A pesar de la relación comercial consolidada por el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), Washington expresó una serie de preocupaciones sobre las políticas y prácticas comerciales de Costa Rica, que, según el gigante norteamericano, obstaculizan el flujo de bienes y servicios y afectan la equidad de las condiciones de mercado.
Las quejas se centran en barreras no arancelarias, tratamientos fiscales diferenciados, y aspectos de la contratación pública y la protección de la propiedad intelectual.
El siguiente es el resumen del Informe Nacional de Estimación de Comercio sobre Barreras al Comercio Exterior, emitido por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative, USTR).
Barreras fitosanitarias: el foco de la disputa
Una de las críticas más fuertes de Estados Unidos se dirige a las barreras sanitarias y fitosanitarias impuestas por el Ministerio de Agricultura de Costa Rica.
Se señala que el país ocasionalmente retrasa la emisión de permisos de importación para productos sensibles, como las cebollas, especialmente durante las épocas de cosecha local. Esto, según los exportadores estadounidenses, crea dificultades operativas y comerciales.
Un caso emblemático de esta preocupación es el cierre del mercado costarricense para las papas de mesa estadounidenses desde 2013. A pesar de los esfuerzos del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) y el Ministerio de Agricultura de Costa Rica para dialogar y establecer los requisitos finales para la reapertura, la situación persiste, dice el informe. El sector productor de papa de EE. UU. estima que, de resolverse estas barreras, las exportaciones podrían aumentar significativamente, superando los $5 millones anuales.
Además, una regulación costarricense de 2016 ha generado descontento entre los exportadores de productos animales (lácteos, mariscos, cordero y productos de huevo). Esta exige la cumplimentación de extensos cuestionarios que, a criterio de las empresas estadounidenses, solicitan información irrelevante y de carácter empresarial, generando meses de retraso en la introducción de nuevos productos al mercado tico.
El USDA y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) han instado a las autoridades costarricenses a buscar alternativas menos engorrosas.
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Cuestionamientos fiscales y de contratación pública
Las políticas impositivas también han sido objeto de quejas por parte de Estados Unidos.
Costa Rica aplica un impuesto al consumo de bebidas destiladas que, en la práctica, beneficia a la producción local.
La tasa más alta se aplica a licores con más de 30% de alcohol por volumen (abv), mientras que la compañía estatal de alcohol embotella sus productos en un 30% abv. Esto significa que la mayoría de los licores importados, generalmente al 40% abv, enfrentan una carga impositiva superior.
A ello se suma la diferencia en los plazos de pago: los importadores deben liquidar el impuesto antes de la liberación del producto de aduanas, mientras que los productores nacionales tienen hasta 15 días después de las ventas del mes anterior.
En cuanto a la contratación pública, empresas estadounidenses han manifestado sentirse en desventaja frente a las empresas estatales costarricenses en licitaciones públicas, particularmente en los sectores de tecnología de la información y seguros.
La legislación costarricense permite la adjudicación no competitiva de contratos a entidades públicas si se certifica un uso eficiente de fondos, una práctica que ha generado inquietud en Washington. A pesar de que Costa Rica ha solicitado su adhesión al Acuerdo sobre Contratación Pública (GPA) de la OMC, las preocupaciones persisten.
Propiedad intelectual: avances reconocidos, pero con solicitudes pendientes
Un punto donde Estados Unidos ha reconocido avances es en la protección de la propiedad intelectual (PI).
Costa Rica fue retirada de la “Watch List” en el Informe Especial 301 de 2020, gracias a las medidas tomadas para mejorar su régimen, incluyendo programas para rastrear el uso de software sin licencia en el gobierno y un sistema de registro en línea para la aplicación en frontera.
Sin embargo, Estados Unidos sigue instando a Costa Rica a demostrar la efectividad de estas medidas a través de la aplicación en el terreno y a cumplir con ciertas solicitudes pendientes. Entre ellas, la publicación de los informes sobre el uso de software legal en las instituciones gubernamentales y el fortalecimiento de la aplicación de la PI para combatir la piratería en línea.
Washington también aboga por procesos de medidas en frontera menos engorrosos para disuadir la entrada de bienes falsificados y piratados, y por una mayor utilización de la autoridad de oficio para la aplicación en frontera.
En resumen, si bien el CAFTA-DR ha sido un pilar en la relación comercial, las autoridades estadounidenses continúan señalando áreas de preocupación en las políticas internas de Costa Rica.
La resolución de estas quejas será fundamental para optimizar la relación comercial bilateral y fortalecer la confianza de los inversionistas y exportadores estadounidenses en el mercado costarricense.
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Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero utilizando un sistema de inteligencia artificial.
