Desde antes de sentarse en la silla del fiscal general, Jorge Chavarría Guzmán ya estaba en medio de los disparos judiciales y políticos. Han pasado casi dos años y medio y aún sigue declarando guerras, no importa si las gana o las pierde.
No solo ha sido el blanco de ataques, sino que siempre tiene munición lista y la ocupa cada vez que puede.
Se enfrenta a diputados, políticos, a magistrados, a la prensa y quién sabe a cuántos más.
Lo hace con declaraciones, allanamientos, investigaciones o con recursos de revocatoria.
Su laberinto se comenzó a construir desde que puso su nombre en manos de la Corte Plena como aspirante al cargo que había dejado Francisco Dall’Anese.
Llegó el 4 de octubre del 2010 con la sombra de haber sido viceministro de Seguridad en el segundo gobierno de Óscar Arias. Lo tildaron de liberacionista y de representar intereses.
Al final, para su designación pesó su trayectoria dentro del Poder Judicial, donde ejerció como fiscal e investigador del OIJ y cuando se le preguntó sobre su experiencia política dijo que había sido “un accidente”.
Arranque abrupto
Tras pocas semanas de estrenarse como jefe del Ministerio Público, lo cuestionaron por un presunto intento de favorecer al exministro de la Presidencia Rodrigo Arias, al suspender una indagatoria por el caso BCIE.
Los magistrados le abrieron una investigación disciplinaria que luego desestimaron.
Chavarría negó que hubiera tráfico de influencias y más bien le solicitó al Tribunal de la Inspección Judicial investigar y sancionar a quien filtró al diario La Nación documentos relacionados con el caso.
Los diputados de oposición pidieron su salida del puesto y dijo que “jamás” iba a renunciar.
Pocos meses después, los magistrados de la Corte Plena le abrieron otra investigación, esta vez relacionada con la orden que dio de rastrear las llamadas de la diputada socialcristiana Gloria Bejarano para determinar si llamó a magistrados de la Sala Tercera antes de que se conociera el fallo del caso ICE-Alcatel.
Los magistrados de nuevo desestimaron la investigación.
Para el abogado penalista Bernán Luis Salazar, existen actuaciones de la Fiscalía que reflejan “el sistema inquisitorio anterior”.
“Ahora el Ministerio Público investiga y si hay elementos para acusar acusa, y si se debe absolver se absuelve. Creo que en muchos fiscales no ha quedado muy claro eso”, dijo.
Guerra en Cuesta de Moras
El laberinto del Fiscal General se fue extendiendo y llegó hasta el Congreso.
Se enfrentó a los diputados cuando no reelegieron al magistrado Fernando Cruz.
Chavarría salió en defensa de Cruz y definió la acción de los congresistas como un “golpe de Estado técnico”.
Los acusó de violar la Constitución Política al querer imponer criterios políticos sobre los jueces y llamó a los funcionarios del Ministerio Público a vestirse de negro como señal de protesta.
La pugna con los diputados regresó hace pocos meses, cuando Chavarría allanó personalmente la oficina del diputado socialcristiano Wálter Céspedes para determinar si incurrió o no en el delito de tráfico de influencias, por pedir a un ministro puestos públicos para familiares.
La mayoría de los congresistas consideraron “ilegítima, irrespetuosa e imprudente” la acción del Fiscal General. En una nota destinada a la Corte señalaron que el ingreso de funcionarios armados al despacho legislativo fue “arbitrario” y “sin justificación”.
Chavarría volvió a sacar su munición y acusó a los diputados liberacionistas Óscar Alfaro, Antonio Calderón y Alicia Fournier por supuestas donaciones ilegales a su partido.
En medio de lo que parecía un tiroteo Fiscalía-Asamblea, salieron a relucir los magistrados de la Sala III, quienes fallaron que el Ministerio Público capturó de forma irregular la computadora de la secretaria del diputado.
Como respuesta, Chavarría presentó un recurso de revocatoria contra la resolución de los magistrados, tras sostener que en ningún momento violó la ley de intervenciones pues no ha accedido a la información dentro de la computadora.
En esta polémica, también apareció la Corte Plena que aprobó pedirle un informe sobre las razones para llevarse la computadora de Céspedes sin solicitar permiso a la Sala III.
El abogado penalista Ewald Acuña ve al Fiscal General muy desgastado y agobiado y con un proyecto de reforma del Ministerio Público que no ha podido desarrollar por estar atendiendo muchos incendios. “En el caso de los diputados le ha tocado entrar en una confrontación, porque es la primera vez que investiga y pide inmunidad contra tantos diputados que actuán como un colectivo”, dijo Acuña.
En su propia casa
Las calles y encrucijadas del jefe del Ministerio Público también alcanzaron a la Corte, a la que le pidió que la Fiscalía tenga una desconcentración administrativa máxima del Poder Judicial. La Corte Plena rechazó la solicitud.
Casi al mismo tiempo abrió otro frente para investigar al magistrado de la Sala I, Óscar González, a quien una jueza denunció por presunta violación.
Dentro del mismo Poder Judicial y afuera ha sido cuestionado, al igual que le ocurrió a su antecesor Dall’Anese, porque casos judiciales sonados se han caído en la fase de apelación. Así ocurrió con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y el dirigente deportivo limonense Carlos Pascal.
Y los frentes siguen en aumento. Antes de asumir el cargo, Chavarría hablaba con la prensa sin poner condiciones, hasta ahora que lo hizo con una solicitud de este medio.
EF le solicitó a Chavarría una entrevista para la sección de Interrogatorio, un término muy conocido por el fiscal.
Primero pidió las preguntas por escrito y luego cuando las tuvo en la mano dijo que no respondería “preguntas subjetivas y capciosas”.
Aún sin sus respuestas, los hechos lo dibujan por sí mismos.
El Fiscal General sigue enredado en su propio laberinto, que como lo dice su propia definición, es un lugar complejo para confundir a quien se adentre en él.
Encrucijadas
Caso BCIE: Lo cuestionan por un presunto intento de favorecer al exministro de la Presidencia y exprecandidato del PLN, Rodrigo Arias, con una orden que dio de detener una indagatoria por el caso BCIE. Los magistrados decidieron investigarlo.
Intervención telefónica: La Corte Plena le abre investigación por la orden de rastrear las llamadas de la diputada del PUSC y esposa del expresidente Rafael Ángel Calderón, Gloria Bejarano, por el caso ICE-Alcatel.
Por magistrado Cruz: Defendió a Fernando Cruz y dijo que la no reelección por parte de los diputados había sido un golpe de Estado técnico.
Independencia: Le pidió a la Corte Plena una desconcentración administrativa máxima del Ministerio Público con el Poder Judicial. Los magistrados rechazaron la propuesta.
La Polémica con Céspedes: Llegó personalmente a recoger la computadora de la secretaria del diputado del PUSC Wálter Céspedes y los diputados censuraron el acto. La Sala III indicó que capturaron la computadora de forma irregular.
Fuente Archivo.