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Escrito en gigantescas mayúsculas, es casi imposible no ver el mensaje escrito en una calle de San Francisco: “Cuenten todos los votos. Jones Day: No toque nuestros votos.”
La firma de abogados Jones Day está trabajando con el presidente estadounidense Donald Trump en su cruzada contra el resultado de las elecciones de la semana pasada.
Trump y muchos de sus aliados republicanos se rehúsan a admitir que el demócrata Joe Biden ganó los comicios y denuncian un fraude mientras impugnan los resultados en varios estados.
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Empero, falta lo crucial: alguna prueba del presunto fraude. Eso deja a los abogados de Jones Day y de otros bufetes en un auténtico aprieto al tiempo que activistas políticos y abogados los acusan de socavar la democracia.
El grupo adverso al presidente The Lincoln Project denunció en Twitter a Jones Day y a la firma jurídica Porter Wright, que también lucha por Trump.
“Empleados de Jones Day & PorterWright; ¿piensan que sus bufetes deberían intentar cambiar la voluntad del pueblo estadounidense?”, tuiteó The Lincoln Project.
Incluso abogados se alzaron contra sus colegas.
"Cuánto más se adentran en la madriguera de la conspiración de Trump, armados apenas con demandas futiles sustentadas en bases probatorias o legales endebles, más arriesgan su reputación profesional y sus licencias legales", dijeron los abogados Bradley Moss y Joanne Molinaro en un artículo en el periódico The Atlantic.
“Frívolos”
El código de ética de la American Bar Association, el colegio de abogados de Estados Unidos, prohíbe presentar ante una corte reivindicaciones "frívolas", o sea sin méritos legales o pruebas, según Joshua Davis, del centro de derecho y éticca de la Universidad de San Francisco.
“Muchos esos casos (de Trump contra los resultados electorales) parecen estar muy al borde y quizás ya cruzaron la línea para tornarse frívolos”, dijo Davis.
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Es inusual que jueces o asociaciones profesionales impongan sanciones por transgredir esa norma, por lo que es improbable que ahora quieran meterse en “esa clase de lio político”, estimó Davis en declaraciones a la AFP.
El profesor de derecho Bruce Green, de la Universidad de Fordham, tiene otro enfoque.
"Lo realmente criticable no es tanto que sean casos frívolos", dijo, "sino que no van a ganar".
"E incluso si ganan, no cambiarán el resultado de la elección"", agregó.
Sostuvo que probablemente esos abogados están muy motivados por su lealtad a los republicanos y buena parte permite al partido aumentar la recaudación de fondos para costear la batalla legal.
Eso no significa que los motivos no puedan ser cuestionados, dijo Green.
"¿Por qué usan su talento profesional en estos casos en lugar de algo más digno de su tiempo y sus habilidades?", se preguntó. "Pero, esa no es una pregunta legal", añadió.
“Simpatías ideológicas”
Los dos bufetes defendieron sus posiciones.
“Porter Wright tiene una larga historia de trabajo en derecho electoral durante la cual representó a republicanos, demócratas e independientes”, dijo la firma a la AFP en un correo electrónico.
En una declaración, Jones Day afirmó no estar involucrada “en ningún litigio que alegue un fraude electoral”, sino que simplemente representa al Partido Republicano de Pensilvania en una cuestión constitucional referida al voto por correo.
Pensilvania es el centro de los esfuerzos de Trump por sembrar dudas sobre el proceso electoral y donde la justicia revisa muchos votos demócratas enviados por correo debido a la pandemia de coronavirus.
Varios miembros de Jones Day sirvieron en el gobierno de Trump, incluyendo el antiguo asesor legal de la Casa Blanca Don McGahn.
Y la firma donó más de 4 millones de dólares al Partido Republicano este año, según la Comisión Federal de Elecciones.
"No creo que sea el dinero", especuló Stephen Gillers, un profesor de ética legal de la Universidad de Nueva York. Jones Day "no lo necesita".
"Creo que parte de lo que hace puede verse impulsado, en parte, por las simpatías ideológicas de sus abogados", agregó, dada la relación de algunos socios con el Partido Republicano.
Su trabajo en el caso es "perfectamente legal y ético", dijo.
"El problema al que se enfrenta Jones Day es que puede dañar su reputación", consideró Gillers, y señaló que los clientes o potenciales clientes pueden desaparecer por este asunto.
Las batallas legales de Trump en este frente son inusuales y para algunos, son alarmantes, en un país acostumbrado a transferencias de poder generalmente fluidas, incluso entre rivales políticos.
Pero, “hay 1,3 millones de abogados en Estados Unidos”, dijo Gillers. “Si Jones Day rechaza el trabajo, otra firma lo aceptaría”.
