El Gobierno presentó este 18 de mayo un texto sustitutivo para el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336). Su segundo intento por hacer que la propuesta avance en la Asamblea Legislativa.
La necesidad de una ley que reforme las bases del empleo público en Costa Rica no es nueva. La oposición clama por reducción del gasto estatal y esa reducción apunta a los salarios, una bola de nieve que crece, año con año.
En los últimos dos Gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC), este llamado ha sido vehemente. ¿Por qué? De acuerdo con los datos de la Ley de Presupuesto Nacional 2020, los salarios de los empleados públicos representan, sin tomar en cuenta la deuda, el 41,2% del total del presupuesto del Estado.
Medida contrarreloj
La última acción aprobada en la Asamblea Legislativa en la línea directa de recorte al gasto fue la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635). En el título III de esta ley, se realiza una modificación a la Ley de Salarios de la Administración Pública de 1957. La reforma fiscal generó un freno parcial al crecimiento de los pluses salariales, cuando pasaron de ser porcentuales a nominales.
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Este nuevo proyecto no promete recortes. En lugar de ser fiscalista, la propuesta es más estructural aunque sí proyecta reducción del gasto futuro.
El peso de los salarios estatales en el presupuesto es innegable y la modificación en cuánto ganarán y cómo crecerá ese salario en la planilla estatal afecta de manera directa, las finanzas del país. A enero del 2020, el Estado tenía, incluyendo instituciones autónomas, 316.225 empleados reportados ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), por eso, la urgencia.
“Es racionalizar el empleo público no en el sentido de cortarlo simplemente, sino asegurarse que los niveles de gasto estén asociados con un nivel de eficiencia y provisión de servicios públicos apropiados. Es un cambio fundamental”, explicó el economista José Luis Arce.
De acuerdo con la ministra de Planificación Pilar Garrido, este proyecto de ley permitiría reducir el gasto un 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer año de vigencia.
¿Cómo? En resumen, con la salida de funcionarios viejos del sistema, que ganan salarios abultados, y la llegada de nuevos colaboradores con las condiciones que propone el texto. Pero, ¿qué condiciones cambiarán?
Calidad sobre antigüedad
Hoy, el Estado costarricense premia a los trabajadores solo por ser más antiguos en las instituciones, sin importar si el trabajo realizado es el mismo que el de un funcionario novato. El proyecto presentado por el Ministerio de Planificación (Mideplan), pretende cambiar esto.
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Cambiar los incentivos asociados para atraer talento al sector público y que sea posible retenerlo con buenas condiciones iniciales es como “crear el garrote y la zanahoria”, resumió Arce. Es decir, premiar solo a los funcionarios que cumplen con ciertas métricas y por el contrario, castigar a los que incumplen, pero asegurando un salario competitivo de entrada.
Actualmente los salarios iniciales en muchos ministerios son considerados “bajos”, porque se engrosan, automáticamente, con el paso del tiempo a base de pluses y anualidades.
Para lograr este giro el texto plantea varios cambios.
Primero, un único régimen de empleo público integrado por ocho “familias”. De esto se desprende, además, una única escala salarial y un nuevo esquema de reclutamiento del personal público, donde se premiarán “el mérito y la idoneidad”.
Las ocho familias de puestos son:
- Funcionario de confianza
- Servicio exterior
- Judiciales
- Universidades
- Educadores
- Policías
- Ciencias de la Salud
- Profesionales y no profesionales
Con la creación de la columna salarial única, se genera una metodología de valoración de puestos, específica para cada “familia”. Este cambio busca, de acuerdo con Garrido, que la valoración salarial se base en las funciones específicas de cada puesto.
“No es que haya diferencias, sino que hay puestos con valoraciones específicas que tienen que incorporarse en la escala salarial única, como, por ejemplo, los policías”, explicó la ministra.
Cada factor por evaluar tendrá un puntaje –de uno a cinco– y cada punto tendrá un valor. La suma de esos puntos determinará el salario que reciba cada trabajador. En total el proyecto de ley establece nueve factores:
- Conocimientos y experiencia
- Consecución de metas institucionales
- Discrecionalidad
- Planificación y organización
- Complejidad
- Disponibilidad
- Peligrosidad
- Responsabilidad
- Libertad
“De lo que hablamos es de cuánto entraría ganando la persona que se incorpora al sector público. Con independencia de la institución donde lo realicen, que lo importante sea el trabajo que desempeñen. Si el trabajo es el mismo, esas personas tienen que ganar igual”, explicó Garrido.
Además, un funcionario podrá ascender en una escala al cumplir cierta cantidad de puntos. Como el proyecto plantea una remuneración única en el tiempo, sin anualidades, esta solo se alterará “de acuerdo con las posibilidades económicas del Gobierno”, según Garrido, siempre dentro del sistema de bandas de cada familia. Es decir, el movim en el salario del funcionario se dará con base en los resultados de los nueve factores. Dos calificaciones menores a 70% son motivo de despido.
“Es un sistema de puntos y de bandas, como existen en otros lugares del sector público, como por ejemplo el Instituto Nacional de Seguros (INS)”, declaró la ministra.
Sumado a estos cambios, todas las ofertas de empleo público, sin importar la institución, deberán presentarse en una única plataforma.
Cambios
En relación con el primer texto presentado por el Ejecutivo, el nuevo documento reduce la lista de principios rectores del empleo público de 20 a siete.
El nuevo documento también eliminó al Consejo Consultivo, lo que significa que la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) pasa a pertenecer a Mideplan como ente rector de todo el empleo público.
El texto presentado también excluye la posibilidad de que antiguos trabajadores puedan optar por el salario único, mientras en el primero borrador, se hablaba de dar incentivos no monetarios a estos funcionarios bajo la posibilidad de trasladarse de salario compuesto a salario único.
Este cambio se dio al determinarse que cerca de un 35% del total de empleados públicos actuales estarían interesados en moverse al régimen al salario único, porque les mejoraría las condiciones.
“Eso iba a presionar las finanzas públicas de manera importante y no se iban a ver resultados hasta ocho o 10 años de entrada en vigor de la ley”, aseguró Garrido.
Otro punto que cambió con el nuevo texto es el tope de vacaciones de 20 días, mientras que en el primer documento era de un mes.
El avance de este proyecto dependerá de su paso por la comisión de Gobierno y Administración, que aún no ha sido conformada para la tercera legislatura. Garrido envió un primer borrador de este texto sustitutivo el pasado 14 de febrero a los diputados que entonces la integraban, para recibir observaciones. La mayoría, según la ministra, fueron incorporadas.
Para el sector productivo este nuevo documento es, a grandes rasgos, positivo. “Los cambios propuestos por el Gobierno son positivos, pues determina un único régimen en ese sector, así como una metodología para determinar el salario global de cada una de ellas” declaró el presidente de la La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Álvaro Sáenz. Sin embargo, señalaron que quedan debiendo una diferenciación a nivel universitario entre personal administrativo y el docente.
Otro punto criticado del documento es que excluye a las empresas públicas en competencia, por ejemplo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o el INS.
