Washington.- Desde el día que lanzó su campaña presidencial, Donald Trump fue muy duro en sus declaraciones sobre inmigración, al prometer que tomaría la clase de medidas agresivas que otros políticos, según él, evitaban.
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Esta semana vaciló. Trump trasladó la responsabilidad por la suerte de 800.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando niños, traídos por sus familiares, a un Congreso que ha demostrado escasa habilidad para abordar asuntos polémicos. Dio a los legisladores un plazo de seis meses para tomar la medida y luego tuiteó el martes por la noche que "volvería sobre este asunto" si no lo hacen.
Encomendó al secretario de Justicia, Jeff Sessions, ser el rostro público de esta medida, cediéndole en los hechos una de las funciones cruciales del presidente: explicar decisiones difíciles al pueblo. Trump se refirió al tema al pasar durante una reunión sobre política impositiva en la Casa Blanca, cuando dijo que "tenemos un gran corazón para la gente de la que estamos hablando, un gran amor".
Un presidente que había prometido audacia en la acción y firmeza en el liderazgo optó por la ley del menor esfuerzo. Y no le gustó a casi nadie.
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Los demócratas –incluido el expresidente Barack Obama, quien instituyó por decreto el programa " Acción Diferida para los Llegados en la Infancia", DACA por sus siglas en inglés, en 2012– y los defensores de los inmigrantes tacharon a Trump de cruel e insensible.
Algunos legisladores republicanos dijeron que la decisión era contraria a los valores nacionales y se encresparon ante la decisión de pasarle el problema al Congreso al inicio de un período de sesiones atestado de asuntos de altísima prioridad.
Los conservadores que habían depositado sus esperanzas en Trump y su intransigencia en materia de inmigración, con el compromiso de erigir un muro en la frontera y obligar a México a pagarlo, lo acusaron de violar sus promesas.
La analista de ultraderecha Ann Coulter, asesora informal de Trump durante la campaña, dijo que la repentina avidez del presidente por una ley de inmigración que se ocupara de los beneficiarios de DACA y otros asuntos era "exactamente lo que solía denunciar".
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Funcionarios del gobierno revelaron escasos detalles de lo que el presidente espera del Congreso, más allá de regularizar la situación de los jóvenes traídos de manera irregular a Estados Unidos cuando niños.
La vocera Sarah Huckabee Sanders dijo que el presidente quiere que el Congreso incluya esas protecciones en una ley más amplia, pero no dijo qué otra cosa Trump quería incluir en el proyecto. Los proyectos anteriores de reforma inmigratoria han incluido algún camino hacia la regularización de las personas que viven en el país sin autorización, un paso que Trump ha rechazado por tratarse de una "amnistía".
En definitiva, la medida de Trump deja muchas preguntas pendientes de respuesta.
Una de ellas: ¿Qué sucederá en marzo si el Congreso no ha aprobado una ley para regularizar el estatus de los jóvenes inmigrantes?
El tuit presidencial del martes por la noche parece dejar abierta la posibilidad de seguir el ejemplo de Obama y continuar protegiendo a los jóvenes de la deportación mediante un decreto. Pero en otro indicio de que el presidente quiere conformar a tirios y troyanos, el documento de orientación que la Casa Blanca envió al Congreso concluye con una amenaza.
"El Departamento de Seguridad Nacional exhorta a los beneficiarios de DACA a utilizar el tiempo que les queda en sus permisos de trabajo para prepararse y disponer su partida de los Estados Unidos" , dice el documento.
