El uso de nuevas tecnologías le permitió al Ministerio de Hacienda descubrir un entramado de sociedades y personas que se dedicaban a comprar y vender facturas, con el fin de simular operaciones y pagar menos impuestos. En total, se detectaron comprobantes falsos por unos ¢80.000 millones en favor de unos 200 contribuyentes.
El hallazgo revela un doble mensaje: la administración tributaria empieza a ganar herramientas para identificar fraudes complejos, pero todavía enfrenta limitaciones estructurales que condicionan su capacidad de gestión y de cobro.
La Dirección General de Tributación (DGT) utilizó sistemas de análisis de datos —como el Microsoft Anomaly Detector— para cruzar información y detectar inconsistencias en las facturas y las declaraciones. Según Hacienda, este tipo de herramientas permite identificar patrones que antes pasaban desapercibidos.
No obstante, el avance tecnológico no elimina otros problemas de fondo: el sistema tributario costarricense sigue dependiendo en gran medida de la buena voluntad de los contribuyentes y la opacidad sigue caracterizando a gran parte de su información financiera y contable.
¿Cuántos “dientes” tiene realmente el fisco costarricense para garantizar el cumplimiento tributario?
Confianza y pocos recursos
El pago de impuestos en Costa Rica se rige por el principio de “autodeterminación”: son los propios contribuyentes quienes declaran sus ingresos y calculan lo que deben pagar al fisco.
A partir de ahí, la tarea de Hacienda consiste en verificar, detectar incumplimientos y perseguir a quienes no pagan.
Ese diseño implica una limitación de origen. Tal como lo resumió el exministro de Hacienda, Nogui Acosta, la administración debe concentrarse en “perseguir a los omisos y a los morosos”, en lugar de tener un control directo sobre las operaciones de interés tributario desde el inicio.
Esas palabras las usó en una entrevista con EF publicada en enero de 2025, cuando todavía estaba al frente de la cartera.
A esa lógica se suma una restricción operativa: el personal disponible para fiscalizar es reducido.
El director general de Tributación, Mario Ramos, señaló que la institución cuenta con apenas 30 inspectores para vigilar a los mil grandes contribuyentes, que aportan cerca del 70% de la recaudación del impuesto de renta, y apenas se suman otros 67 agentes —jefaturas incluidas— para los otros cientos de miles de obligados tributarios adicionales.
Esta desproporción obliga a Hacienda a priorizar. La estrategia pasa por identificar y dar seguimiento a los contribuyentes más riesgosos, en lugar de intentar un control generalizado.
Tecnología como multiplicador
En ese contexto, la aplicación de nuevas tecnologías digitales ha implicado un avance significativo para la administración tributaria.
La cantidad de auditores es “limitada”, según reconoce el propio Ramos. Pero las nuevas herramientas digitales ahora hacen que sea más fácil identificar a los contribuyentes que realizan “maniobras complicadas” y “hacer fiscalizaciones de una manera un poco más rápida y más asertiva”.
El reciente descubrimiento del fraude con facturas falsas por ¢80.000 millones es el ejemplo más reciente y, según Ramos, no debería ser el último.
“Las herramientas no nos sirven para hacer las fiscalizaciones específicamente, pero sí nos sirven para identificar a los contribuyentes que podrían ser más riesgosos. Con base en eso, podemos hacer un poquito más eficientes las fiscalizaciones”, subrayó.
Según datos de Tributación, fiscalizaciones similares aplicadas en 2025 permitieron recuperar alrededor de ¢8.000 millones deducidos de forma irregular por comprobantes electrónicos sin sustento real.
¢8.000 millones representa una cifra relativamente pequeña para Costa Rica, donde el presupuesto nacional casi alcanza los ¢13 billones. Sin embargo, Hacienda considera que el impacto definitivo de las herramientas digitales vendrá con mayores niveles de cumplimiento voluntario y fiscalizaciones más complejas, conforme se consoliden los nuevos sistemas digitales y su integración.
Límites que persisten
A pesar de estos avances, hay áreas donde la capacidad de Hacienda sigue siendo muy reducida.
Uno de los principales vacíos es el control de las transacciones en efectivo o fuera del sistema formal, que operan sin facturas ni registros, y son casi imposibles de detectar para la administración tributaria.
El tema se vuelve más complejo con plataformas como el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), a través del cual se movieron unos ¢12,5 billones en 2025, sin que Hacienda pueda determinar cuál porción de ese dinero podría corresponder a transacciones comerciales no declaradas.
Una de las principales limitaciones para controlar este tipo de transacciones es el secreto bancario que protege la confidencialidad de las operaciones financieras de los costarricenses. En el país, solo se puede levantar ese velo por orden judicial, frente a la existencia de investigaciones penales o casos específicos de delincuencia organizada.
Para Rudolf Lücke, actual ministro de Hacienda, el acceso a más información por parte de la administración tributaria es un debate pendiente, aunque sea de forma restringida o anonimizada.
Según dice, no se trata de que Hacienda “sepa cuánta plata tiene la gente”, pero sí de que pueda analizar patrones sospechosos o irregulares. “Si tuviéramos acceso a más información”, declaró, “sería aún más fácil hacer un cobro efectivo de los impuestos”.
Un problema de escala
El reto no es un problema menor y así lo evidencian las cifras disponibles.
Según las últimas estimaciones sobre el incumplimiento tributario en Costa Rica —basadas en datos hasta 2021 y publicadas en 2024— la evasión del IVA equivale a un 2,94% del PIB, mientras que la del impuesto sobre la renta alcanza un 2,72%.
En conjunto, esos incumplimientos representan un 40% adicional de lo que efectivamente recaudó el Estado en 2021.
En otras palabras, incluso mejoras parciales en la capacidad de control podrían tener un impacto significativo en los ingresos públicos.
El debate de fondo
Estas cifras han sido utilizadas por el Ministerio de Hacienda para impulsar cambios legales que amplíen sus herramientas de fiscalización.
El ministro Lücke considera que el nuevo gobierno de la presidenta Laura Fernández, con mayoría legislativa, podría finalmente aprobar reformas que han enfrentado resistencia en el Congreso.
Entre ellas, está el proyecto de Fortalecimiento del Control Tributario que impulsó sin éxito la actual administración, el cual planteaba varios cambios al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Puntualmente, buscaba ampliar la responsabilidad de socios y administradores en estructuras utilizadas para evadir impuestos, simplificar los procesos de fiscalización, endurecer algunas sanciones y permitir el cobro de deudas por la vía administrativa, sin depender de largos procesos judiciales.
La iniciativa no logró trascender en la actual Asamblea Legislativa, dominada por la oposición. Los diputados se mostraron escépticos a dar más poderes a la Hacienda: un órgano directamente del gobierno, susceptible a usar su poder con fines políticos y no solo técnicos.
El debate trasciende lo tecnológico. El sistema impositivo costarricense se sigue basando en la confianza, pero surgen dudas sobre si es suficiente.
