La plataforma de transporte y reparto de bienes Uber ingresó a Costa Rica en agosto de 2015 y, detrás de ella, se sumaron muchas otras más como Didi, Pedidos Ya, Rappi y similares. Con todas ellas, esta industria “colaborativa” se consolidó en Costa Rica y hoy le da trabajo a una 40.000 personas, que perciben ingresos anuales por unos ¢177.500 millones anuales en conjunto.
El ingreso promedio mensual por persona se estima en unos ¢426.000 por chofer de plataforma de transporte y en unos ¢200.000 entre repartidores de bienes (sin distinción de horas laboradas).
Los ¢177.500 millones anuales incluyen únicamente los ingresos directos de las personas que trabajan con estas herramientas digitales. Si se suman otras cuestiones (como el pago de comisiones, otras cargas y de los productos transados en las mismas herramientas digitales), el monto se podría casi triplicar.
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Estas son algunas de las conclusiones a las que llegó un reciente estudio auspiciado por la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), con base en una serie de encuestas desarrolladas por la empresa especializada CID Gallup. Con este estudio, la representación comercial buscó describir un mercado cada vez más vigoroso y del que dependen cientos de familias, pero que sigue lejos de ser regulado en el país, a pesar del reconocimiento casi general de esa necesidad.
El estudio determinó que el uso de estas herramientas está más que desarrollado en Costa Rica, aunque se concentra fuertemente en la zona central del país.
Hasta un 56% de las personas usuarias dice emplear las aplicaciones al menos dos veces a la semana y más de un 60% afirma que gasta más de ¢10.000 mensuales en ellas.
El estudio
La radiografía hecha por la CCCR es una de las primeras de su tipo que se realiza en el país. Contempló miles de entrevistas virtuales, las cuales se realizaron entre el 22 de febrero y el 20 de mayo pasados. En total, se aplicaron 1.517 entrevistas a personas conductoras, 1.294 a personas repartidoras y 7.264 a personas usuarias.
Según los encargados del estudio, ello implicó márgenes de error de 2%, 3% y 1%, respectivamente, para cada una de esas poblaciones; tomando en cuenta que en el país se estiman hasta unos 30.000 choferes, unos 10.000 distribuidores de bienes y un millón de usuarios de todas estas aplicaciones.
Los números hablan de una industria desarrollada y que incluye a los más diversos sectores de la población. No obstante, los conductores y los repartidores son mayoritariamente hombres de calificaciones medias y bajas. Entre los usuarios no hay mayores diferencias en materia de género, pero sí un mayor nivel educativo, según determinó el trabajo de la CCCR.
El estudio únicamente incluyó plataformas digitales de movilidad y delivery. No se añadieron las de entretenimiento, hospedaje y similares, por poner algunos ejemplos.
Según Luis Adrián Salazar, el ingeniero en sistemas que coordinó la investigación y exministro de Ciencia y Tecnología, la idea del proyecto fue brindar información certera para orientar discusiones futuras: por ejemplo, si es que se pretende implementar alguna regulación específica sobre este tipo de labores.
“Servirá para que tomen en consideración las realidades económicas que esto significa”, comentó. “Hablamos de que las plataformas le aportan a la economía el 0,44% del producto interno bruto (PIB) a través de las ganancias de las personas conductoras y repartidoras, solamente. Eso ya nos dice algo”, puntualizó.
Para estimar en ¢177.500 millones anuales el ingreso de las personas que trabajan en estas plataformas, los encargados del estudio tomaron como referencia el ingreso promedio de las personas encuestadas y luego lo extrapolaron al grueso de trabajadores de estas herramientas que se estiman en el país. Ese fue el procedimiento que explicó el economista Luis Mesalles, quien fungió como asesor del proyecto.
”Ese número, un 0,44% del PIB, puede ser que no signifique mucho por sí mismo; pero cuando uno lo pone en contexto es equivalente a las reparaciones y todo ese tipo de gastos cotidianos y diarios de las viviendas de los costarricenses”, apuntó.
Oportunidad estratégica
La investigación también sirvió para dejar en evidencia la importancia de las plataformas como un medio de trabajo para poblaciones vulnerables o en desventaja.
Por ejemplo, determinó que hasta un 40% de las personas conductoras de plataformas de transporte se sumó a ellas debido a la pandemia de covid-19, y que el número sube hasta a un 63% en el caso de las personas repartidoras de bienes.
También evidenció la importancia de las plataformas como medio de trabajo para un grupo importante de personas que, considera, no podría optar por mejores opciones laborales. Hasta un 21% de los hombres conductores afirma no visualizar otra alternativa para generar ingresos; mientras que el porcentaje sube hasta un 28% en el caso de las mujeres.
Entre las mujeres, además, la importancia también es capital. Si bien son un grupo muy pequeño entre choferes y repartidores (un 5% y un 7%, respectivamente), hasta un 74% de las mujeres conductoras en plataformas de transporte son jefas de hogar y hasta un 90% de las mujeres repartidoras también.
“El 15% de las mujeres conductoras no generaban ingresos antes de usar las aplicaciones y el 22% de las mujeres repartidoras tampoco. Eso es relevante desde el punto de vista de la autonomía económica”, añadió la politóloga Marcela Piedra, quien también colaboró con el estudio.
Regulación necesaria y flexible
El proyecto de investigación también documentó la percepción ciudadana de que es necesaria una regulación de las plataformas de transporte y de reparto en el país. Según las encuestas realizadas, hasta un 90% de las personas conductoras lo considera importante, al igual que un 75% de la población en general.
El estudio no profundizó sobre las formas en que deberían o no regularse las actividades de transporte y de reparto. Sin embargo, sí señaló que hasta un 87% de las personas que trabajan en ellas valoran la independencia a la hora de realizar sus tareas y que hasta un 64% de las personas repartidoras analiza la “flexibilidad” de su trabajo como una de las principales cuestiones que le motivó a realizarlo.
Salazar consideró que eso es esencial para cualquier proyecto de ley que quiera tramitarse al respecto.
“¿Cuáles son los principales incentivos para esa regulación para trabajadores y usuarios?, para las personas que usan estos medios, qie puedan generar ingresos tranquilamente; y para la población general, tener más opciones para elegir”, concluyó.
