección de residuos bioinfecciosos en consultorios médicos y contratos de sanitización de oficinas.

El Ejecutivo sostiene que ya aplicó recortes por ¢377.000 millones en el 2020 y por ¢368.644 millones en el presupuesto 2021. Además, el proyecto de ley se ajusta a la situación fiscal que atraviesa el país.

También destaca que se aplicaron crecimientos ajustados a la regla fiscal.

Durante este lunes, diversas instituciones públicas emitieron comunicados para advertir sobre cierres presupuestarios, detención de servicios y efectos adversos que les podrían ocasionar estas reducciones en sus presupuestos para el próximo año.

El TSE, por ejemplo, señaló que la moción 11 le recorta el 70% (¢1.029 millones) que obligaría a suspender el contrato de impresión de cédulas de identidad. A esta institución se aplicarían reducciones a alquileres de edificios, servicios de agua y electricidad, telecomunicaciones y mantenimiento de equipos de comunicación, entre otras.