EscucharEl Gobierno de la República no estaba facultado para impedir el nombramiento de la exdiputada Rocío Alfaro Molina, del Frente Amplio, como representante sindical dentro de la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Así lo resolvió este 13 de agosto la Sala Constitucional, por unanimidad de sus siete integrantes (2026-03138), quienes determinaron anular el acuerdo del Consejo de Gobierno que pretendía anular la designación.
Fernando Castillo, magistrado presidente del tribunal, explicó que el rechazo no tenía “fundamento jurídico”, pues que la misma ley constitutiva de la CCSS indica en su artículo 6 que el Poder Ejecutivo no puede objetar los nombramientos patronales ni sindicales.
“Para un grupo de magistrados se está vulnerando la autonomía que la Constitución le otorga a la CCSS”, señaló, “y para otros también se está vulnerando el derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, así como la libertad sindical en su ámbito colectivo”.
La resolución de la Sala también obliga al Estado a pagar las costas, los daños y los perjuicios respectivos.
Conflicto de meses
Alfaro había sido elegida por la Asamblea del Movimiento Sindical como representante propietaria ante la Caja desde el 9 de junio pasado; sin embargo, el Gobierno se negó a juramentarla.
El Ejecutivo alegó que la exdiputada no tenía experiencia en materias económico-sociales, criticó su participación política-electoral y sus posiciones recientes en relación con casos de presunta corrupción en la máxima entidad sanitaria de Costa Rica que actualmente investiga la Fiscalía.
Diversas organizaciones sindicales habían realizado una manifestación frente a Casa Presidencial a inicios de julio para exigir la juramentación de Alfaro. Según advertían, era necesaria para evitar que la falta de representantes sindicales y patronales en la junta directiva impidiera tomar decisiones relevantes en materia de salud y de pensiones. No obstante, el Ejecutivo no cedió ante ese llamado.
Durante su período como legisladora (2022-2026), Alfaro fue una diputada incómoda para el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves. La frenteamplista, por ejemplo, fue parte de la comisión especial que recomendó levantar la inmunidad del mandatario al Plenario para que enfrentara un proceso penal por presuntas irregularidades en el manejo de una contratación con dinero del BCIE; aunque finalmente no se alcanzaron los votos suficientes para esa decisión.
