La reciente sanción económica y solicitud de decomiso de bienes contra el exmagistrado y exministro de Seguridad de Costa Rica, Celso Gamboa, por parte de Estados Unidos, ha puesto de manifiesto el alcance de las agencias estadounidenses más allá de sus fronteras en la lucha contra el narcotráfico.
Este proceso, que puede parecer complejo, se basa en una red de leyes, órdenes ejecutivas y cooperación internacional que permite a agencias como la DEA impulsar acciones para inmovilizar los activos de personas acusadas de participar en el tráfico internacional de drogas.
Contrario a la creencia popular, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) no es la entidad que aprieta el botón para congelar una cuenta bancaria o incautar una propiedad. La labor de la DEA es primordialmente investigativa. Sus agentes se dedican a construir casos contra individuos y redes de narcotráfico, recopilando evidencia que eventualmente se presenta ante fiscales estadounidenses.
En el caso de Gamboa, detenido en Costa Rica a solicitud de Estados Unidos para ser extraditado por cargos de narcotráfico en Texas, la investigación de la DEA es la piedra angular del proceso en su contra. Sin embargo, la acción directa de congelamiento de bienes recae en otra poderosa y menos conocida agencia: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que pertenece al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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El poder de la OFAC y la base legal
La OFAC es la entidad que administra y aplica sanciones económicas y comerciales en apoyo de los objetivos de seguridad nacional y política exterior de EE.UU. Actúa con base en un robusto andamiaje legal que incluye estatutos como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).
Más recientemente, la base para sanciones como la impuesta a Gamboa es la Orden Ejecutiva 14059, firmada por el presidente Joe Biden en diciembre de 2021. Esta orden declara el tráfico internacional de drogas como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. Bajo esta orden, el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado y el Fiscal General, está autorizado a sancionar a personas extranjeras que se determine que han participado en actividades o transacciones que contribuyen materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas.
Una vez que una persona es designada por la OFAC, sus bienes e intereses en propiedades que se encuentren dentro de la jurisdicción de EE.UU. (lo que incluye transacciones en dólares o en poder de personas o entidades estadounidenses) quedan bloqueados. Se prohíbe a cualquier ciudadano, residente o empresa estadounidense realizar transacciones con la persona sancionada. Esto crea un efectivo “congelamiento” que aísla al individuo del sistema financiero estadounidense.
El flujo de información: de la DEA a la OFAC
El proceso para que una investigación de la DEA culmine en una sanción de la OFAC es un ejemplo de cooperación interinstitucional. La evidencia recopilada por la DEA sobre las presuntas actividades ilícitas de un individuo, como Celso Gamboa, es compartida con otras agencias del gobierno estadounidense.
Un comité interinstitucional, que incluye representantes de los Departamentos de Tesoro, Estado y Justicia, evalúa la evidencia. Si se determina que la persona cumple con los criterios establecidos en las órdenes ejecutivas o leyes correspondientes, OFAC procede a incluirla en su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN). La inclusión en esta lista es lo que formaliza el congelamiento de activos. En el caso de Gamboa, medios de comunicación de Costa Rica reportaron que la OFAC lo designó junto a otros tres costarricenses el 18 de agosto de 2025.
La cooperación con Costa Rica: el eslabón clave
Para que estas medidas tengan efecto sobre bienes ubicados fuera de Estados Unidos, la cooperación internacional es fundamental. Entre Estados Unidos y Costa Rica existe un Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT, por sus siglas en inglés), que establece un marco para la colaboración en la investigación y el enjuiciamiento de delitos, incluyendo el narcotráfico.
Este tipo de tratados permite a ambos países solicitar y prestar asistencia para:
- La toma de testimonios y la presentación de pruebas.
- La ejecución de registros e incautaciones.
- La inmovilización (congelamiento) y el decomiso de activos producto del delito.
Además, Costa Rica cuenta con legislación interna, como la Ley 8204 sobre estupefacientes y legitimación de capitales, que establece el marco para la prevención y represión de estas actividades y la cooperación internacional. El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) funge como un ente coordinador de estas políticas a nivel nacional.
Cuando Estados Unidos busca congelar o decomisar un bien ubicado en Costa Rica, la solicitud se canaliza a través de los mecanismos de asistencia legal mutua. Las autoridades judiciales costarricenses, en este caso, deben evaluar la solicitud estadounidense. Si esta se ajusta a derecho, tanto nacional como de los tratados suscritos, un juez costarricense puede ordenar la inmovilización de los bienes en el país.
En la acusación formal contra Celso Gamboa en una corte de Texas, se incluye explícitamente una solicitud de confiscación de bienes que se consideren producto de sus presuntas actividades de narcotráfico, según reportó el medio El Observador. Esta solicitud de decomiso es la que, amparada en la cooperación bilateral, buscará hacerse efectiva sobre las propiedades y activos que Gamboa pueda tener, ya sea en Estados Unidos, Costa Rica u otras jurisdicciones.
Así, la capacidad de la DEA para, en efecto, lograr el congelamiento de bienes de un acusado como Celso Gamboa es el resultado de un proceso coordinado: la DEA investiga, el Departamento del Tesoro a través de la OFAC sanciona y bloquea activos bajo jurisdicción estadounidense, y el Departamento de Justicia, amparado en tratados de asistencia mutua, solicita a Costa Rica que actúe sobre los bienes en su territorio. Es una estrategia multifacética que combina la investigación criminal, la presión económica y la cooperación judicial internacional.
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Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero con asistencia de un sistema de inteligencia artificial.
