Por: Laura Ávila.   11 diciembre, 2018

El lunes 10 de diciembre 160 países discutieron los alcances del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, un instrumento no vinculante que define el trato que deben tener las poblaciones migrantes alrededor del mundo.

El proceso de discusión desató divisiones, Estados Unidos se retiró de la elaboración del documento en diciembre del 2017, porque consideraba que es contrario a la política migratoria de la administración Trump. Foto: AFP.
El proceso de discusión desató divisiones, Estados Unidos se retiró de la elaboración del documento en diciembre del 2017, porque consideraba que es contrario a la política migratoria de la administración Trump. Foto: AFP.

La Conferencia Intergubernamental fue convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la discusión se llevó a cabo en Marruecos.

Costa Rica participó del foro y anunció que se suma al pacto, por el que votará afirmativamente en las próximas semanas.

El Pacto Mundial sobre Migración -como también se le conoce- se adoptó por aclamación, y el próximo paso será esperar a que la Asamblea de las Naciones Unidas apruebe el instrumento.

El proceso de discusión desató divisiones, Estados Unidos se retiró de la elaboración del documento en diciembre del 2017, porque consideraba que es contrario a la política migratoria de la administración Trump.

Meses después, otros países decidieron seguir los pasos de esa potencia. Se trata de Austria, Australia, Chile, República Checa, Hungría, Letonia, Polonia y Eslovaquia.

Otras seis naciones decidieron hacer consultas internas, tal es el caso de Bélgica, Bulgaria, Estonia, Italia, Eslovenia y Suiza, de acuerdo a información publicada por la agencia AFP.

Las críticas también se han dado en Costa Rica. EF analizó el texto y conversó con Norman Lizano, embajador y jefe de Política Multilateral de la Cancillería, para conocer los alcances del instrumento no vinculante.

¿De qué se trata el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular?

Es un instrumento no vinculante sobre gestión migratoria, es decir, una regulación sobre cómo hacerla segura y ordenada. El documento trata de poner de acuerdo a las naciones involucradas, para que la migración represente un beneficio tanto para las personas que salen de sus país, como para la nación receptora.

Además pretende evitar las muertes de migrantes. El acuerdo surge como una respuesta a las decenas de fallecimientos que se han suscitado en años recientes. Tal es el caso de las personas que perdieron la vida en las aguas del mar Mediterráneo.

El pacto tiene 23 objetivos enfocados en diversos campos como el combate a la trata de personas, la contratación equitativa y ética, la reducción de vulnerabilidades en la migración, proporcionar los servicios básicos, entre otros.

Este es uno de los primeros instrumentos que reconoce que las personas no solo abandonan su país por aspectos políticos y económicos, sino que también reconoce las migraciones por los desastres naturales y los efectos adversos que origina el cambio climático.

¿Cuáles son los cambios que impulsa este pacto global con respecto las leyes migratorias actuales?

Los transformaciones que impulsa con respecto a las leyes migratorias actuales, dependen de cada país. Según Lizano, Costa Rica ya cumple con la mayoría de objetivos que establece el pacto por ser un Estado de Derecho.

En otras regiones el instrumento será un complemento, sobre todo en aquellas donde la legislación sobre es nula, vaga o draconiana.

Afirmaciones falsas

EF analizó algunas afirmaciones contenidas en una cadena anónima de WhatsApp, junto al jefe de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, quién respondió a estos argumentos los cuales se citan de manera textual.

1. “Cambio de nombres, ya no se van a llamar inmigrantes, ahora todos (sin importar el tipo) se van a llamar refugiados”.

El pacto no establece el cambio de nombres. Para comenzar el concepto de migrante es técnico y genérico, y se utiliza para designar a una persona que se mueve de un país a otro.

Mientras que el término refugiado se refiere a las personas que huyen de sus países por situaciones políticas, violencia, guerras o conflictos internos.

Para tratar a estas poblaciones se realizan dos procesos diferentes.

El estatus de refugiado está regulado en la Convención sobre los Refugiados de 1951 y en este momento este instrumento no se está revisando.

Mientras que el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular -que se analiza actualmente- se enfoca solo en la población migrante.

2. “Los refugiados adquieren muchos beneficios, uno de ellos es -por ejemplo-, que no se pueden deportar a sus países NO IMPORTA EL DELITO QUE COMETAN”.

La Convención de los Refugiados de 1951 establece que un refugiado no puede ser devuelto a su país, porque su vida corre peligro.

Sin embargo, ser refugiado no implica tener inmunidad. En caso de que la persona cometa algún delito, se le debe seguir un proceso y si se comprueba que es culpable, debe purgar una condena.

La persona podría ser deportada a su país, solo si las circunstancias que originaron su salida, desaparecen.

3. “El país receptor se obliga a cubrir TODOS LOS COSTOS que la nueva situación del migrante genera: VIVIENDA, VESTIDO, ALIMENTACION, SEGUIRIDAD, SALUD, ETC”.

“No, no sé de dónde sacan la información”, indicó Lizano.

El migrante debe cumplir con una condición migratoria, y si regula su situación, podrá hacer aportes -como el pago de impuestos-. En ese caso tendrá los mismos derechos que un costarricense.

Por ejemplo: el derecho a la educación de sus hijos o a utilizar los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) si cotiza para esta institución.

El embajador sí aclaró, que si un migrante tiene una emergencia médica no se le niega la atención médica.

“El país renuncia a la soberanía pues perdemos la potestad de regular los flujos migratorios”.

“De ninguna manera. Esto ni siquiera es un convenio internacional, no es un instrumento jurídicamente vinculante, es una declaración”, indicó Lizano. Esto significa que las leyes nacionales y la Constitución Política siguen vigentes y tienen una potestad superior a la del pacto.

“Si vienen en esos grupos adultos mayores de 65 años, el sistema de seguridad social está obligado a otorgarles pensiones para las que -porsupuesto- nunca cotizaron”.

La afirmación es completamente falsa, según Lizano.