Vivir en Guanacaste no es igual para todas las personas. El boom inmobiliario y turístico que se abrió paso desde hace décadas en algunas zonas costeras del Pacífico Norte de Costa Rica le ha inyectado millones de dólares a la economía del país, pero también ha cambiado el modo de vida de los habitantes originarios de esos lugares y, en algunos casos, les ha terminado desplazando.
“Gentrificación” o hasta “desposesión” son solo algunos de los términos más comunes que se utilizan para describir estos procesos.
Hablamos lugares en donde el costo de la tierra, de la vivienda y de la vida en general se han disparado a niveles tan altos que resultan impagables y excluyentes para sus habitantes más antiguos. También hablamos de zonas en donde hasta las cuestiones más básicas —como el suministro de agua, el uso de los suelos y el acceso a las playas— generan tensiones ante los intereses no siempre compaginables de desarrolladores inmobiliarios, poblaciones nuevas y viejos vecinos, a los que además les separa una elevada brecha de poder financiero.
El fenómeno, sin embargo, no ocurre con igual magnitud en toda la provincia. El conflicto se concentra en sitios puntuales como los distritos costeros de Nosara, Tamarindo, Sardinal, Cabo Velas, Sámara o Nacascolo: comunidades reconocidas como “paraísos naturales” que han atestiguado la transformación de sus paisajes a partir de un turismo intensivo, muchas veces de lujo, y la llegada de nuevas poblaciones con poderes adquisitivos que distorsionan las economías locales.
“Se trata de un fenómeno que es insostenible por su propia naturaleza”, describe el investigador Esteban Barboza, coordinador del Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Región Chorotega de la Universidad Nacional (Obtur-UNA). “Es especulación al máximo nivel, acaparamiento de recursos al máximo nivel y exclusión al máximo nivel; y eso justamente es lo que le torna insostenible”, desde su punto de vista.
‘Boom’ inmobiliario
La Real Academia Española define como “gentrificación” aquellos procesos de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implican el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo. Sin embargo, investigaciones académicas han ampliado el alcance de este término a otro tipo de territorios, como las zonas turísticas.
Ese es el caso de las costas de Guanacaste, en donde ese proceso de “renovación” ha venido de la mano del turismo de lujo intensivo y con su respectivo boom inmobiliario, para aprovechar las altas rentas.
Según datos suministrados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) a este medio, cantones como Santa Cruz, Carrillo y Nicoya, en Guanacaste, son los mayores aumentos en la tramitación de permisos para construir inmuebles habitacionales en los últimos 10 años. Asimismo, en el año 2023, uno de cada 10 m² para nuevos proyectos inmobiliarios que se registraron a nivel nacional correspondieron a planes de construcción en Santa Cruz, según datos de la misma entidad.
En Santa Cruz se ubican varios de los “puntos calientes” del mercado inmobiliario en la Región Chorotega. Tamarindo, Playa Grande, Playa Potrero y Cabo Velas son solo algunos de ellos.
El boom de la construcción es lógica si se toma en cuenta el atractivo de la zona.
“Hoy vemos a personas que escriben en redes sociales que tienen presupuestos de $2.000 o más para alquilar un apartamento en zonas como Sámara o Nosara. Eso infla el precio y muchas personas locales se ven imposibilitadas de continuar viviendo en esos lugares”, resumió Barboza. “Y eso tiene un impacto que va más allá del costo de comprar una propiedad, construir o alquilar una casa; también influye en el costo de la vida, que se ve encarecido con la llegada de esos capitales”.
Desde hace ya varias décadas, la costa guanacasteca se ha promocionado como un destino para rentistas y pensionados, principalmente norteamericanos; al tiempo que actores, cantantes, modelos y deportistas han hecho públicas sus múltiples visitas a la povincia, ya sea para hospedarse en algunas de las residencias exclusivas que se han construido en los últimos años o en propiedades que han adquirido por su cuenta —como el actor y director Mel Gibson o la modelo Gisele Bündchen.
Esta situación ha revalorizado la zona.
Un análisis hecho por EF, utilizando como referencia los precios promedio de venta de viviendas en la plataforma de anuncios clasificados encuentra24.com, determinó que el valor promedio de venta por metro cuadrado supera ¢1 millón actualmente en localidades como Nosara, Playa Potrero, Playa Grande, Tamarindo, Playas del Coco y Hojancha.
¿Qué tan excluyente es ese monto para los pobladores locales? Basta con señalar que el ingreso promedio de los hogares en la región Corotega es de ¢900.000 mensuales; lo cual implica que una familia de la zona tendría que ahorrar todas sus rentas por al menos 10 años completos para costear una casa de 100 m².
Esta situación supera por mucho los mismos cálculos en otras regiones. En cantones tan atractivos laboral y comercialmente como San José, Alajuela o Heredia, la proporción no supera los cuatro años de rentas.
Silvia Zúñiga, directora del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (Cemede), también de la Universidad Nacional, considera que los efectos de la gentrificación no son los mismos ni tienen la misma intensidad en todas las zonas, pero hay zonas “cautivas”.
“Hablamos de territorios de Guanacaste que están cautivos en una cierta dinámica, mientras que hay otros en los que pareciera que ni se han enterado (...) en algunas zonas ya sabés que impulsar trabajos de desarrollo local con pequeña producción va a ser muy difícil porque las iniciativas locales han desaparecido y porque ya son otras personas que están en el territorio, con otras prioridades y otras formas de tomar decisiones”.
Zúñiga habló como investigadora, pero también como habitante de la provincia. “Soy de la provincia, vivo en la provincia y espero que me entierren aquí”.
(Costoso) desarrollo
La realidad de las costas guanacastecas tiene una doble cara.
Si bien es innegable que la actividad intensiva del turismo y el sector inmobiliario en la zona genera consecuencias negativas para los pobladores originarios, también se puede considerar como una fuente de empleo y de inversión extranjera directa.
La inversión extranjera en el sector inmobiliario alcanzó los $292,6 millones en 2023: un 52% más que en 2020, según los registros del Banco Central.
Para Zúñiga, Los procesos que ha experimentado Guanacaste no deberían señalarse como “malos o buenos” porque tienen un poco de todo. Desde su punto de vista, el problema ha radicado en que ni la población ni la institucionalidad estaba preparada para frenar sus efectos nocivos.
“La preparación que tenemos los habitantes de Guanacaste no ha sido la idónea para aprovechar los cambios en todos los casos (...) el que se den este tipo de fenómenos es precisamente porque no tuvimos, como población, la capacidad de convertirlos en oportunidades y tampoco tuvimos una legislación que ayudara a contener los resultados”, observó.
Entre los temas que no se han podido atender, considera, uno de los principales ha sido la gestión del recurso hídrico.
Un reciente estudio del Obtur, de la UNA, determinó que hasta 17 Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas) en Sardinal, Tamarindo, Tempate y Cabo Velas ya no tienen factibilidad técnica para otorgar nuevos permisos de agua particulares. En otras palabras, son acueductos rurales que ya no pueden garantizar agua para nuevas construcciones de habitantes locales que deseen afincarse en la zona como hicieron sus antepasados, incluso si tuvieran tierras para ello.
“Es un impacto muy grande”, según Barboza. “Gente común y corriente, como nosotros, no va a tener el acceso al agua y tampoco hay mayor inversión para cambiar eso”, puntualizó.
Enfoque ultralujoso
En medio de esta situación, la dinámica de atracción de grandes capitales se ha mantenido y más bien crece.
Agencias inmobiliarias como Luxury Living Costa Rica ofrecen viviendas en Santa Cruz por precios que oscilan entre los $2 millones y los $10 millones.
Asimismo, es posible encontrar pequeños cuartos de madera y con techos de zinc, sin cielorraso, que se promocionan en Airbnb por hasta $1.500 para estadías mensuales en ese mismo cantón. Y los precios suben conforme aumenta el lujo de los inmuebles. Una casa con bar, piscina y capacidad para 10 personas en Flamingo, por ejemplo, se alquila por hasta $20.000 para el mes de septiembre en la misma plataforma (a pesar de la aplicación de un descuento por estadía mensual).
En medio de esta dinámica de vivienda, también terminan subiendo los precios en el resto de los sectores comerciales en esas zonas.
En una publicación de TikTok, a inicios de 2023, una mujer estadounidense mostraba su asombro por los precios de un coctel en un restaurante. “Algo que no esperé cuando decidí mudarme a Costa Rica era cuán caro es todo este lugar”, decía en su vídeo. “Vivo en un pequeño pueblo ‘surfero’, anoche fui a un restaurante y un coctel costaba $24; ¿es esto Nueva York?”, remataba.
Ella no es la única que ha hecho mención sobre el asunto.
En un vídeo titulado “8 razones por las cuales estadounidenses se van Costa Rica”, la youtuber y especialista estadounidense en procesos de reubicación para expatriados, Kristin Wilson, aseguraba como primer punto de su lista el alto costo de vida, principalmente en regiones costeras.
“Cuando apenas se empezaba a usar Internet, las personas decían que el costo de vida en Costa Rica era bajo; pero justamente ese es el problema, que mucha de esa información se publicó hace muchísimo tiempo y esa narrativa continuó (...) Costa Rica es más caro de lo que la gente piensa, y las razones son múltiples. La cantidad de personas extranjeras que se han desplazado al país en años recientes ha incrementado los precios de vivienda y los precios de la construcción por metro cuadrado también han crecido, aunque esa no es la única razón. Costa Rica también tiene impuestos realmente altos en importaciones de bienes”, resumía Wilson, quien asegura haber vivido en el país entre 2002 y 2010.
Respuesta legislativa
El 20 de junio pasado, el Frente Amplio (FA) presentó dos proyectos de ley en el Congreso relacionados con procesos de gentrificación. Uno de ellos plantea garantizar el acceso a las playas a través de calles públicas y otro, que solo ciudadanos costarricenses, residentes o naturalizados puedan acceder a espacios de decisión clave como las juntas directivas de los acueductos rurales.
La agrupación política dice tener constancia de hasta 88 personas que participan en juntas de 23 acueductos rurales usando su pasaporte de otra nacionalidad y en calidad de turistas, a pesar de que los nombramientos son de varios años.
Por otra parte, la propuesta sobre el acceso a las playas busca evitar situaciones como las de Brasilito, en Guanacaste, en donde —a pesar de la oposición de la comunidad— un desarrollador privado instaló desde hace varios años una serie de barrotes para restringir el acceso de vehículos a playa Conchal, dejando como única alternativa largas caminatas por caminos irregulares, según publicó La Voz de Guanacaste.
El diputado Ariel Robles, advirtió de que la llegada del concepto de “gentrificación” a la discusión política nacional es ”una nueva etapa” y no algo esporádico. De hecho, señaló que se trata de un fenómeno visible “desde hace mucho” en el país.
Ese mismo día le acompañaron representantes de un grupo civil autodenominado Colectivo Antigentrificación, cuyos representantes agregaron en conferencia de prensa que el país también debería de corregir su legislación referente a la compra y venta de inmuebles por parte de foráneos.
Pero plantear cambios a la situación de los focos turísticos e inmobiliarios de Guanacaste seguramente será una tarea difícil, según el investigador Esteban Barboza.
“Usted llega a Nosara, a Sámara, a Tamarindo, a Playa Potrero y ve todas las mansiones o apartamentos de lujo y puede pensar que es bonito, que la costa se parece cada vez más a Malibú. Incluso paisajística y simbólicamente hay toda una batería de significantes que oculta esa otra realidad (más negativa)”, señaló. “Aquí hay municipalidades que se ufanan de tener la mayor IED de todo le país, a pesar de que ese boom no se refleja en el bienestar de la mayoría de la gente”, concluyó.
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Esta publicación es parte del especial 200 Años Anexión Nicoya de ‘El Financiero’. Cliquee aquí para consultar todos los reportajes y artículos.
