La Fiscalía de Costa Rica abrió una investigación contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, y varios miembros del gobierno por presunto “tráfico de influencias” tras la denuncia penal de un empresario contra el mandatario, informó el ente a la AFP el martes.
El Ministerio Público señaló a través de un comunicado que el expediente se abrió “a raíz de la denuncia interpuesta por el señor (Leonel) Baruch”, presidente de la Corporación BCT, entidad bancaria costarricense, y miembro de la junta directiva del medio de comunicación CR Hoy.
Además del mandatario, la Fiscalía también indaga al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; a Gabriel Vargas, asesor del mandatario; a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Adilia Caravaca Zúñiga; y a su exesposa Yafit Ohana.
Baruch denunció a Chaves el pasado 25 de julio por la presunta intervención del mandatario y el resto de funcionarios en el proceso de divorcio entre él y Ohana y la disputa por la custodia de sus hijos.
El empresario denuncia que su exesposa recibió un trato de favor por parte del gobierno en su divorcio después de contribuir en la creación de un vídeo para redes sociales que fue utilizado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para denunciar un presunto caso de evasión fiscal.
La disputa entre Baruch y Chaves salió a la luz a través de un comunicado enviado por el abogado del empresario, Cristian Arguedas, en el que confirmaba que “no queda otra alternativa que las acciones legales emprendidas hoy contra el presidente de la república y demás participantes en semejantes acciones”.
El delito de tráfico de influencias está penado en Costa Rica con prisión de dos a cinco años.
La causa se encuentra “en etapa privada”, informaron desde el Ministerio Público, por lo que no se puede entregar más información al respecto.
Segunda investigación
Esta es la segunda investigación abierta contra Chaves por parte de la Fiscalía en menos de un mes. El pasado 17 de julio el Ministerio Público abrió un oficio por la presunta comisión de “abuso de poder”.
Esa otra investigación se abrió contra el presidente por presunta comisión del “aparente delito de influencia en contra de la Hacienda Pública”, señaló la Fiscalía.
