EscucharLa Asamblea Legislativa entra en la recta final de sus labores del 2025, a pocos meses de cerrar el cuatrienio que mantuvo a los diputados en sus curules. Con el tiempo en contra, el Congreso encara una carrera contrarreloj en la que las discusiones y votaciones se acumulan.
Los legisladores tendrán su última sesión del año el jueves 18 de diciembre y retomarán funciones el lunes 12 de enero. En medio de ese conteo regresivo, el tema que concentra la atención es la votación sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, prevista para el martes 16 de diciembre, una decisión que marcará el pulso político de la semana.
Mientras ese debate se posiciona como el principal foco de control político, un conjunto reducido de proyectos se perfila como relevantes y prioritarios antes del receso legislativo, según Kattia Benavides, especialista en temas parlamentarios, y Alejandro Molina, investigador principal del Observatorio de la Política Nacional (OPNA-UCR). Entre ellos figuran la Ley de Armonización Eléctrica (23.414), el cuarto presupuesto extraordinario (25.295) y la iniciativa para facilitar la negociación de valores extranjeros en el país (25.244).
Molina añade que la seguridad es una urgencia señalada por el Ejecutivo, aunque la convocatoria legislativa desde Zapote no refleja ese énfasis.
Proyectos prioritarios
Contrario al discurso reiterado por Casa Presidencial sobre la necesidad de aprobar el proyecto de ley Jornadas Laborales Excepcionales para casos determinados que sean Excepcionales y Muy Calificados (24.290), conocido como Jornadas 4x3, el propio Ejecutivo decidió retirar el expediente.
Ahora los expedientes convocados por el Gobierno se enfocan en proyectos no sustantivos —como donaciones de terrenos y reforma a artículos—, así como sustantivos, es decir, que afectan directamente los derechos de la ciudadanía.
Los proyectos de ley sustantivos de interés para el Ejecutivo son:
- Cuarto Presupuesto Extraordinario (25.295): busca incorporar €100 millones, —equivalentes a ¢58.284.145.400— para fortalecer la Política Agroambiental, ajustar ingresos y gastos según la Ley 9.635 y realizar modificaciones presupuestarias urgentes.
- Ley para Facilitar la Negociación de Valores Extranjeros en Costa Rica por Implementación del Reconocimiento de Jurisdicción y la participación de Inversionistas No Domiciliados (25.244): busca eliminar obstáculos que actualmente limitan el acceso de inversionistas no domiciliados al mercado de valores nacional.
- Aprobación de los Contratos de Préstamos suscritos entre la República de Costa Rica, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Europeo de Inversiones para el Proyecto de Construcción, Equipamiento y Puesta en Operación de las líneas 1 y 2 del Sistema de Tren Rápido de Pasajeros en la Gran Área Metropolitana (25.291).
- Ley para Combatir las Estafas Informáticas Bancarias (23.970).
- Ley para la Protección del Derecho de Retiro del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) al alcanzar la edad de jubilación (24.955).
- Aprobación del Contrato de Préstamo suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar la segunda operación de políticas de Consolidación fiscal, Mitigación económica y Social Covid 19 y Descarbonización (24.907).
Más allá de estas prioridades, Benavides destaca la necesidad de avanzar con la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (23.414), una propuesta amplia que pretende modernizar la generación, transmisión, comercialización y distribución eléctrica, fortalecer la seguridad energética, impulsar las energías renovables y abrir espacio a nuevos esquemas de negocio en el sector.
Molina, por su parte, subraya la urgencia de discutir “cómo abordar el tema de seguridad y el financiamiento de instituciones como la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Fuerza Pública y las consideraciones de crear una nueva cárcel”.
Prioridad de control político y proyectos por vencer
Esa tensión entre la agenda política y la operacional se hará evidente en los próximos días, especialmente porque el levantamiento de la inmunidad presidencial dominará el Plenario el 16 de diciembre.
“La votación sobre la inmunidad podría ser prioritario incluso para el oficialismo, porque también es un escenario propicio para tener tanto al Presidente como a la fracción oficialista ya metidos de lleno en temáticas con un gran impacto electoral”, comentó Molina, quien añadió que el tema se posiciona incluso por encima de algunos proyectos de ley no sustantivos.
Mientras el tema presidencial tendrá los reflectores el 16 de diciembre, ese mismo día vence el plazo cuatrienal de tres proyectos de ley: Penalización de los esquemas piramidales por medio de la adición de un párrafo final al artículo 63 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (22.850); Ley de venta directa y mercadeo multinivel (22.851) y Ley de fomento a la industria fílmica y audiovisual costarricense (22.853).
Así, mientras el Congreso se apresta a cerrar sesiones, el calendario presiona para que las decisiones más relevantes se resuelvan en los últimos compases del año.
