Por: Laura Ávila, Josué Alfaro.   4 mayo
El discurso se emitió en una sesión inusual, sin el acostumbrado protocolo, debido al recrudecimiento de la crisis sanitaria por la COVID-19. (Foto: Asamblea Legislativa)
El discurso se emitió en una sesión inusual, sin el acostumbrado protocolo, debido al recrudecimiento de la crisis sanitaria por la COVID-19. (Foto: Asamblea Legislativa)

Este 4 de mayo Carlos Alvarado, presidente de la República, rindió su tercer informe anual ante el Primer Poder de la República.

El discurso se emitió en una sesión inusual, sin el acostumbrado protocolo, debido al recrudecimiento de la crisis sanitaria por la COVID-19.

Luego del discurso EF se encargó de verificar los datos de ocho citas textuales del mandatario ―relevantes para la coyuntura país―, para conocer qué tan veraces fueron las declaraciones de Alvarado ante el Congreso.

  • Superávit primario: “La Hacienda pública cerró el primer trimestre de este año con superávit primario, por primera vez en 11 años”, afirmó Alvarado en el discurso.

Esta afirmación es correcta pues el pasado 15 de abril el Ministerio de Hacienda informó que el superávit primario y financiero alcanzaron el 0,91% y el 0,15% del Producto Interno Bruto (PIB), respectivamente. Estas cifras modificaron la tendencia de los últimos 11 años donde se registró un déficit primario y financiero.

La última vez que se registró un superávit fue en el 2009. No obstante, registrar un superávit primario al primer trimestre del 2021 se debió a la suma de varios factores muchos de ellos. coyunturales, según indica una nota del diario La Nación.

El primero es por el aumento en la recaudación del impuesto sobre la renta por la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635). Dicha legislación implicó un periodo fiscal de 15 meses desde el 1.° de octubre de 2019 al 31 de diciembre del 2020.

La recaudación del tributo sobre las utilidades de las personas jurídicas fue por ¢407.276 millones (1,09% del PIB), con una variación del 47,30% con respecto al mismo periodo del 2020.

La Reforma Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, para el pago de intereses y amortización de la deuda pública (N° 9.925) también tuvo impacto; pues generó un crecimiento de 219,48% de los ingresos por transferencias corrientes.

También se registraron ¢6.535 millones en ingresos de capital, producto de la transferencia de capital del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

  • Vacunación: “Proyectamos lograr inmunidad de rebaño en el último trimestre de este año”.

El avance de la vacunación contra la COVID-19 dependerá del avance en la entrega de vacunas, un factor que aún es incierto.

Hasta la última semana de abril, Costa Rica apenas recibió apenas un 17,6% de las 7,1 millones de dosis de vacunas que compró. Este porcentaje ha permitido la aplicación de 950.252 dosis, según los últimos datos actualizados hasta este 4 de mayo, y la vacunación completa de poco más del 6,76% de la población costarricense, lejos de la meta de entre un 60% y un 80% para alcanzar inmunidad de rebaño.

La empresa Pfizer hasta el momento es la que cumple mejor con sus compromisos de entrega. Costa Rica ya recibió más de un 30% de las cuatro millones de dosis que compró para inmunizar a dos millones de personas.

Sin embargo, la situación es distinta con la británico-sueca AstraZeneca y con el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS). AstraZeneca no ha enviado hasta el momento cargamento alguno de las 1,1 millones de dosis que se le encargaron y Covax apenas un 2% de las dos millones que se negociaron.

Que Costa Rica cumpla o no con sus metas de vacunación dependerá de que aumenten las dosis que ingresan al país, explicó recientemente a EF la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la CCSS, Leandra Abarca. “Siempre el ritmo va a depender de las vacunas que lleguen al país, pero las proyecciones siguen indicando que en el último bimestre, finalizando diciembre, tendríamos cobertura de rebaño”, aclaró.

  • Convenciones Colectivas: “Desde 2014 inició la renegociación para eliminar los privilegios en las convenciones colectivas abusivas, camino que hemos continuado”.

El Gobierno de la República estableció una política de renegociación de convenciones colectivas a la baja; sin embargo, en los últimos años varios jerarcas institucionales han negociado acuerdos obrero-patronales de este tipo con subsidios y privilegios que han tenido que ser objetados por el Ministerio de Trabajo.

Un ejemplo, entre finales de 2020 e inicios de este 2021, fue la firma de la Convención Colectiva del Ministerio de Educación Pública (MEP). Esta incluyó varios artículos con beneficios adicionales que fueron frenados por Trabajo, pues iban en contra de la ley o eran desproporcionados.

La negociación ratificada por el MEP incluía la creación de plazas y de dos pluses, por cursos de seguridad social y salud ocupacional

Más recientemente también está el caso de la negociación obrero-patronal en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la cual sigue en proceso de homologación. La cartera de Trabajo debió devolver el texto a Recope con más de 40 observaciones.

Según publicó el periódico La Nación en febrero pasado, el costo de estimado por el MEP de su nueva convención colectiva es de ¢130.000 millones anuales (apenas ¢300 millones menos que con el acuerdo anterior); mientras que la de Recope costaría ¢15.376 millones anuales, un 33% menos que la actual.

  • Programas sociales: “A pesar de los recortes y la contención del gasto, hemos sostenido los programas sociales como becas, comedores y ayudas económicas a las personas más vulnerables”.

Si bien la mayor parte de los programas sociales han mantenido sus recursos, algunas partidas para este 2021 han tenido que reasignarse a través de presupuestos extraordinarios porque no fueron cuantificados inicialmente.

Por ejemplo, recién el 11 de marzo pasado, se aprobó el tercer presupuesto extraordinario para este año que, entre otras cosas, debió incluir ¢24.000 millones destinados a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para evitar recortes en las ayudas del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) a partir de abril. Estas pensiones se otorgan mayoritariamente a adultos mayores o personas en condiciones de extrema vulnerabilidad que no pudieron cotizar para regímenes convencionales por distintos motivos.

Asimismo, más recientemente, el Poder Ejecutivo tuvo que enviar al Congreso otra corrección presupuestaria para reponer ¢28.000 millones al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) para financiar 3.350 bonos de vivienda, ante un reclamo público de la entidad.

  • Alfabetización Digital: “A hoy, la Ley General de Telecomunicaciones no contempla la alfabetización digital entre sus objetivos y por ello utilizar los recursos de Fonatel es muy burocrático y lento”.

Juan Manuel Campos, de Ciber Regulación, lamentó las declaraciones de Alvarado ante la consulta de EF. Desde su punto de vista, las declaraciones de Alvarado conllevan un “error conceptual”, pues los artículos 32 y 33 de la Ley General de Telecomunicaciones le otorgan al Poder Ejecutivo las competencias necesarias para dictar el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones”.

Campos además recalcó que el Poder Ejecutivo incluyó el programa de alfabetización digital como pilar del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 2015-2021 y su nivel de cumplimiento ha sido casi nulo a abril de este año, en todas sus líneas de acción.

  • Reducción de las tarifas eléctricas: “La reducción de las tarifas eléctricas en más de 10% se logró gracias a estas acciones. Se trabajó duro por tres años para llegar a esto”.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) informó que desde el 1.° de enero se aplicó una rebaja promedio del 14,05% para los sectores residencial, comercial, industrial y servicios. La medida benefició a 715.000 hogares, 92.000 comercios y 4.000 industrias.

La rebaja impactó a varios consumidores, no solo aquellos que pertenecen al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), según un comunicado que emitió la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) en febrero anterior.

La reducción de la Tarifa de Media Tensión B (TMT-b), tarifa para grandes consumidores fue de un 11,5% y en la tarifa de Media Tensión (TMT) de 17,2% para los clientes del ICE.

En el caso de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) la reducción fue de un 10,9 % para la TMT-b y un 14,2% para la TMT.

Mientras que la Tarifa Industrial tuvo una disminución de 8,5% para clientes del ICE y 14,5% para los clientes de CNFL, según la (CICR).

  • Solvencia del ICE: “El esfuerzo de esta administración con el ICE ha sido devolverle su solvencia y capacidad de desarrollo para el país”.

La afirmación del mandatario no es consonante con la realidad de la institución. Una nota publicada por el diario La Nación indica que el Ministerio de Hacienda detectó riesgos por falta de claridad en los negocios del ICE.

Esta afirmación se encuentra disponible en el reporte Marco Fiscal de Mediano Plazo para el Gobierno Fiscal 2021-2025, publicado el pasado 23 de abril.

El documento indica que varios estudios coinciden en los riesgos que tienen algunas instituciones públicas (entre ellas el ICE) y que podrían impactar al fisco.

“Así, por ejemplo, la CGR ha emitido señales de alerta en diferentes análisis realizados a empresas públicas. Ha señalado que el panorama del Grupo ICE no es positivo, al considerar los negocios en los que incurre la entidad y que resultan ruinosos para la misma. Asimismo, dada la protección de información de la que goza el ICE para el sector Telecomunicaciones, no existe un claro conocimiento sobre la problemática o riesgos que enfrenta cada una de las empresas del Grupo ICE, lo cual a su vez implica un riesgo en sí mismo”.

  • Cablevisión, un problema sin resolver. “Se compró la empresa privada Cable Visión de Costa Rica en 2013, la cual en los últimos años acumulaba una pérdida neta de más de 6 mil millones de colones. Está en curso una investigación sobre las circunstancias de esta compra”.

La afirmación del mandatario es correcta pero las circunstancias de la compra aún no quedan claras a casi una década del análisis de su compra.

En octubre de 2020 la Contraloría General de la República (CGR) abrió un procedimiento administrativo para determinar presuntas irregularidades en el manejo de un fondo de contingencias fiscales del ICE y la empresa Cable Visión S. A., adquirida en el 2013.

La investigación se abrió para cuatro exdirectivos de la cablera y a un abogado de la División Jurídica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), bajo el expediente CGR-PA-2020004639, según el Sistema de Consulta de Sanciones de la Hacienda Pública de la CGR.

Así consta en una nota del diario La Nación.

El análisis de compra se hizo aproximadamente a finales del 2010 e inicios del 2011 y se concretó a finales del 2013, manifestó Irene Cañas, presidenta del ICE en abril de 2019 a EF.

“Eso generó que el dueño de la empresa, él dijo ya la voy a vender, y dejó de invertir en la empresa, entonces el bien que adquirió el ICE, ya no valía lo mismo que cuando se hizo el estudio”.