Por: Laura Ávila.   11 diciembre, 2018

El Gobierno apuesta por la continuidad en materia de infraestructura. Según las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas Bicentenario 2019-2022, la estrategia será finalizar antiguos proyectos y acelerar un pequeño porcentaje de obras más complejos.

l caso de la carretera de San Carlos es más complejo, ya que el proyecto lleva 15 años en ejecución. En agosto el Gobierno finalizó el contrato con la constructora Sánchez Carvajal y ahora deberá de hacer un reordenamiento del proyecto. Foto: Alonso Tenorio
l caso de la carretera de San Carlos es más complejo, ya que el proyecto lleva 15 años en ejecución. En agosto el Gobierno finalizó el contrato con la constructora Sánchez Carvajal y ahora deberá de hacer un reordenamiento del proyecto. Foto: Alonso Tenorio

Para comenzar la administración Alvarado Quesada aspira a completar el 100% de la ampliación a cuatro carriles de la sección Barranca-Cañas, de la Ruta Nacional 1.

Us un proyecto de 69,1 kilómetros, que comprende tres tramos: la sección Limonal-Cañas, la sección San Gerardo-Limonal y la sección Barranca-San Gerardo.

La etapa que está más avanzada son los 20,8 kilómetros entre Limonal y Cañas, que se comenzó a construir el pasado 18 de setiembre y que finalizaría en 18 meses.

El monto del contrato es de $89 millones, el financiamiento está a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la construcción será responsabilidad de la empresa española AZVI.

Otro proyecto que aspira concretar en un 100%, es un viejo conocido. Se trata del tramo Playa Naranjo-Paquera ubicada en la Ruta Nacional 160. En enero se le adjudicó la construcción al consorcio español costarricense AZVI-Orosi para mejorar 21,6 kilómetros de la vía. En la ruta se invertirán $27,5 millones que provienen del BID.

La administración Quesada también se trazó la meta de concluir el 100% de la ampliación de la Ruta Nacional 32, que a setiembre de este año tenía un avance del 3,60% de acuerdo a datos publicados en el sitio web del Ministerio de Hacienda.

En marzo de este año, la empresa china inició con la corta de árboles y otras labores previas a la ampliación de los cuatro carriles.

El costo total de la obra es de $495 millones, de los cuales $396 millones provienen del Eximbank, más una contrapartida nacional. Las obras durarían 39 meses de acuerdo a la estimación inicial y están a cargo del la empresa china Chec.

La administración además apuesta por el 100% de la construcción de la duplicación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta 32, 28 puentes de la red vial y el puente binacional Sixaola, herencia de la administración Solís Rivera.

Este último iniciaría operaciones a mediados del próximo año y durante el primer trimestre del 2018 el avance era de un 70%.

La obra está a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y tiene un valor de $17,5 millones provenientes del Fondo de Infraestructura de Mesoamérica.

Mínimo avance en obras complejas

En otros proyectos el Gobierno se muestra más cauto y solo apuesta por un avance del 30%, se trata de la ampliación y el mejoramiento del corredor vial San José-San Ramón y la construcción de la carretera a San Carlos.

Ambos proyectos dependen de los tiempos de la Asamblea Legislativa, pues el Poder Ejecutivo enviará un proyecto para reasignar $350 millones de un crédito sombrilla con el BID para destinar recursos a diferentes obras.

La pretensión inicial es dotar de $50 millones para la ruta que conecta San José con San Ramón y $200 millones para la carretera de San Carlos.

En el caso del primer corredor vial, los intentos por ampliarlo llevan años. Durante el 2017 la Contraloría General de la República refrendó la modificación al contrato que permitirá rehabilitar la carretera, por lo que la infraestructura estaría en fase preoperativa.

Sin embargo, la evolución de este proyecto estará en manos de los congresistas una vez que el Poder Ejecutivo presente el proyecto de ley.

El caso de la carretera de San Carlos es más complejo, ya que el proyecto lleva 15 años en ejecución. En agosto el Gobierno finalizó el contrato con la constructora Sánchez Carvajal y ahora deberá de hacer un reordenamiento del proyecto.