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Este 19 de diciembre, el Poder Ejecutivo cerró un proceso de más de dos años para la aprobación de un proyecto de ley que pretendía mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
El texto, presentado al Congreso desde julio de 2014 y firmado este lunes, permitirá la creación de un registro de accionistas a manos del Banco Central de Costa Rica, da acceso al Ministerio de Hacienda a información clave que bancos y otras entidades financieras remiten a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y autoriza a la Dirección General de Tributación a desarrollar planes logísticos para exigir el uso de factura y permitir el pago por medios electrónicos.
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"De todas las leyes que se han aprobado, este es uno de los que más dificultades tuvo para ser aprobada", comentó el presidente Luis Guillermo Solís, luego de firmar el documento. "Y no me extraña: en el país se ha acumulado una cultura de la evasión", advirtió.
Recopilamos aquí algunos de los principales elementos integrados en la que –una vez que se publique en el Diario Oficial La Gaceta– será la nueva Ley para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal.
Acerca del registro de beneficiarios o accionistas:
El texto exige a las personas jurídicas que proporcionen anualmente al Banco Central el registro o la indicación de los accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva con respecto al capital total de la estructura jurídica.
La disposición (que también aplica para fideicomisos y para organizaciones sin fines de lucro) permitirá al Instituto Costarricense sobre Drogas y al Ministerio de Hacienda tener acceso a información clave para prevenir el fraude fiscal, el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
En particular, Hacienda podrá pedir este tipo de informaciones cuando determine de oficio una potencial deuda tributaria, también podrá solicitarla para la ejecución de inspecciones tributarias o para intercambiar información de conformidad con las disposiciones de instrumentos internacionales.
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Si el contribuyente no entrega la información, podrá tener una sación equivalente al 2% de los ingresos brutos de la persona jurídica. La ley establece un rango de multa comprendido entre los tres y los cien salarios base.
También se establece penas para aquellos funcionarios que hagan mal uso o accedan a datos del registro único de beneficiarios sin autorización. En primera instancia, los funcionarios que se apoderen, faciliten o accedan a sistemas de información sin permiso, serán despedidos, aunque también se establecen penas que van desde los tres a los diez años de prisión, dependiendo del uso que hagan.
Justamente, para ello se crea una Dirección de Asuntos Internos encargado de investigar, de oficio y mediante denuncias, casos de corrupción o conductas irregulares acerca del uso no autorizado de los datos.
Otras reformas
El texto también incluye otras reformas que dan acceso a Hacienda a parte de la información que los bancos, cooperativas y otras entidades financieras remiten a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) acerca de la identidad de las personas que abren una cuenta.
Los datos, relacionados con el domicilio, la capacidad legal, la ocupación u otras informaciones relativas a identidad de la persona, pueden proporcionarse al Ministerio siempre que hayan sido solicitados por un juez o porque así se designe en alguna ley.
También se exige que todas las personas que vayan a recibir alguna exoneración o vayan a ser contratadas por el Gobierno estén al día con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Asimismo, incluye la apertura de una página de Hacienda que detalle aquellas personas morosas con el pago de impuestos, la multa a quienes presten servicios para omitir las obligaciones tributarias, o la posibilidad de que la Dirección General de Tributación pueda acceder en tiempo real a las facturas que emiten los comercios.
Según Solís, se trata de disposiciones que forjarán un mayor músculo para las autoridades tributarias.
"Hay que seguir apretando, y más duro si no hay impuestos. Si tenemos dificultades para los impuestos, vamos a apretar más duro: que no se quede nadie sin pagar" declaró.
"No se trata de perseguir, ni amenazar, sino de advertir que las obligaciones que tiene el Estado con las poblaciones de menos ingresos y las necesidades de seguir avanzando para que tengamos una empresa privada más fuerte y competitiva pasan por la responsabilidad fiscal, como se ha comprobado entre los países más desarrollados” cerró.
