Cuatro personas —incluidos dos exministros y un exvicepresidente— componen el equipo económico de Álvaro Ramos de cara a las elecciones de 2026.
Se trata de un grupo con alta experiencia política y, a diferencia de lo que ocurre en otros casos como el de la oficialista Laura Fernández, ninguno buscará un cargo de elección popular en febrero.
Le mostramos el cuadro que moldea los planes económicos de Álvaro Ramos en el Partido Liberación Nacional (PLN).
Voces conocidas
El equipo económico de Álvaro Ramos está compuesto por cuatro personas, según confirmó el propio candidato verdiblanco ante una consulta de EF. Ellos son: Luis Liberman, Fernando Naranjo, Marco Vinicio Ruiz y Verania Rodríguez.
Los cuatro han estado con el candidato desde la precampaña liberacionista, según indicó el equipo de comunicación verdiblanco. Además, se han dejado ver cerca de Ramos en varios eventos públicos recientes.
Ramos, que también es economista, eligió a tres figuras (Liberman, Naranjo y Ruiz) que cuentan con una amplia trayectoria en la empresa privada y en la función pública; y también incluyó a Rodríguez, quien ha centrado su carrera en el análisis de mercado y los valores.
Liberman fue vicepresidente en el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), y muchos años atrás también había sido viceministro de Hacienda de Daniel Oduber (1977-1978). En tanto, Naranjo había sido ministro de Hacienda en el primer gobierno de Óscar Arias (1986-1989) y ministro de Relaciones Exteriores en el de José María Figueres (1994-1998).
Ambos, además, son reconocidos por su experiencia en el sector financiero.
Liberman fue fundador y gerente de Interfin, así como gerente de Scotiabank Costa Rica; mientras que Naranjo fue gerente general del Banco Nacional, aunque también se le recuerda por sus gestiones como presidente de Taca, como fundador y gerente general de Volaris Costa Rica, y como fundador y gerente general de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).
Los dos también son socios de la firma Consultores Económicos y Financieros (Cefsa), que está activa desde finales de los años 1970.
Ruiz, por otra parte, fue ministro de Comercio Exterior durante el segundo gobierno de Óscar Arias (2006-2010) y ejerció como embajador en China en los cuatro años posteriores (2010-2014), después del restablecimiento de relaciones exteriores con la potencia asiática. En el plano comercial, fundó Icon, la empresa que distribuye los productos Apple en Costa Rica.
La única que no tiene experiencia en cargos de gobierno es Verania Rodríguez. La economista es la más joven del equipo económico de Ramos con 42 años (frente a los 83 años de Naranjo, los 79 de Liberman o los 72 años de Ruiz), y actualmente es gerenta de Negocios en BCT Puesto de Bolsa.
Producción local e inversión social
En su plan de gobierno, el PLN identifica una economía costarricense con dos problemas centrales: una producción interna que no logra dar empleo de calidad a toda la población y cuyo crecimiento es poco inclusivo; y una inversión social que ha venido en retroceso, para debilidad del contrato social que representan la educación, la salud y las pensiones como promesas estatales.
En materia macroeconómica, además, indica que persisten riesgos como una alta deuda pública, problemas de evasión fiscal persistentes, ineficiencias en el gasto público y una pobre planificación a largo plazo.
Como respuesta a todos esos retos, se plantean múltiples acciones.
En materia macroeconómica, por ejemplo, se habla sobre la necesidad de mantener un uso responsable de los recursos, modernizar el sistema tributario y hacer una conexión más coherente entre los ingresos y los gastos del Estado.
En materia de producción y crecimiento inclusivo, señala la importancia de fortalecer a las micro y pequeñas empresas por medio de crédito, liquidez, capacitación y acompañamiento fiscal; mejorar los programas de educación dual; e incentivar la contratación femenina por medio del fortalecimiento de las redes de cuido y la creación de centros de cuidado empresarial y centros cuna.

Asimismo, el plan liberacionista hace énfasis en la importancia de promover alianzas público-privadas para reducir las brechas de infraestructura, capacitar a las instituciones para gestionar mejor los proyectos que llevan adelante y crear una unidad especializada que gestione el financiamiento de proyectos dentro del Ministerio de Hacienda.
Por último, en cuanto a la caída de la inversión social, el PLN plantea la necesidad de rescatar y fortalecer a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de revisar la aplicación de la regla fiscal sobre programas claves como comedores estudiantiles, becas, transporte estudiantil, el Régimen No Contributivo de Pensiones, programas del Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas) y del sector vivienda.
También plantea la creación de un Fondo Soberano de Desarrollo abierto para el desarrollo económico del país, que haga más eficiente el financiamiento para “infraestructuras, bienes inmuebles y recursos naturales”.
Aparte de todo esto, el plan económico verdiblanco también señala que se deben reformular los objetivos del Banco Central, de modo que “tenga el mandato dual de control de inflación y de maximización del uso de los recursos productivos del país”, considerando que existe un supuesto “sesgo cambiario”..
Enfoque en pensiones
A la experiencia de su equipo económico, hay que sumar que el propio Ramos es economista graduado de Berkeley y que fue superintendente de Pensiones entre 2015 y 2020, además de presidente de la CCSS durante los primeros meses de la administración Chaves Robles.
Su experiencia en pensiones, por ejemplo, se proyecta en varias medidas dentro del plan de gobierno liberacionista.
Una de las medidas más revolucionarias que plantea en ese sentido es la creación de una Pensión Básica Universal (PBU), la cual sería financiada de forma mixta por el Estado y las personas aseguradas.
En cuanto al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), señala el compromiso de acordar “un paquete de medidas” para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.
Según el texto, el sistema de pensiones está “en riesgo”, lo cual “amenaza la seguridad de las futuras generaciones” y hace necesario “promover el diálogo social en materia sociolaboral”.
