Siete de los 13 exdiputados de oposición que votaron contra el levantamiento de la inmunidad del expresidente Rodrigo Chaves ahora ocupan cargos en instituciones vinculadas al gobierno de Laura Fernández. A ellos se suma una octava excongresista que se ausentó de una de las dos votaciones y posteriormente fue expulsada de su partido por pérdida de confianza.
Durante el cuatrienio anterior, hubo dos votaciones para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves: la primera, por una acusación de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en una contratación de servicios de comunicación con dinero donado por el BCIE; la segunda, por varios casos de beligerancia política que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tenía bajo estudio durante la campaña electoral que terminó en febrero pasado.
Los nombramientos de los exdiputados abarcan ministerios, asesorías, direcciones institucionales y hasta embajadas, y alcanzan a exlegisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (PNR).
Las designaciones no prueban por sí mismas que exista una relación entre aquellas votaciones y los cargos recibidos. Sin embargo, sí muestran un patrón político. Buena parte de las figuras opositoras que acompañaron al chavismo en una de las decisiones más sensibles del último período legislativo hoy forman parte del aparato estatal o fueron impulsadas por el gobierno para ocupar puestos de relevancia.

Caso por caso
Los exdiputados que votaron en contra de levantar la inmunidad de Chaves en las dos ocasiones y que hoy ocupan puestos relacionados con el gobierno son Carolina Delgado, del PLN; Yonder Salas y Olga Morera, del PNR; y Carlos Andrés Robles, María Marta Carballo, Melina Ajoy y Horacio Alvarado, del PUSC.
En tanto, la exdiputada que se ausentó a una de las votaciones fue Sonia Rojas, del PLN.
Este es el detalle de cada uno de ellos y el nuevo puesto que ocupan en la administración pública:
1. Carolina Delgado
Carolina Delgado, exdiputada y exprecandidata presidencial del PLN, ahora es presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
La presidenta Fernández anunció el nombramiento de Delgado desde mayo pasado, en un acto en el que se le anunció como alguien que demostró “que no le tiembla la mano para defender sus convicciones, que no se casa con colores políticos y que sabe cómo se toman las decisiones”.
2. Carlos Andrés Robles
Carlos Andrés Robles, exdiputado del PUSC, fue anunciado inicialmente como nuevo presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Incopesca), pero no cumplía los requisitos académicos y finalmente fue nombrado exclusivamente como ministro sin cartera de Costas y Mares.
3. María Marta Carballo
María Marta Carballo, exdiputada del PUSC, ahora ocupa la dirección de los Centros de Educación y Nutrición y de los Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-cinai), dentro del Ministerio del Ministerio de Salud Pública.
La designación la anunció la propia Carballo por medio de sus redes sociales, el 25 de mayo de 2026.
4. Melina Ajoy
Melina Ajoy, también excongresista socialcristiana, fue seleccionada como nueva directora de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud.
Su nombramiento trascendió desde junio pasado.
5. Yonder Salas
Yonder Salas, exdiputado del PNR, asumió como nuevo director regional Huetar Caribe del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
6. Olga Morera
Olga Morera, también del PNR, fue nombrada como asesora del presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Según trascendió en la prensa, labora en la entidad pública desde junio y devenga un salario cercano a los ¢4,3 millones mensuales.
7. Horacio Alvarado
El último en sumarse a la lista fue Horacio Alvarado, exdiputado del PUSC, quien fue destacado por el Gobierno como nuevo embajador del país en Guatemala a partir de este mes de agosto.
Alvarado sustituye a Erick Ulate, quien había sido cesado desde junio por el Ejecutivo.
8. Sonia Rojas
Sonia Rojas, exdiputada del PLN, trabaja desde mayo como asesora del ministro de Educación, Leonardo Sánchez.
Rojas fue diputada del PLN hasta enero de 2026, cuando esa agrupación política decidió separarla por “pérdida de confianza”, después de que se ausentó de forma inesperada a la segunda votación para retirar la inmunidad de Chaves, alegando un procedimiento estético.
Sin nombramiento
Los diputados de oposición que votaron en contra de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves fueron 13 en total.
Los seis que no ocupan puestos conocidos en instituciones relacionadas con el Ejecutivo son Fabricio Alvarado, José Pablo Sibaja, David Segura y Rosalía Brown, de Nueva República; Leslye Bojorges, del PUSC; y Gilberth Jiménez, quien fue electo por el PLN pero se terminó declarando independiente desde mayo de 2025, en medio de cuestionamientos por su cercanía con el oficialismo y luego de perder las elecciones internas del PLN como precandidato.
Jiménez sí fue contemplado por el Gobierno como una de las tres personas postuladas para presidir el Sistema de Integración Centroamericana (SICA); sin embargo, la entidad lo descartó. El cargo finalmente lo obtuvo Lina Ajoy, diplomática de carrera y hermana de la exdiputada socialcristiana Melina Ajoy.
Los 13 exdiputados opositores que votaron en contra de levantar la inmunidad de Chaves fueron claves en una Asamblea Legislativa donde el oficialismo solo tenía ocho legisladores oficialistas. Con esa suma, el Gobierno logró consolidar 21 votos en contra de quitarle el fuero al entonces mandatario e impedir que la oposición, a pesar de que era mayoría, lograse alcanzar los 38 votos necesarios.
La fracción entera del PNR había tomado la decisión de rechazar el desafuero del expresidente Chaves, alegando que podía beneficiar su narrativa de una supuesta persecución política en plena campaña electoral, entre otros motivos. En cambio, los diputados del PUSC y del PLN rompieron sus líneas de fracción y actuaron en contra de lo que pedían sus candidatos a la Presidencia.
El expresidente del PUSC y excandidato presidencial de ese mismo partido, Juan Carlos Hidalgo, incluso llegó a acusar a los exdiputados socialcristianos que votaron en contra de enjuiciar a Chaves de haber antepuesto “sus intereses personales mediante negociaciones con el gobierno”.
La mayoría de los exdiputados nombrados por el Ejecutivo o instituciones públicas, sin embargo, han rechazado que sus designaciones respondan a negociaciones o acuerdos políticos. En cambio, han dicho a la prensa, atribuyen sus contrataciones a sus propios méritos y experiencias profesionales.
