Escuchar
Durante dos décadas, Costa Rica ha luchado contra un nivel de pobreza que se niega a bajar del 20% de la población.
Con dos casos supuestos, el Informe Estado de la Nación 2014 demostró como una baja escolaridad y el incumplimiento de los derechos laborales, inciden directamente en el desarrollo económico del país.
Los planteamientos no son nuevos, pero renuevan la necesidad de enmarcarlos en las políticas públicas trazadas por las autoridades.
Secundaria como clave
En un primer escenario, se vincula la educación con la erradicación de la pobreza.
Si se le atribuyera el ingreso promedio de una persona que finalizó la secundaria académica a las personas con secundaria incompleta, el informe afirma que la pobreza total pasaría de un 20,7% alcanzada en 2013, a 17,9%.
Para Sonia Marta Mora, ministra de Educación, las brechas sociales producto de la formación son una problemática que se arrastra desde la década de 1980.
La inexistencia de una política que ataque las desigualdades internas del sistema educativo (grupos en extrema pobreza, víctimas de violencia, por ejemplo), se vuelve clave.
“Estamos haciendo un esfuerzo por planificar la inversión social en coordinación con entidades como el Ministerio de Desarrollo Humano para utilizar registros de beneficiados de programas sociales y que están más en riesgo de exclusión del sistema educativo, para centrar la atención en ellos”, comentó Mora.
Datos del Ministerio de Educación Pública (MEP) detallan que 13.826 estudiantes de secundaria no regresaron a las aulas luego de las vacaciones de medio periodo.
Se trata de la cifra más baja de los últimos siete años.
Y es que para la ministra, la relación entre la escolaridad y el desarrollo va en esa vía. “A más años de estudio, se está en mejor capacidad de acceder a un empleo y que este sea de calidad, ahí es donde se marca la diferencia”.
Salario Mínimo cuenta
Para el 2013, Costa Rica alcanzó su máximo histórico en desigualdad del ingreso.
El coeficiente de Gini, una medida resumen de la desigualdad en la distribución del ingreso per cápita entre los habitantes, alcanzó para ese año los 0,524 puntos a nivel nacional, donde cero es equidad y 1 es desigualdad.
El Informe Estado de la Nación plantea que si se asume el pago del salario mínimo a todos los trabajadores que hoy ganan menos de eso, el coeficiente de Gini se reduciría a 0,389 (cae 0,06 puntos porcentuales).
Víctor Morales, ministro de Trabajo, aseguró que en el Gobierno son conscientes de los números y es en el fortalecimiento de las inspecciones a los centros de trabajo donde queda camino por recorrer.
En 2013, 50.864 trabajadores asalariados no gozaban de una sola garantía ni recibían salario mínimo. Un 3,3% de la fuerza laboral del país.
El Ministerio actúa en dos vías para identificarlos: mediante la denuncia directa de un trabajador y con el programas de visitas creado por la cartera.
Con el recurso humano disponible, el MTSS realiza en promedio 18.000 visitas de supervisión por año.
“El trabajo lo podemos seguir haciendo, este año ya llevamos contabilizadas 1.787 infracciones donde se identificó una violación al derecho del salario mínimo. Pero hasta cuando acabe esa cultura de que el violar la ley se vuelve un deporte, no terminará el problema”, detalló Morales.
Así las cosas, los resultados evidencian que tener empleo, no es sinónimo de ingresos suficientes para el goce de los derechos básicos reconocidos por ley.
Trabajo por hacer
El informe enfatiza la necesidad de establecer reformas legales que contribuyan con la problemática.
El más importante de ellos, y sobre el cual ya existe un proyecto de ley en el Congreso, es el de facultar al MTSS para cobrar multas a los infractores, como lo hace el sistema de seguridad social.
“Si encontramos un infractor el Ministerio debe interponer una denuncia por la vía judicial, no existe a la fecha, administrativamente, una sanción y eso nos limita”, recordó el jerarca.
En el caso de la educación, el MEP trabaja en la reforma de programas como los de Ciencias, Inglés y hasta Educación Física, con el fin de adaptarlos a las nuevas exigencias.
“Tenemos que hacer programas que inviten a quedarse en las aulas, que llamen a la innovación y que permitan la inserción temprana de los jóvenes en el mercado”, concluyó Mora.
Trabajar en que la política social se vincule a las políticas de empleos, de fomento productivo y de una mayor calificación de la fuerza de trabajo, como herramientas para combatir efectivamente la pobreza y la desigualdad, es el reto.
