EscucharTres años después de la promesa de Rodrigo Chaves, los costarricenses siguen esperando que los medicamentos realmente bajen de precio. El plan anunciado por la administración se quedó atrapado en el papel, sin traducirse en alivio para los bolsillos.
Una muestra clara de la situación la dio el propio Chaves, al admitir que “el plan de los medicamentos no nos funcionó” durante una entrevista en el canal Multimedios.
La evidencia estadística también lo respalda: de mayo de 2022 al mismo mes de este año, los precios de los medicamentos y productos relacionados con la salud aumentaron un 4,8%.
En particular, los anticonceptivos subieron un 17,9% y los medicamentos para el asma un 15%, según datos recolectados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para calcular la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según la Encuesta Actualidades 2024 de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, cerca del 40% de los ticos compra medicamentos en farmacias privadas. No existen estudios oficiales sobre el tamaño de ese mercado.
El gobierno intentó cumplir su promesa al emitir tres decretos: uno para homologar registros sanitarios (43.590-S), otro que habilita la importación paralela de medicamentos por parte de cualquier droguería (43.657-S) y uno más que fija un margen bruto máximo de comercialización (44.863-S) que entró a regir en febrero pasado.
La efervescencia inicial por precios más bajos en las medicinas se desvanece lentamente. A continuación, El Financiero detalla las principales acciones tomadas, sus objetivos y los obstáculos que enfrentaron las propuestas en su ejecución.
Intención clara
La promesa de abaratar los medicamentos se convirtió en uno de los pilares que dieron sustento a la propuesta de Rodrigo Chaves para aliviar el costo de la vida, planteada desde su campaña presidencial.
Los debates y las entrevistas a medios de comunicación se convirtieron en el escenario donde tomó fuerza la iniciativa de ofrecer medicinas a un valor accesible para el bolsillo. En abril de 2022, justo antes de la toma de poder de Chaves, la variación interanual de los medicamentos y productos relacionados con la salud se situó en 4,5%. Esa variación interanual es prácticamente la misma tres años después, ya que se sitúa en 4,85%.
“¿Usted sabe con quién hay que comerse la bronca para beneficiar a cinco millones de costarricenses? Con cuatro agroindustriales en el caso del arroz, con 20 importadores en el caso de las medicinas y con otros cuatro importadores en el de los agroquímicos”, dijo Chaves en un debate presidencial, organizado por Televisora de Costa Rica.
Durante su campaña, el mandatario mencionó en reiteradas ocasiones que el país estaba “mal administrado”. Bajo esa premisa, el ahora presidente propuso cinco decretos con la intención de fomentar una mayor cultura de competencia en ciertos mercados: arroz, los medicamentos, los agroquímicos, replantear la canasta básica tributaria que tiene una tarifa reducida del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y reordenar cuestiones administrativas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para bajar el precio de la luz.
Puesta en marcha
Un mes después de asumir la presidencia, Rodrigo Chaves dio el primer paso concreto para cumplir su promesa: firmó el decreto 43.590-S. En él se establecía un nuevo procedimiento para homologar o reconocer el registro sanitario de medicamentos aprobados por agencias internacionales parte del Consejo Internacional de Armonización de Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos de Uso Humano (ICH, por sus siglas en inglés).
El objetivo era claro: acelerar el ingreso de medicamentos al mercado nacional. Para ello, se permitía la homologación mediante una declaración jurada y se fijaba un plazo máximo de 30 días naturales para su aprobación. Los medicamentos podían ser de origen japonés, estadounidense, europeo, chino, canadiense, coreano, brasileño, entre otros países miembros del ICH.
Sin embargo, la iniciativa no tardó en enfrentar su primer revés. Dos años después, la Sala Constitucional anuló el decreto al considerar que violaba el principio de razonabilidad, ya que eliminaba por completo la posibilidad del Estado de exigir estudios clínicos al registrar medicamentos extranjeros.
Pese a este traspié, el Gobierno mantuvo viva otra de sus apuestas: el decreto 43.657-S, el cual permite la importación paralela de medicamentos por parte de droguerías sin autorización del titular. Esta normativa, vigente desde 2023, busca ampliar la oferta y reducir los precios al facilitar el ingreso de productos desde cualquier país.
No obstante, el impacto de esta medida ha sido limitado. José Gatgens, presidente del Colegio de Farmacéuticos, indicó que los tiempos de espera para obtener un registro sanitario entorpecen el proceso de disminución de los precios.
“Cuando usted puede durar hasta 18 o 24 meses en sacar un permiso sanitario, disminuye toda esa capacidad de tener mayor disponibilidad de acceso a medicamentos para el paciente”, dijo Gatgens.
Mientras las expectativas por una rebaja tangible seguían en el aire, en febrero anterior entró a regir el decreto 44.863, que regula el margen máximo de comercialización bruto de todos los medicamentos registrados ante el Ministerio de Salud.
La medida apuntó directamente a las ganancias de las cadenas de distribución calificadas de “excesivas”. Francisco Gamboa, exministro de Economía, Industria y Comercio, afirmó en ese momento que las cadenas mayoristas en Costa Rica operaban con márgenes de hasta un 85%, muy por encima del 17,2% que reflejan estándares internacionales.
Con el nuevo decreto, el Gobierno fijó techos: los mayoristas solo podrían aplicar márgenes entre un 11% y un 28%, según el grupo terapéutico del medicamento; mientras que los minoristas tendrían un rango permitido entre el 25% y el 43,5%.
Pero esta medida aún no se traduce en una rebaja sobre el precio final hacia los consumidores.
“Con este decreto (44.863), algunos productos farmacéuticos han dejado el país o ya no se venden porque el margen de ganancia es tan chico que ya no pueden tenerlo acá disponible y eso también le quita acceso a mayor cantidad de medicamentos a los costarricenses”, aseguró Gatgens.
¿Se acabó?
Rodrigo Chaves aceptó que su plan de reducir el precio de los medicamentos no funcionó. La caída de su primer decreto y el inexistente éxito de las iniciativas que siguen en pie son la muestra de que a menos de un año del cierre de su mandato no logró su promesa.
Grupo Dokka -al cual pertenecen las farmacias Fischel y La Bomba- indicó meses atrás que para hallar una solución es esencial contar con un diagnóstico preciso y completo que permita identificar causas raíz.
De hecho, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) señaló en su “Estudio del sector farmacéutico en Costa Rica” las cuatro razones que hacen a los medicamentos más caros en el país:
- Costa Rica depende de las decisiones que ocurren en el sitio de origen de sus proveedores y el pago de aranceles por su condición de importador.
- Falta de armonización regulatoria a través de las normativas nacionales que no están alineadas con estándares internacionales.
- Poca presencia de medicamentos genéricos, los cuales contienen precios más accesibles al bolsillo.
- Tramitología demorada en el registro sanitario.
De momento, solamente los medicamentos para tratar la gastritis y para tratar la tos experimentaron reducción en sus precios, según el IPC (4,8% y 4,5%, respectivamente). Los demás 19 medicamentos que analiza el INEC cada mes continúan con subidas en sus precios.
