En los primeros cuatro meses de gestión, la administración Fernández Delgado presentó dos paquetes de proyectos de ley enfocados en “introducir eficiencia” en los procesos judiciales. Este objetivo de seguridad del Gobierno deberá desarrollarse con menos recursos el próximo año.
El Presupuesto Nacional 2027 contempla reducciones en los recursos asignados al Ministerio de Seguridad (-1,7%), al Poder Judicial (-1,9%), al Ministerio de Justicia y Paz (-2,5%) y al Ministerio de Gobernación y Policía (-3,7%), en comparación con los montos destinados a esas instituciones en 2026.
Al observar cómo se distribuyen esos recursos, el sistema penitenciario —a cargo de Justicia y Paz— y el servicio de seguridad ciudadana —bajo responsabilidad del Ministerio de Seguridad— concentran las mayores partidas, con ¢93.067 millones y ¢268.882 millones, respectivamente. Esto significa que, dentro de presupuestos que en términos globales se contraen, la mayor parte de los recursos continúa concentrándose en las funciones de respuesta y contención del delito.
Claudia Palma, socióloga de la Universidad Nacional (UNA), consideró que “se apuesta por una ideología de cárcel” donde el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) tiene protagonismo con el financiamiento de 79 puestos administrativos y ayudantes de cocina requeridos para la puesta en funcionamiento de la nueva cocina del Cacco, y 169 nuevos puestos policiales destinados a fortalecer el sistema penitenciario.
La distribución también deja en segundo plano otras áreas vinculadas con la atención de las causas y las distintas dimensiones del fenómeno criminal. La prevención de la corrupción representa apenas un 0,60% del presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, mientras que los servicios de Investigación y Represión del Narcotráfico absorben un 2,60% de los recursos distribuidos por el Ministerio de Seguridad.
Más seguridad con menos recursos
Aumentar la seguridad y combatir la criminalidad han sido parte central del discurso de Laura Fernández incluso antes de asumir la Presidencia. Esa prioridad también se ha trasladado a su agenda legislativa: los 12 proyectos presentados por el Ejecutivo buscan mejorar la protección policial, agilizar procesos judiciales, reformar la Constitución para ampliar la extradición y modificar el proceso penal, entre otros objetivos.
De esas iniciativas, cuatro han comenzado su discusión en comisión y ninguna ha llegado todavía al Plenario para su votación. El contraste entre la urgencia política planteada por Fernández y el comportamiento del presupuesto abre así una interrogante sobre dónde se está colocando el peso de la estrategia de seguridad: mientras el Ejecutivo busca modificar las herramientas legales para combatir el delito, varias de las instituciones encargadas de ejecutar esas políticas dispondrán de menos recursos el próximo año.
A nivel general, el Presupuesto Nacional 2027 disminuirá un 3,1%, una variación explicada en buena medida por la estructura de las amortizaciones previstas para el pago de la deuda pública. Sin embargo, para el exministro de Hacienda Elian Villegas, la reducción de recursos en determinadas instituciones no es una consecuencia automática de esa caída, sino el resultado de decisiones políticas.
“Una decisión política es quitarle plata al Poder Judicial. Una decisión política es darle más plata al Ministerio de la Presidencia. Esas son decisiones políticas, absolutamente absurdas, pero políticas”, enfatizó Villegas.
El Ministerio de la Presidencia, de hecho, figura entre las entidades que sí recibirán un aumento presupuestario. Sus recursos crecerán un 16,8% frente a 2026, al pasar de ¢11.886 millones a ¢13.883 millones.
La cartera que encabeza el expresidente Rodrigo Chaves no es la única que tendrá más recursos. El Ministerio de Hacienda, también bajo su conducción y encargado de formular el Presupuesto Nacional, forma parte de la media docena de entidades del Gobierno Central que recibirán un incremento presupuestario.
Para Palma, esta distribución no solo refleja cuánto dinero recibe cada institución, sino también dónde se concentra la capacidad de definir las prioridades del Estado. “Quien distribuye la plata, además, está concentrando el poder de la toma de decisiones para el funcionamiento del resto de las instituciones”, señaló.
La socióloga añadió que los movimientos presupuestarios parecieran apostar por áreas con mayor respaldo entre la población, particularmente la criminalidad. Esa lectura coincide con el contexto de opinión pública: la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicada el 9 de septiembre, ubicó la inseguridad y la delincuencia como la principal preocupación de los costarricenses, seguida por la corrupción.
El presupuesto, por tanto, no solo muestra una reducción de recursos para algunas de las instituciones tradicionales de seguridad y justicia. También evidencia un desplazamiento parcial del centro de gravedad de esa política hacia Casa Presidencial, donde se concentran organismos de inteligencia y lucha contra el narcotráfico que tendrán un peso mayor dentro de una cartera cuyo presupuesto crecerá.
Seguridad desde Casa Presidencial
De los ¢13.883 millones asignados al Ministerio de la Presidencia, el 43,7% se destinará al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y otro 23,6% a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
Los recursos dirigidos al ICD financian tareas de prevención, control y represión del narcotráfico y delitos conexos, además de la administración y disposición de bienes decomisados y comisados. En el caso de la DIS, los recursos financian la producción de inteligencia estratégica y operativa, con el propósito de contribuir a la toma de decisiones y reducir el impacto de amenazas contra la seguridad nacional y la estabilidad del Estado de Derecho.
La distribución adquiere mayor relevancia porque el Gobierno no parece limitar su estrategia de seguridad a las instituciones que tradicionalmente ejecutan la política policial, penitenciaria y judicial. Parte de esa capacidad se está concentrando en organismos que dependen directamente de Casa Presidencial, particularmente en inteligencia y lucha contra el narcotráfico.
Fernández adelantó en julio que el Ejecutivo prepara un tercer paquete de proyectos de ley en materia de seguridad, que incluirá una reforma a la DIS. Así, mientras varias instituciones reciben menos recursos, Casa Presidencial gana peso en la conducción de la política de seguridad.
