Sus coles, lechugas, sandías y melones llenan en invierno los supermercados europeos, pero para Juan Francisco Abellaneda, un agricultor del árido sureste español, todo podría acabarse si se queda sin el agua de un río lejano, el Tajo.
Con las sequías sucediéndose, y las enormes necesidades que tienen los cultivos intensivos, la situación está a punto de cambiar en esta región casi desértica donde se producen la mitad de las frutas y verduras que exporta España, primera potencia hortofrutícola de la Unión Europea (UE).
Para luchar contra los efectos del calentamiento climático y la desertificación, que amenaza al 75% del país, el gobierno del socialista Pedro Sánchez decidió a mediados de febrero limitar los enormes trasvases de agua del río Tajo hacia las tierras agrícolas del Levante español, que incluye las provincias de Murcia, Alicante y Almería.
Al mismo tiempo, en el centro del país, el río más largo de la península ibérica vio descender peligrosamente su caudal, hasta el punto de que en algunos lugares, en verano, es posible cruzar a pie su cauce, que se ha transformado en una franja de tierra agrietada.
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Al igual que el Nilo en Egipto y el Tigris en Irak, el agua del Tajo, que fluye a lo largo de mil kilómetros por el centro de España y desemboca en el océano Atlántico en Portugal, se ha convertido en una fuente de tensiones.
Este conflicto se ha visto exacerbado por la proximidad de las elecciones regionales y legislativas, y en pleno cuestionamiento del modelo de agricultura intensiva española, pilar económico del país.
“Si nos quitan el agua” del Tajo, “todo lo que hay aquí va a ser un desierto”, lamenta Abellaneda, propietario de una finca de 300 hectáreas cerca de Murcia.
Canales, acueductos y embalses
En este inicio de primavera excepcionalmente seco, este hortelano de 47 años, de tez morena y voz cavernosa, inspecciona con ansiedad sus hileras de brócolis, plantados en surcos polvorientos.
Junto con sus hermanos, exporta 3.000 toneladas de frutas y hortalizas al año. El negocio es floreciente, como para muchos agricultores de la región, donde se suceden invernaderos enormes, cobertizos flamantes y huertos hasta donde alcanza la vista.
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Pero "si no nos traen agua, ¿de qué vamos a vivir? Del aire no podemos", se alarma este miembro fundador de una cooperativa agrícola de 700 empleados, Deilor, que teme ver caer su producción en los próximos meses, con la consiguiente pérdida de empleos.
En la época de su padre y su abuelo, agricultores como él, la región de Murcia era una de las más pobres de España y su agricultura era básicamente de subsistencia.
"Esa región es una de las más secas" del país, recuerda Domingo Baeza, profesor de ecología fluvial en la Universidad Autónoma de Madrid. "Los recursos hídricos no son suficientes para esa producción tan alta" de agricultura intensiva.
Para acabar con este problema, España apostó por una infraestructura gigantesca, el “Trasvase Tajo-Segura”. Una obra de 300 kilómetros combinando canales, túneles, acueductos, y embalses, destinada a derivar una parte de las aguas del Tajo al río Segura, que nace en Jaén (sureste), en la región de Andalucía, y desemboca en la de Valencia tras pasar por Murcia.
Iniciada durante la dictadura franquista en los años 1960 y puesta en servicio en 1979 en el marco de un gran proyecto de desarrollo agrícola, esta estructura, capaz de transportar miles de millones de litros de agua al año, ha sido considerada durante mucho tiempo como un modelo de adaptación a la falta de lluvias.
Gracias al trasvase, el Levante español se convirtió en la primera región hortofrutícola de Europa, con un volumen de negocios anual de 3.000 millones de euros ($3.300 millones) y más de 100.000 empleos directos e indirectos.
”El Tajo está sufriendo”
Más de cuatro décadas después de la entrada en funcionamiento del trasvase, “el Tajo está sufriendo”, sostuvo Baeza. “En muchos tramos está muy degradado” porque se superó “con mucho la capacidad” del río “al aumentar de una manera no muy controlada la superficie de regadío en esta zona”.
Desde la puesta en marcha del trasvase, la temperatura media en España ha subido 1,3 ºC, según la agencia meteorológica Aemet.
El caudal del río bajó un 12% y podría descender entre un 14% y un 40% en 2050, según el gobierno.
Las olas de calor extremo de los últimos años --a veces excepcionalmente tempranas, como la que azotó la península en los últimos días-- han secado ríos y embalses, provocando escasez de agua.
"Con el cambio climático, ha cambiado la situación", estima Julio Barea, de la oenegé Greenpeace España. El trasvase "ya no está adaptado" porque "el río Tajo necesita esa agua para sobrevivir".
En Castilla-La Mancha, la región del centro de España donde comienzan los trasvases, los efectos acumulados de las extracciones de agua y la falta de lluvias son visibles desde hace tiempo.
"Nuestro territorio ha sido la pieza a sacrificar" en beneficio de los agricultores de Levante, lamenta Borja Castro, alcalde socialista de Alcocer, un pueblo de 300 personas cerca de los embalses de Entrepeñas y de Buendía, donde se bombea el agua enviada al sureste.
Llamada el "mar de Castilla" por sus enormes lagos artificiales, creados por la construcción de presas en el río Tajo en los años 1950, esta región solía atraer a muchos visitantes.
La gente solía venir de la ciudad los fines de semana para tomar el sol, navegar, probar sus restaurantes o admirar sus aguas turquesas, encajonadas entre colinas cubiertas de pinos y encinas.
"Era la piscina de la zona (...) había mucha animación", narra melancólico el padre de Borja, Carlos Castro, de 65 años, señalando las ruinas de un café cerca del lugar al que venía a bañarse de adolescente. Ahora, en cambio, "parece un desierto, da pena", suspira este antiguo empleado bancario de perilla blanca.
“Malditos trasvases”
A su alrededor, la playa dio paso a un terraplén de tierra y hierba seca, que domina las aguas del lago inferior a lo largo decenas de metros.
"Todo eso se paró cuando se empezó a construir esa maldita infraestructura del trasvase: se empezó a ir el agua por la tubería, y también se fueron los negocios, el empleo, se fueron las familias", dice el alcalde de Alcocer, que reclama la paralización total de las extracciones de agua en su región.
"Convertimos el Levante en la huerta de Europa con un recurso que no es propio de su territorio. Es irracional", se subleva este dinámico alcalde de 32 años.
El plan del gobierno es reducir de 38 a 27 hectómetros cúbicos mensuales el límite máximo de trasvases a través de esta infraestructura de aquí a 2027, salvo en caso de fuertes lluvias.
Se supone que esta reducción de las extracciones de casi un 30% elevará el nivel del agua del Tajo y protegerá su fauna, actualmente amenazada.
Pero sin esta agua en el sudeste del país, "no vamos a poder mantener una agricultura que es competitiva, moderna", con el consiguiente riesgo para la "seguridad alimentaria" de Europa, advirtió Alfonso Gálvez, dirigente local del sindicato agrícola Asaja.
Según el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), la reforma podría provocar el abandono de 12.200 hectáreas de cultivo, una pérdida de ingresos anual de 137 millones de euros y la pérdida de 15.000 empleos.
“Insostenible”
Ofensivas mediáticas, manifestaciones, acciones judiciales... En vísperas de las elecciones regionales de finales de mayo, el debate adquirió en las últimas semanas el aspecto de una guerra de trincheras, con la formación de alianzas a veces antinaturales.
La región socialista de Valencia se ha aliado con la región conservadora de Murcia para pedir que se abandone el decreto.
Castilla y León, dirigida por socialistas, apoya al ejecutivo, incluso con el respaldo ocasional de políticos de derechas.
A la defensiva, el gobierno de Pedro Sánchez afirma que está cumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo, así como las normas medioambientales de la UE, que exigen planes de protección de las cuencas hidrográficas. Y promete mayores inversiones para desarrollar fuentes alternativas de agua.
Se tomó la decisión "sobre la base del mejor conocimiento científico", dijo la ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que apuesta por la desalinización del agua de mar --que ya se utiliza en el Levante pero en pequeñas cantidades-- para compensar la caída de los trasvases.
Una solución que deja dudas en los agricultores. Al agua desalinizada "le faltan nutrientes" y "tiene unas consecuencias medioambientales importantes porque es necesaria mucha electricidad" para producirla, con residuos nocivos para el ecosistema marino, sostiene Alfonso Gálvez, de Asaja.
El presidente de la región de Murcia, Fernando López, subraya además el coste del agua desalinizada, de tres a cuatro veces más que la del Tajo. Son "en torno a 1,4 euros (1,55 dólares) el litro. ¡Vale lo mismo que un litro de gasolina!".
El agua del mar desalinizada puede ser "un complemento, no una alternativa", prosigue López Miras, del conservador Partido Popular, recordando que "el agua de España es de todos los españoles", según la Constitución.
Para los ecologistas españoles, en realidad hay que revisar todo el sistema. "En España, más del 80% del agua dulce se la lleva la agricultura" y "esa situación es insostenible", estima Julio Barea.
Para evitar un “colapso hídrico”, el responsable de Greenpeace llama a reducir drásticamente la superficie dedicada a la agricultura intensiva: “España no puede seguir siendo la huerta de Europa, si el agua es escasa y cada vez lo va a ser más”.
