Quienes expidan, comercialicen o adquieran facturas electrónicas falsas podrían enfrentar penas de entre cuatro y ocho años de prisión si se aprueba el proyecto de ley presentado este jueves por el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, ante la Asamblea Legislativa.
La iniciativa reforma el Código de Normas y Procedimientos Tributarios con el objetivo de fortalecer las herramientas de la Administración Tributaria para combatir redes de evasión fiscal que utilizan empresas ficticias y comprobantes electrónicos simulados.
¿Qué cambia?
Además de crear nuevas figuras penales, la propuesta amplía las facultades de Hacienda para sancionar a los contribuyentes involucrados en este tipo de fraude.
Entre las principales medidas se encuentran:
- La pena de cárcel
- Suspensión temporal del derecho a emitir comprobantes electrónicos por un plazo de hasta cinco años;
- Publicación de un registro de consulta pública con los contribuyentes sancionados
- Endurecimiento de las multas para quienes utilicen facturas falsas al eliminar el requisito actual de que el monto defraudado represente al menos el 10% del impuesto dejado de pagar para aplicar la sanción equivalente al 150% del tributo omitido.
Hacienda detecta redes de facturación falsa
Según la exposición de motivos del proyecto, la Dirección General de Tributación ha identificado organizaciones que utilizan sociedades de papel y proveedores ficticios para simular operaciones comerciales y reducir ilegalmente el pago de impuestos.
De acuerdo con Hacienda, estas estructuras permiten alterar la base imponible mediante gastos inexistentes, lo que disminuye artificialmente el impuesto que deben pagar las empresas involucradas.
¿Cómo detecta Hacienda estas operaciones?
La Administración Tributaria explicó que estos esquemas se identifican mediante diferentes mecanismos de fiscalización, entre ellos:
- Cruces de información de la facturación electrónica
- Verificación de domicilios fiscales
- Análisis de la capacidad operativa de los proveedores
- Revisión de las redes de facturación entre contribuyentes
Las investigaciones han encontrado empresas que emiten grandes volúmenes de facturas pese a no registrar compras, importaciones, empleados inscritos ante la Caja Costarricense de Seguro Social, establecimientos comerciales ni infraestructura que respalden las operaciones que reportan.
El tamaño del problema
Hacienda aseguró que los estudios realizados por la Dirección General de Tributación identificaron cadenas de empresas dedicadas a la venta de facturas falsas cuya facturación supera los ¢772.000 millones.
La institución aclaró que esta cifra corresponde al valor total de los comprobantes electrónicos emitidos por las empresas investigadas y no implica necesariamente que la totalidad de esos documentos hayan sido utilizados posteriormente por los contribuyentes para reducir el pago de impuestos.
El viceministro de Ingresos anunció el miércoles pasado en Consejo de Gobierno que presentaría 10 denuncias por esta causa.
Además, dijo que el Ministerio de Hacienda mantiene abiertas 400 investigaciones sobre contribuyentes que presuntamente participan en la venta y el uso de facturas falsas para evadir impuestos.
El funcionario precisó que esos expedientes involucran a pequeñas, medianas y grandes empresas.
