El resultado de las elecciones presidenciales y legislativas del 1.° de febrero pasado produjo un “reordenamiento político decisivo” en Costa Rica. Así lo evaluó la calificadora de riesgo Moody’s Ratings, en un informe publicado tras la holgada victoria de Laura Fernández y el Partido Pueblo Soberano (PPSO).
En el documento, la entidad indicó que la nueva administración tendría capacidad de aprobar reformas fiscales y de financiamiento que se han atascado por años, gracias al control simultáneo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Moody’s también señaló que este nuevo escenario abre la puerta a reformas relevantes en materia de seguridad, lo cual podría reforzar así el perfil crediticio soberano del país.
“Aunque el partido (oficialista) no alcanza la supermayoría de 38 escaños necesaria para reformas constitucionales, su mayoría simple y el fin del bloqueo legislativo probablemente permitirán una tramitación más expedita y una mayor flexibilidad en la política fiscal y financiera”, evaluó la entidad,
No obstante, también destacó cómo la ausencia de una supermayoría mitiga “el riesgo de un deterioro del marco institucional”.
En el plano fiscal y de financiamiento, Moody’s señaló como “probable” que Fernández y su gobierno impulsen reformas relacionadas con el endeudamiento público, en áreas como la gestión fiscal y el financiamiento externo:
“Una propuesta de reforma constitucional que otorgue mayor flexibilidad permanente al gobierno en el financiamiento externo reduciría los riesgos de liquidez y respaldaría el fortalecimiento fiscal”, señaló en su informe.
Venta del BCR
Moody’s también analizó la propuesta de Fernández de retomar el proceso de venta del Banco de Costa Rica (BCR).
La calificadora analizó el asunto con una perspectiva conservadora, tomando en cuenta que hay “resistencia política de larga data” y “el apetito de los compradores es incierto” por dos motivos, principalmente.
Según detalló, “la solidez crediticia del BCR depende en gran media de sus vínculos con el gobierno” y “el interés internacional por exposición a la banca centroamericana ha sido limitado”.
Por último, la entidad también hizo un pequeño análisis sobre el sector de las telecomunicaciones, del cual espera continuidad en la política pública sobre redes 5G e infraestructura.
El informe de Moody’s no representa una acción de calificación por parte de la compañía internacional; sin embargo, sí refleja una lectura positiva de la entidad sobre el nuevo escenario político del país y su impacto en la capacidad de gestión del Gobierno.
