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La urgencia por enviar señales positivas a los organismos financieros internacionales y a las calificadoras de riesgo pesó para que Hacienda decidiera acelerar el envío a la Asamblea Legislativa de las reformas a los impuestos de renta y ventas.
Si no ocurriera nada extraordinario, como la necesidad de aprobar un presupuesto extraordinario para atender la emergencia causada por los temporales de las últimas dos semanas, los proyectos para modificar los dos impuestos llegarían al Parlamento a finales de julio.
La intención del Poder Ejecutivo es que la Comisión de Asuntos Hacendarios utilice agosto, de sesiones extraordinarias, para realizar las consultas que deben acompañar los expedientes de los planes para hacer más agresivo el cobro de los tributos sobre los que descansa el sistema recaudatorio costarricense.
Tal premura obedece a múltiples factores. Entre los más importantes están paliar el faltante de dinero para que el Gobierno Central financie su actividad.
Esa escasez fue del 5,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014 y viene en crecimiento constante.
El otro factor es la necesidad de recuperar la confianza de los organismos financieros internacionales.
Ante la falta de liquidez del Gobierno Central, Hacienda ya tiene avanzada la solicitud de un crédito de apoyo presupuestario que financiarían el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial. La cifra sería de $500 millones que se incluirían directamente en el plan de gastos del año entrante.
Empero, Fernando Rodríguez, viceministro del área de Ingresos de Hacienda, afirmó que los organismos le piden al Gobierno una señal para facilitar esa y otras fuentes para financiar la transición entre la situación actual y la que generaría la reforma fiscal.
Por esto, Rodríguez considera prioritario que el Parlamento apruebe durante este mismo año al menos la reforma al impuesto sobre las ventas para transformarlo en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este tributo es el peso pesado de la recaudación, pero que ha perdido participación en los últimos años, según la Contraloría General de la República (CGR).
En total, las reformas a los impuestos sobre las ventas y sobre la renta provocarían una recaudación adicional proyectada de un 2% del PIB por año, unos ¢600.000 millones más que caerían como un bálsamo sobre la herida del déficit.
Fecha no está escrita en piedra
Pese a la certeza casi absoluta que muestra Hacienda en esta ocasión, para iniciar el trámite del plan fiscal, nada garantiza cumplir con esas expectativas.
Desde la campaña política, Luis Guillermo Solís aseguró que su gobierno no tramitaría una reforma fiscal durante los primeros dos años de su administración, mientras se enfocaba en enviar señales de buena administración de los recursos, de una mejor recaudación y de un manejo racional del presupuesto.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Helio Fallas, empezó a hablar sobre la necesidad de una reforma casi desde el arranque del gobierno.
Fue en junio del año pasado cuando Hacienda anunció que a más tardar en enero del 2015 enviaría los proyectos a los diputados, sin que, al final, se cumpliera con ese propósito.
En el ínterin, Hacienda levantó la expectativa de que remitiría los proyectos durante el periodo de sesiones extraordinarias que se desarrolló entre diciembre del 2014 y abril del 2015.
Sin embargo, la cartera decidió abrir un proceso más amplio de consulta de los proyectos, con el objetivo de ganarles más apoyo sectorial, lo cual aplazó de nuevo el inicio de la discusión.
Después, el 1.° de mayo, el panorama político nacional dio una voltereta para el Poder Ejecutivo.
En esa fecha una alianza de diputados de oposición logró desplazar al oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) del Directorio Legislativo y se hizo con el control del Congreso.
No solo eso. El bloque acordó una agenda fiscal distinta de la del Poder Ejecutivo, con un enfoque sobre el control y la disminución del gasto público mediante el ataque de pluses salariales, aumentos en algunos regímenes de pensiones y gastos superfluos.
Fernando Rodríguez reconoció que ese pacto opositor hizo al gobierno recapacitar sobre el envío de los proyectos para aumentar la recaudación. Sin espacio en la agenda de prioridades, Hacienda se abstuvo de utilizar sus dos principales flechas para derribar el déficit.
Desde el 1.° de mayo la situación ha cambiado y la administración ve un mejor ambiente para el debate fiscal.
Según Víctor Morales Zapata, uno de los diputados que representan al PAC en la Comisión de Asuntos Hacendarios, tanto su bancada como el Poder Ejecutivo han trabajado en generar confianza entre la oposición. Esto mediante el impulso a proyectos de ley relacionados con el control y depuración del gasto público, como el que pretende mejorar la ejecución de los recursos que están ociosos en la Caja Única del Estado, el que busca eliminar exoneraciones fiscales y los que combaten el contrabando y el fraude fiscal.
De esa forma el Gobierno capotea el ritmo que le impuso la oposición en el Parlamento.
Morales Zapata afirmó que esa construcción de confianza no puede extenderse mucho dada la situación fiscal, por lo que su bancada espera ver resultados en el trámite de los proyectos recaudatorios antes de que finalice el próximo periodo extraordinario que irá de diciembre del 2015 a abril del 2016.
Sin rumbo
Otras voces opinan que el Ejecutivo ya juega contra el tiempo en lo que respecta a la solución de la problemática fiscal.
El exministro de Hacienda Edgar Ayales (2012-2014) considera que el Gobierno tenía que empezar por demarcar una ruta fiscal que permitiera generar confianza en todos los sectores. Algo que aún no ocurre y que en su opinión, ha causado una inercia que arriesga con empeorar la situación fiscal costarricense durante el 2016. El año próximo, Hacienda ya no podrá echar mano de la emisión de eurobonos para financiar el pago de intereses y del principal de la deuda.
Un error que pesará, subrayó Ayales, es el incremento del 19% que sufrió el presupuesto del 2015 con respecto al 2014, evento que seguirá marcando los presupuestos, aunque se planteen con base de crecimiento cero.
La agenda fiscal
Contrabando: Propone aumentar las potestades del Ministerio de Hacienda para conducir procesos para frenar el contrabando de mercancías.
Fraude fiscal: Va en la misma línea que el plan anterior y propone que se fortalezca el cobro administrativo contra los morosos en el pago de impuestos.
Exoneraciones: El plan pretende eliminar varias de las exoneraciones fiscales que, en la actualidad, alcanzan un 6% del PIB.
Caja Única: Obliga a las entidades del Gobierno Central a ejecutar los recursos ociosos en Caja Única bajo pena de trasladarlos al presupuesto tras dos años sin uso.
Renta y ventas: Pretenden generar un 2% del PIB adicional en recaudación anual a través del aumento en la tasa de ventas y con mayores controles sobre las rentas.
Fuente Archivo EF.
