Por: Laura Ávila.   14 octubre, 2020
Costa Rica enfrenta una crisis económica, política y social que pone entre la espada y la pared al Poder Ejecutivo. El malestar social se incrementó luego de que el Gobierno valorara aplicar más impuestos para obtener el crédito de Servicio Ampliado por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional. Foto: Alonso Tenorio
Costa Rica enfrenta una crisis económica, política y social que pone entre la espada y la pared al Poder Ejecutivo. El malestar social se incrementó luego de que el Gobierno valorara aplicar más impuestos para obtener el crédito de Servicio Ampliado por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional. Foto: Alonso Tenorio

Desde 1994 el Programa del Estado de la Nación (PEN) se dedica a evaluar y cuestionar las políticas públicas costarricenses. Sin embargo, en el 2020 la institución se concibe como el último salvavidas de la erosionada administración Alvarado Quesada para construir una propuesta que evite el descalabro fiscal de Costa Rica.

A partir del 17 de octubre la institución fungirá como director neutral en una mesa de diálogo con 25 representantes de 11 sectores de la sociedad civil.

Con este nuevo actor el Poder Ejecutivo intentará calmar las aguas tras la oposición que despertó la propuesta base con la que se pretendía llegar al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener el crédito de Servicio Ampliado por $1.750 millones.

Este plan generó gran malestar y desequilibró la paz social. Ahora las esperanzas se depositan sobre este nuevo árbitro, no obstante, el director del PEN también valora los riesgos.

“El Estado de la Nación está operando en las cosas que está operando y a mí me corresponde asumir las consecuencias de eso. Ojalá que salga (la propuesta), no depende de mí y si no sale tengo tranquilidad en la conciencia que lo hice, que lo intenté”, afirmó Jorge Vargas Cullell, director del Programa del Estado de la Nación durante entrevista con EF.

En medio de un panorama de extrema polarización, desconfianza e hipersensibilidad ciudadana el rol del PEN es clave, pues es una institución que goza de un bien escaso: la credibilidad. Durante 26 años ha contribuido al debate de asuntos públicos mediante el análisis con un enfoque científico.

A través de sus áreas de estudio ―sociedad, economía, educación, temas regionales, ciencia y tecnología― el Estado de la Nación ha fotografiado la realidad costarricense y sus informes son un referente para la toma de decisiones en el ámbito nacional.

El ajedrez

Todas las fuentes consultadas por EF coinciden en la robusta credibilidad que atesora la institución, y afirman que el director del Estado de la Nación tendrá un papel determinante como facilitador del debate. Pero la senda es empinada y aunque la participación del organismo da un sello de calidad al proceso, no es garantía de éxito.

Costa Rica se juega cartas muy delicadas para salir del impasse que el Gobierno ha sido incapaz de manejar, considera Sandra Piszk, exdiputada liberacionista y quien fungió como defensora de los Habitantes durante el Combo del ICE.

“Hay algo preocupante en todo esto y es usar mecanismos de diálogo de manera superficial sin voluntad real. El diálogo es importante y no podemos jugar con el mecanismo de decir hay diálogo, hay diálogo, y gastar esa palabra sin resultados. Eso evidentemente produce una falta de confianza entre las personas”, comentó la exdefensora de los Habitantes.

El Poder Ejecutivo camina sobre un delgado hielo y por eso deberá garantizar que el diálogo será un mecanismo transparente. Esta salvaguarda no solo es necesaria para los actores que ocuparán los 25 puestos de la mesa de diálogo multisectorial, sino para la ciudadanía en general.

Entretanto, el PEN deberá mantenerse firme para cuidar la rigurosidad del proceso y no sucumbir a posibles presiones de los múltiples actores, considera Sergio Araya politólogo y coordinador de proyectos del área política de la Fundación Konrad Adenauer (KAS).

Luego de anunciar el debate reglado, el pasado 11 de octubre, saltaron las incomodidades respecto a la representación de los sectores.

Algunas voces consideran que la propuesta es desbalanceada, que hay exceso de representación de algunos actores ―como los sindicatos―, que se podría fortalecer la participación del sector productivo o que se podría dar un rol activo a los diputados.

Sin embargo, la literatura con especialidad en diálogos sociales recomienda que para los procesos de negociación deben participar como máximo 30 personas, porque de lo contrario la discusión podría ser infructuosa. Así lo indicó Abril Gordienko, máster en administración pública y activista cívica.

En la mesa de diálogo multisectorial habrá 29 puestos si se suman las cuatro figuras que representarán al Poder Ejecutivo. Aunque Sandra Piszk, exdefensora de los Habitantes, anhela que el diálogo fructifique, considera que la composición de la mesa es un “lindo ejercicio democrático” y duda que de ahí salgan los resultados que el país necesita.

“¿Qué cuidados debe tener el PEN en todo esto? Mantener la rigurosidad científica y no dudo que lo harán, porque no me imagino al PEN acomodando datos para resolver diferendos o puntos muertos”, agregó Gordienko.

Mostrar autoridad, mantener neutralidad, tener habilidad de escucha, tomar la batuta para pausar de manera temporal la discusión, o solicitar que la mesa se subdivida en grupos ―si es necesario―, son algunas de las características que el director del PEN deberá mostrar durante el diálogo multisectorial.

De vez en cuando Vargas Cullell también deberá subirse al balcón para tener una visión más amplia y analizar con serenidad todas las fuerzas dinámicas que estarán presentes, indicó Gordienko.

Trayectoria

Desde 1994 el PEN se dedica a medir, evaluar y cuestionar las políticas públicas con un enfoque de Desarrollo Humano Sostenible. Con más de dos décadas de experiencia, la institución ha desarrollado 25 ediciones del Informe del Estado de la Nación, y su primer análisis lo emitió en 1995.

La institución pertenece al Consejo Nacional de Rectores (Conare) y cuenta con el respaldo de la Defensoría de los Habitantes de la República. Para el 2020 se le asignó un presupuesto de ¢1.324 millones, según consta en el Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario del Conare para el Año 2020, Ajustado.

Esta no será la primera vez que actúe como facilitador de un debate en medio de una crispación social, pues en el año 2000 fue un facilitador del debate en medio de las protestas que surgieron por el Combo del ICE.

“En mi caso personal fue el PEN que nos ayudó en la crisis del combo, sin duda alguna lo hacen bien porque logran mezclar el tema técnico”, subrayó Piszk.

No obstante, que la mesa de diálogo multisectorial llegue con vida al sábado 17 de octubre es un reto. Pues se están convocando sectores con grandes diferencias y que muestran altos niveles de desconfianza.