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Crucitas y la extracción de ilegal de oro en esa zona del país, nuevamente, ocupan un lugar en los titulares de noticias, en los foros de la Asamblea Legislativa y en la discusión política nacional.
La problemática no es nueva y, según datos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), arrancó en 2015, justo cuando la empresa canadiense Infinito Gold vendió la Finca Ganadera Vivoyet en la que pretendía desarrollar un proyecto de minería a cielo abierto para extraer oro.
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En diciembre del 2017 el boom del oro en la Zona Norte del país atrajo a miles de coligalleros, la mayoría provenientes de Nicaragua, quienes se instalaron en las comunidades cercanas al distrito de Cutris de San Carlos, para tener acceso a la finca del fallido proyecto.
EF explica qué está pasando en Crucitas y por qué se “revivió” este tema en la agenda política nacional.
El nuevo detonante
El 18 de diciembre del 2018, la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) denunció que la contaminación con mercurio afecta a las plantas, las nutrias y los peces en la finca Vivoyet y en otras propiedades cercanas donde, desde hace al menos un año, se extrae oro de manera intensiva.
Los diputados verdiblancos justificaron su denuncia en los resultados de una investigación elaborada por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional, que fue encargado por el Minae para conocer el impacto de la actividad minera en la zona.
Carlos Ricardo Benavides, jefe de la bancada liberacionista, recibió el informe y encabezó la denuncia pública de los legisladores, quienes calificaron la situación como “sumamente grave”.
Benavides cuestionó que los resultados del estudio no se hicieran públicos antes, pese a que el Minae recibió la versión final de la investigación en setiembre del 2018.
Estos movimientos en el Congreso trajeron de nuevo el tema de la minería y la contaminación en Crucitas a la agenda nacional.
La huella de la contaminación
De acuerdo con el estudio del IRET, los niveles de mercurio total en las muestras recolectadas de peces, plantas, agua y sedimento –dentro y fuera de las zonas afectadas por la minería–, fueron altos.
El informe detalla que los registros más altos se presentaron en las muestras tomadas directamente en las áreas donde se desarrolla actividad minera.
Las muestras contaminadas fueron obtenidas por los investigadores en los humedales y lagunas de la zona, y también en el río San Juan Abajo, el caño Crucitas, el río Infiernito, la quebrada El Manzano, el Astillero, la quebrada Camino Viejo y el río San Juan Arriba.
El estudio reveló que el contenido de mercurio encontrado en peces pone en riesgo potencial a aves, nutrias y especies que se alimentan de peces que viven en esos ríos y quebradas.
También se encontraron concentraciones de mercurio en pastos y raíces.
Los coligalleros utilizan el mercurio para separar y extraer el oro que encuentran en la finca Vivoyet y en al menos cinco propiedades más que se ubican muy cerca del terreno en el que se habría desarrollado el proyecto Crucitas. Así lo confirmó a EF, Fausto Alfaro, director del Área de Conservación Arenal Huetar Norte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
La realidad de la minería
El terreno del fallido proyecto Las Crucitas se ubica en el distrito de Cutris de San Carlos, en la frontera norte del país. En 1993 el Gobierno arrancó con una serie de estudios técnicos que permitieron determinar que los cerros Botija y Fortuna, ubicados dentro de la finca Vivoyet de 805 hectáreas, podían generar entre 800.000 y 1,2 millones de onzas de oro para la compañía canadiense Infinito Gold.
El 17 de octubre del 2008, Óscar Arias, entonces presidente de la República y Roberto Dobles, ministro de Ambiente y Energía, firmaron un decreto para declarar de interés público el proyecto minero Crucitas, aunque la primera concesión a Infinito Gold se otorgó en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).
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Entre 2010 y 2011 se gestó la cancelación de la concesión minera, luego de un complejo tránsito legal que incluyó sentencias de la Sala I y del Tribunal Contencioso Administrativo. Estas instancias terminaron por suspender la extracción de oro de los cerros que se ubican a tan solo cuatro kilómetros al sur del río San Juan, en el límite con Nicaragua.
El tema no murió ahí. La pugna entre el Estado y la canadiense Infinito Gold fue un anuncio a viva voz para que los oreros o coligalleros arribaran primero a la finca Vivoyet y luego a otros terrenos cercanos en los que pueden sacar oro de forma ilegal, comentó Alejandro Araya, fiscal adjunto de la Fiscalía de San Carlos
En una estimación preliminar de diciembre del 2018 que está en revisión actualmente, el Minae proyectó que los oreros ya extrajeron cerca de $1,5 millones en oro que corresponden a ¢907.602 millones al tipo de cambio de este martes 15 de enero.
Crucitas: territorio de especulación
En una entrevista concedida a La Nación, el 13 de diciembre del 2018, Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía, aseguró que están afinando los datos para determinar el monto final de la extracción de oro en Crucitas porque hay “terceros” especulando con que la cifra podría alcanzar los $100 millones.
El jerarca desestimó este monto. “Creemos que es una cifra sin bases”, zanjó.
Las autoridades también recibieron reportes, entre diciembre del 2017 y abril del 2018, de que en la zona podrían haberse instalado hasta 2.000 coligalleros para extraer oro.
Los datos de las autoridades muestran que 300 personas fueron denunciadas penalmente por actividades relacionadas con la extracción de oro y que existen procesos de investigación abiertos contra propietarios de al menos cinco fincas cercanas a Crucitas en las que se desarrolla la actividad minera de forma ilegal.
Entre diciembre del 2017 y enero del 2018, el Sinac, la Fiscalía, la Policía de Fronteras, el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública y las direcciones de Aguas y Geología del Minae, desarrollaron incursiones en las fincas para detener a coligalleros y elaborar informes sobre el daño ambiental en la zona.
“Necesitamos más apoyo y más recursos para hacer nuestro trabajo y atender esta problemática”, comentó Fausto Alfaro, jefe de la oficina del Sinac en la Zona Norte.
Los coligalleros no solo extraen oro de las quebradas de la finca Vivoyet y de otros territorios cercanos, ahora también cavan túneles, desprenden trozos de piedra y los llevan a otro lugar para colocar el mercurio que permitirá separar el preciado mineral.
Ciudadanos y políticos
Mientras que el expresidente de la República, Óscar Arias, sostiene que la minería ilegal en Crucitas es una tragedia que se pudo evitar con la puesta en marcha del proyecto de Infinito Gold; Edgardo Araya, exdiputado del Frente Amplio, contravino esa afirmación y argumentó que “jamás el proyecto de la compañía canadiense habría sido mejor que lo que está pasando en la actualidad”.
Araya cree que la problemática en Crucitas con la minería ilegal es un grave problema que el Gobierno debe atender “como su primera prioridad”, pero no representa ni el 10% de los efectos negativos, que según él, habría traído la actividad de Infinito Gold.
Arias fue categórico al señalar, en un artículo de opinión publicado en La Nación este martes, que: “También me parece contradictorio que nuestro país prohíba la industria mineral moderna y profesional, pero permita la minería artesanal que utiliza el mercurio. En cualquier caso, y aunque podemos diferir en nuestra posición en torno a la minería legal, creo que existe consenso en que esta es preferible al desastre ambiental que actualmente enfrentamos”.
Mientras la discusión de este problema se politiza, a cientos de kilómetros, los vecinos de las comunidades cercanas a Cutris como San Joaquín, Coopevega, San Vito y Llano Verde, son víctimas de la inseguridad que conlleva la actividad minera, y también, fueron atraídos a ganar grandes cantidades de dinero con la minería.
“Hay casos de personas que dejaron sus empleos y se fueron a la montaña a sacar oro, porque en un día conseguían el dinero que se ganaban en una semana de trabajo”, relató Marcela Delgado, directora del medio de comunicación San Carlos Digital.
La periodista agregó que la llegada de coligalleros a los pueblos cercanos a Crucitas también trajo inseguridad y delincuencia.
