Tanto el presidente de la República, Rodrigo Chaves, como su ministra de Telecomunicaciones, Paula Bogantes, hablan sin ambages sobre la posibilidad de que ocurra un “apagón” de las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica en los próximos meses.
Por “apagón” se refieren a la posibilidad de que las actuales concesiones de radio y televisión lleguen a su fecha de vencimiento, este 28 de junio, sin que haya sido posible garantizar una prórroga o la realización de un nuevo concurso, para evitar la suspensión del servicio.
El escenario es confuso. Apenas un mes atrás, el 14 de marzo pasado, la ministra Bogantes aseguraba que el “apagón” no sería necesario y que para finales de ese mes se presentaría un mecanismo “legalmente viable” que permitiría dar continuidad a las transmisiones. Sin embargo, dicha solución nunca llegó y ahora las autoridades de gobierno le achacan la responsabilidad a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
El presidente Chaves es claro en que su gobierno no desea mantener el esquema de pago vigente por las frecuencias, el cual considera irrisorio, pues los 81 concesionarios vigentes pagan menos de ¢40 millones anuales por hacer uso del bien público.
No obstante, tanto el mandatario como las demás autoridades del Ejecutivo afirman que la Sutel ha sido ineficiente y que no logró brindar a tiempo la información necesaria para tomar decisiones.
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Sutel rechazó las acusaciones de ineficiencia y, a través de un comunicado de prensa con fecha de este 4 de abril, indicaron que sí ha hecho los estudios pertinentes sobre el tema y que estos han advertido sobre “una importante demanda por frecuencias”, la cual implica la oportunidad de “realizar una modificación” que redistribuya las frecuencias y amplifique la oferta. Pero añadieron, “parece que esta recomendación técnica no resulta factible para los intereses del Poder Ejecutivo, quienes insisten en un eventual apagón de las emisoras”.
Falta poco menos de tres meses para el posible “apagón” del que tanto se habla en Zapote; mientras tanto, abundan los reproches pero escasean las soluciones.
Interés de cambio
En Costa Rica se pagan montos de apenas unos cuantos miles de colones por utilizar las frecuencias de radio y de televisión, las cuales corresponden a un bien público que es concesionado a terceros: las radioemisoras y las televisoras que conocemos.
Esta es una realidad que el presidente Chaves ha dicho que desea modificar.
“Paga más alguien por su cuenta de teléfono celular y todo el mundo les ha alcahueteado eso”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa, este 3 de abril.
Este interés de cambio coincide con el vencimiento de las frecuencias, que está calendarizado para este 28 de junio.
De cara a esa fecha, el Gobierno deberá decidir si otorga una prórroga a los actuales concesionarios, si renueva los permisos o si abre un nuevo concurso público: situación que sigue en debate, a pesar de la falta de tiempo.
Según el presidente Chaves, el gobierno se enfrenta ahora mismo con una disyuntiva: “Lo apagamos o, como dice la ministra, alcahueteamos”. Por la falta de tiempo, dice el mandatario, las opciones son esas.
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Los reproches
Según el presidente Chaves y la ministra Bogantes, el tiempo pasó y no se ha tomado ninguna decisión porque la Sutel no brindó a tiempo los estudios de necesidad y factibilidad que el Gobierno necesita para justificar las acciones a tomar. Esos estudios se pidieron desde hace 18 meses; sin embargo, el Ejecutivo no está conforme con lo que ha recibido.
Según la ministra Bogantes, la Superintendencia entregó un documento a finales de noviembre de 2023, pero estaba “incompleto”, desde la perspectiva de su cartera.
Además, existe un problema operativo que se sumó a esta historia. Sutel actualmente trabaja en los documentos, según explicó la jerarca; pero su Consejo Directivo está incompleto desde enero pasado por el vencimiento del nombramiento de dos de sus integrantes, y eso hace que sea imposible para esa institución remitir nuevos documentos y recomendaciones por el momento.
El presidente Chaves insinuó que podrían existir intereses por parte de la Sutel o de la Asamblea Legislativa —como entidad encargada de confirmar o rechazar a los miembros del Consejo Directivo de Sutel— de proteger concesionarios actuales; lo cual fue inmediatamente rechazado por la Superintendencia.
La entidad asegura que remitió al Gobierno el Estudio de Necesidad y Factibilidad para un Eventual Proceso Concursal de las Frecuencias de Radio y Televisión Abierta y Gratuito desde noviembre del año pasado; pero que fue hasta este 16 de febrero que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) solicitó una ampliación.
Para ese momento, el Consejo de la entidad ya tenía bajas que le impedían funcionar.
Sutel también señaló que la solicitud de ampliación “no quiere decir que el informe está incompleto o no se haya entregado, como señala el presidente”, y agregó que más bien ha sido el Gobierno el que no ha logrado o querido establecer una ruta clara sobre el tema.
“Desde el 2022, no existe claridad por parte del Poder Ejecutivo sobre lo que desea hacer referente a las frecuencias de radio y televisión, pues han oscilado entre requerimientos de estudios para el otorgamiento de una prórroga a la concesión vigente y peticiones de información para una eventual subasta de frecuencias”, indicó la entidad, ante las críticas de Chaves.
“Esta falta de claridad se refleja en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) del periodo 2022-2027, que no establece ninguna guía, metas o similar y que ni siquiera considera aspectos relativos a las prórrogas de radiodifusión o un eventual proceso concursal (...) aún el MICITT no tiene claro si va por una ampliación o por un nuevo por un nuevo concurso de frecuencias, cuando esto debió preverse desde que se formuló el PNDT en el 2022″, subrayó.
Los precios
La indecisión no es el único reproche que ha hecho la Sutel al Ejecutivo.
La Superintendencia también llamó la atención sobre el hecho de que las tarifas que actualmente se cobran no son establecidas por cuenta de esta entidad o cualquier otra.
Según explicó, los costos tan criticados por el Ejecutivo se basan en el artículo 18 de la Ley de Radio (1.758), de 1954, y por eso se requeriría de una reforma legal para ajustar las cargas.
Ese artículo de ley contempla montos que no han cambiado desde los años 1950, sin actualización alguna.
“Estamos de acuerdo con que los montos están desactualizados, pero la reforma a la ley debe salir del despacho de Casa Presidencial hacia la Asamblea Legislativa”, subrayó la institución rectora.
Los montos que se cobran actualmente por el uso de las frecuencias están tan obsoletos que incluso representaciones de la industria como la la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel) plantean su disposición para una subida.
“Estamos dispuestos (a la actualización del impuesto a las frecuencias) siempre que sea justo y razonable. El desorden del administrador (el Estado) no es culpa de los administrados (los concesionarios)”, dijo Saray Carrillo, presidenta de la entidad.
Las concesiones actuales de radio y televisión están activas desde hace 20 años. Las concesiones, según la ley vigente, se deben otorgar por un máximo de 10 años y con una prórroga posible de 10 años adicionales. Hasta el momento, no se vislumbra cómo podrían ser otorgadas.
