8 diciembre, 2017

El proyecto de transporte eléctrico ya casi es una realidad para el país. El expediente 19.744 se aprobó en primer debate a finales de noviembre y se espera que antes de que termine el año se apruebe en segundo debate para que se convierta en ley de la República en el 2018.

Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), prevé que la discusión se realice después del 14 de diciembre, fecha en la que vence el plazo para que las municipalidades envíen las consultas con las que se espera blindar el proyecto.

Los puntos de recarga deberán estar cada 80 kilómetros en la red vial nacional y cada 120 kilómetros en la red vial cantonal. Foto: Rafael Pacheco
Los puntos de recarga deberán estar cada 80 kilómetros en la red vial nacional y cada 120 kilómetros en la red vial cantonal. Foto: Rafael Pacheco

¿Pero en qué consiste la iniciativa? El texto pretende estimular el uso de vehículos eléctricos para reducir el consumo de combustibles fósiles en el país, mediante exoneraciones que tendrán vigencia de cinco años a partir de su publicación.

Monto exonerado del valor CIF del vehículo eléctrico Impuesto general sobre las ventas Impuesto selectivo de consumo Impuesto sobre el valor aduanero
Los primeros $30.000 del valor CIF del vehículo eléctrico 100% de exoneración 100% de exoneración 100% de exoneración
De $30.001 hasta $45.000 del valor CIF del vehículo eléctrico 50% de exoneración 75% de exoneración 100% de exoneración
De $45.001 hasta $60.000 del valor CIF del vehículo eléctrico 0% de exoneración 50% de exoneración 100% de exoneración
De $60.001 en adelante  0% de exoneración 0% de exoneración 0% de exoneración

Los beneficios se aplicarían a automóviles, motocicletas, bicicletas, microbuses, buses, trenes, vehículos con placas especializadas y cualquier tipo de transporte similar. Estos vehículos no pagarán marchamo por los primeros cinco años y los automotores no estarán sometidos a la restricción vehicular vigente para el casco central de San José.

En cuanto a los puntos de recarga deberán estar cada 80 kilómetros en la red vial nacional y cada 120 kilómetros en la red vial cantonal. Las distribuidoras de electricidad serán las encargadas de dotar de una electrolinera a cada cabecera de provincia, esto será tarea del ente que tenga mayor cantidad de abonados en cada zona.

El proyecto pretende atraer inversión extranjera, ya que propone beneficios hasta por diez años para las empresas ensambladoras que deseen establecer sus operaciones en territorio nacional.

La iniciativa pretende que el Gobierno Central y las instituciones del Estado sustituya el 10% de su flota por vehículos eléctricos. Las empresas privadas que sustituyan sus automotores (al menos un 10% anual), tendrán rebajos en el costo de la declaración del impuesto de renta.

Una vez que el proyecto sea aprobado, la banca deberá implementar líneas de financiamiento con facilidades en plazos, tasas de interés, garantías y trámites.

Para reforzar la futura ley y disminuir el uso de combustibles, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) trabaja en un plan de transporte eléctrico. Según la diputada del PAC e impulsora del proyecto, esta iniciativa de ley es única en Latinoamérica.

La iniciativa tuvo una buena acogida durante el primer debate, en esa ocasión tuvo el apoyo del 95% de los diputados presentes en la votación.