La Gran Área Metropolitana (GAM) ha sido históricamente la zona con el mayor desarrollo económico de Costa Rica, pero dicha prosperidad no ha logrado cerrar las brechas de la desigualdad. Por el contrario, cantones de esta aglomeración urbana dominan la lista de los 10 municipios más desiguales.
Así lo puso de manifiesto el más reciente Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2020, elaborado en conjunto entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Costa Rica (UCR), y publicado a inicios de noviembre.
La medición comprende una revisión del índice desarrollo humano entre los años 2010 a 2018 con una actualización metodológica que permite, por primera vez, la inclusión de índices cantonales por desigualdad y por género.
Aunque entre regiones, las zonas fronterizas y costeras son las que presentan menores índices de desarrollo, si se ve por cantones, la desigualdad está particularmente presente en municipios centrales del país: Heredia, La Unión, Moravia y Escazú están entre los más castigados.
Si bien el país como conjunto muestra avances en las condiciones de vida de los habitantes, la desigualdad es el freno estructural que impide alcanzar a las regiones y personas en condiciones más vulnerables.
La educación y el bienestar material son las principales variables que profundizan este abismo entre unos y otros.
El ajuste por desigualdad
El índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad (IDHD) es el resultado promedio de medir la desigualdad de los cantones en tres variables: los años promedio de escolaridad, la esperanza de vida al nacer y el consumo eléctrico. Este último se toma como referencia del bienestar económico, estableciendo la relación que a mayor consumo hay más dispositivos en el hogar, pues no hay datos de ingresos tan específicos.
Así, el IDH principal refleja el ideal o el potencial que tendría cada municipio si hubiese igualdad en todos los componentes, por lo que la desigualdad “resta” puntos. De esta forma, el índice no premia a aquellos que presenten mayor igualdad que se deba a que todos sus habitantes mantienen bajos índices de desarrollo.
“Cuando se calcula un promedio de años de escolaridad en un cantón, se tiene un número global que oculta lo que está pasando abajo. Si se tiene un promedio de 10 años de escolaridad, pueden pasar dos situaciones: que todas las personas del cantón tengan esos 10 años, que sería igualdad; o resulte que algunos tienen cero; algunos, ocho; otros, doce… Entonces hay un montón de desigualdad”, explicó Paola Omoedo, estadística e investigadora del PNUD.
La contradicción del GAM
Tanto en la lista del IDH como la del IDHD, los primeros 10 lugares son ocupados por municipios del GAM. Más específicamente aún, son solo cantones de dos provincias: San José y Heredia.
Esos 10 lugares del IDHD son los que han alcanzado un desarrollo humano más alto y a la vez igualitario, en el que sobresale Belén en primer lugar. Sin embargo, si vemos solo el coeficiente de desigualdad, las cosas cambian.
La brecha de desigualdad específicamente dentro de cada territorio se desprende de este coeficiente, en el que a menor número, más igualdad.
Los cinco cantones más afectados por la desigualdad son de la GAM, y de los primeros 10, siete pertenecen a este conglomerado del país. Heredia, La Unión y Moravia encabezan la lista de los cantones con brechas más amplias.
Veamos el caso de Escazú. Este cantón se ha mantenido históricamente en los primeros lugares de desarrollo del país. Sin embargo, al ver su coeficiente de desigualdad, Escazú aparece como el cuarto más castigado de los 81 cantones (Río Cuarto aún no está incluido).
No obstante, aun con esas brechas, a Escazú le alcanza para aparecer en el sexto lugar del IDHD pues ya de base posee un alto desarrollo.
En ese cantón del oeste de San José, la brecha más amplia está en el bienestar material, medido por medio del consumo eléctrico.
Para el alcalde escazuceño, Arnoldo Barahona, los resultados reflejan los esfuerzos e inversiones que se hacen en el cantón, pero reconoció que existe una disparidad.
“Inevitablemente la población que tiene alto nivel de ingreso crea un sesgo (...). Cuando se hace el análisis en materia económica, uno se da cuenta de que hay pequeñas zonas de pobreza extrema”, dijo Barahona.
El alcalde agregó que tienen identificadas siete comunidades de alta vulnerabilidad y que el rango entre estas y la población de más alto ingreso es estable y tienen igualmente un “buen índice de desarrollo”.
Heredia es el cantón con la desigualdad más alta, según el estudio, por lo que desciende del puesto 10 en el IDH al lugar 40 en el IDHD.
En este caso las disparidades más grandes están en el bienestar material y en la variable de años promedio de escolaridad.
Este municipio tiene, además, una particularidad. Vara Blanca, uno de sus cinco distritos, se encuentra separado del resto del territorio cantonal, hacia el norte, y presenta características muy diferentes: un entorno rural, con condiciones económicas menos favorables. Además, algunos de sus datos provienen del Censo del 2011, apenas dos años después del terremoto de Cinchona que afectó la zona, por lo que eso pudo haber influido en desequilibrar el índice del cantón central de Heredia.
“Es un problema más estructural que coyuntural (...). Son indicadores más de combatir a mediano y largo plazo que a corto plazo”, afirmó Ángela Aguilar, vicealcaldesa de Heredia.
Aguilar comentó que en el cantón existe un asentamiento informal “muy fuerte” en el distrito de San Francisco que pudo haber “influenciado” estos índices.
El segundo municipio del país más castigado por la desigualdad, con base en las estadísticas del PNUD, es La Unión.
En este cantón cartaginés, las brechas más amplias están también en las variables de años promedio de escolaridad y el bienestar material, y pasa del lugar 12 en el IDH al 17 en el IDHD.
En tercer lugar, la desigualdad golpea a Moravia, puesto ocho en el IDH y 12 en el IDHD. Se repiten las mismas variables con mayor brecha, mientras que en la esperanza de vida el cantón se acerca a la igualdad.
A pesar de que se contactó a las municipalidades de La Unión y Moravia, al cierre de esta nota no se obtuvo una posición oficial.
Una excepción
Entre los 10 cantones del país con menos desigualdad, el único de la GAM es Belén. Pasa del cuarto puesto del IDH a encabezar el IDHD, pues tiene de base ya un alto desarrollo humano y su baja desigualdad le “resta” poco puntaje comparado con otros cantones.
La mayor brecha en este cantón herediano se encuentra en los años promedio de escolaridad, mientras que en la esperanza de vida y el consumo eléctrico (que mide el bienestar material) alcanza casi la igualdad absoluta.
La vicealcaldesa de Belén, Thais Zumbado, destaca tres factores diferenciadores que propician estos números positivos: la organización comunal, la vocación de servicio de los políticos locales y la atención a la población por parte de la Municipalidad. “El ciudadano está muy cerca de nosotros”, dijo.
Para Zumbado, un eje fundamental que ha trabajado Belén, y que otras municipalidades deberían replicar, es fortalecer el área de desarrollo social, con recursos para becas o ayudas a personas vulnerables.
Razones de fondo no son nuevas
Los componentes de educación y bienestar material son los que más se repiten cuando se revisan las causas de la desigualdad en los cantones. Sin embargo, son temas que el país viene arrastrando desde hace bastante tiempo.
El factor económico es el que más pesa en el índice ajustado por desigualdad, según Paola Omoedo, investigadora del PNUD.
Además, la parte económica está estrechamente relacionada con la escolaridad.
“Estos datos no tienen por qué sorprendernos. Cuando vemos la escolaridad promedio de la población no pobre, según la encuesta de 2019, era alrededor de ocho años, y la de los pobres, medida por línea de pobreza, es de 6 años”, explicó Isabel Román, investigadora del Programa Estado de la Nación (PEN).
Si bien el país ha venido mejorando en las estadísticas de escolaridad, los números aún son bajos en comparación con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo en el que Costa Rica fue aceptado este año.
En general, en el país persisten problemas en las transiciones (de escuela a colegio, por ejemplo), y brechas importantes tanto entre modalidades educativas como entre regiones.
Esto sin contar los efectos de la pandemia en la educación. Román comentó que se prevén “retrocesos importantes” y que el Banco Mundial pronostica que se profundizarán problemas del aprendizaje.
Si bien el país destaca en su cobertura educativa, existen otras causas que obstaculizan la terminación de los estudios de muchas personas.
En el caso de la salud, la esperanza de vida es un factor más generalizado e igualitario debido a las políticas de un sistema de salud consolidado, según Omoedo.
¿Qué está en manos de los municipios?
Aspectos como educación o salud están muy centralizados en el Gobierno, por medio de los ministerios respectivos. Además, las municipalidades carecen de grandes presupuestos que permitan construir infraestructura de envergadura como hospitales.
En este contexto, ¿qué pueden hacer los municipios para incidir efectivamente en el desarrollo humano de sus habitantes?
El alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, destacó que su municipalidad ha ayudado a modernizar las aulas de escuelas del cantón, mientras la vicealcaldesa de Heredia, Ángela Aguilar, enfatizó en el papel de intermediario que ha tenido su municipio entre instituciones estatales y las comunidades en materia de educación y salud, que tiene una de sus caras visibles en el apoyo al Centro Cívico por la Paz, ubicado en Guararí.
Para la investigadora del PEN, los gobiernos locales pueden y deben incidir más en programas e iniciativas de educación o salud y ejecutar tareas de coordinación y apoyo a las instituciones nacionales. En esto, considera que han quedado debiendo.
Román enumeró una serie de acciones que las municipalidades podrían emprender para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes: presupuestos sociales para becas, apoyo a centros educativos, programas para desarrollar capacidades, entre otros.
Para Omoedo, si bien hay decisiones que no dependen de los municipios, los datos del Atlas deberían servir para guiar y establecer políticas de desarrollo humano. También mencionó tareas que sí están dentro de las posibilidades de las municipalidades: campañas de salud, refuerzos en educación o bolsas de empleo, aunque un primer paso fundamental es conocer la gente que vive en sus territorios.
