El sistema policial costarricense no es sencillo. En lugar de concentrar todas las funciones de seguridad en una sola institución, el país las distribuye en distintos cuerpos policiales con responsabilidades específicas e incluso bajo poderes de la República diferentes.
Ese diseño puede parecer más complejo que el de otros países, pero responde a una decisión institucional tomada hace más de medio siglo: separar la prevención del delito de la investigación criminal para especializar ambas tareas y reforzar la independencia de las pesquisas penales.
En este artículo, le explicamos cómo funciona el sistema policial de Costa Rica en términos generales, por qué el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) terminó ubicándose fuera del Ministerio de Seguridad y cuáles son las consecuencias de ello.
¿Qué policías existen en Costa Rica?
Aunque popularmente se habla de “la policía”, Costa Rica cuenta con dos grandes subsistemas policiales nacionales que cumplen con funciones distintas.
Por un lado están las policías a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, incluidas la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, la Policía de Control de Drogas, el Servicio Nacional de Guardacostas y el Servicio de Vigilancia Aérea.
Por otro lado, está la policía adscrita al Poder Judicial: el OIJ.
Además de estos cuerpos, existen otros de menor tamaño. Actualmente existen más de 30 policías municipales en cantones de las siete provincias, las cuales funcionan como auxiliares de la Fuerza Pública. Además, la Presidencia de la República dispone de un organismo propio de inteligencia (la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional) y un cuerpo especial de alto riesgo (la Unidad Especial de Intervención).
También existen policías especializadas en centros penitenciarios, migración, tránsito y cuestiones fiscales, adscritas a otras dependencias del Gobierno, diferentes de Seguridad.
¿Cuál función cumple cada policía?
Las policías a cargo del Poder Ejecutivo tienen la misión de prevenir delitos, patrullar, mantener el orden público, proteger a las personas y actuar de inmediato cuando ocurre una emergencia o un delito en flagrancia.
En tanto, la policía judicial no patrulla ni previene delitos, sino que se encarga de perseguir los que ya ocurrieron. Sus agentes buscan evidencia, realizan allanamientos, practican diligencias de investigación y trabajan junto con el Ministerio Público para identificar responsables y aportar las pruebas que posteriormente valoran los jueces.
En palabras sencillas, mientras las policías del Gobierno buscan impedir que los delitos ocurran, el OIJ procura reconstruir cómo ocurrieron los delitos que no se pudieron evitar.
Datos presupuestarios del Ministerio de Seguridad indican que hay unos 17.000 oficiales adscritos a esa cartera: unas seis veces más que el personal de la policía judicial, que apenas supera los 3.000 agentes.
¿Desde cuándo existen ambas policías?
La existencia de los dos grandes cuerpos policiales —uno adscrito al Poder Ejecutivo y otro al Poder Judicial—, sin embargo, es relativamente reciente.
Durante los primeros años de independencia, las autoridades policiales de Costa Rica dependían mayormente de los gobiernos locales, trabajaban de manera rudimentaria y no existía una clara separación del aparato militar, según describe el historiador Carlos Jiménez en un artículo académico relacionado con la materia.
Las funciones de la policía se empezaron a ordenar a mediados del siglo XIX, con el primer Reglamento de Policía; el Ministerio de Seguridad Pública sustituyó al Ministerio de Guerra en 1923; y hubo que esperar hasta 1948, tras la abolición del Ejército, para que la Guardia Civil se convirtiera en la principal fuerza policial del país, origen de la actual Fuerza Pública.
El surgimiento del OIJ, sin embargo, no llegó hasta junio de 1973. Antes, las pesquisas en materia penal las desempeñaba la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) del Ministerio de Seguridad.
¿Por qué se creó el OIJ?
El OIJ se creó luego de años de cuestionamientos técnicos e institucionales.
Desde el punto de vista técnico, el magistrado Stanley Vallejo, uno de los principales precursores del OIJ, consideraba esencial crear una policía científica capaz de utilizar laboratorios, peritajes y técnicas avanzadas para esclarecer los delitos, en lugar de otros métodos improvisados que eran comunes hasta entonces.
Según describía, la policía anterior al OIJ estaba compuesta mayormente por “investigadores mal seleccionados, pésimamente pagados y sin preparación para el cargo” que terminaban dependiendo de “soplones” y hasta métodos de “tortura” para resolver los crímenes, lo cual redundaba en niveles “sumamente bajos” de esclarecimientos.
Vallejo también defendía sacar la investigación criminal del Poder Ejecutivo por razones de independencia. Entre ellas, que los agentes ya no serían seleccionados y cambiados por cada gobierno de turno y que, estando en el Poder Judicial, podrían especializarse y relacionarse directamente con los jueces y los fiscales que llevaban los casos.
El exmagistrado cuestionaba que hasta aquel momento era común que los agentes cambiaran cada cuatro años, dependiendo “los embates de la política” y “la causa triunfante”.
Las posturas de Vallejo, quien falleció en el 2001, constan en una vieja transcripción de un discurso suyo ante el Colegio de Abogados en 1974 que todavía se puede leer en el archivo digital del propio OIJ.
Antes de la existencia del OIJ, el Poder Judicial ya había impulsado la creación del Organismo Médico Forense, diez años atrás, el cual tenía una pequeña sección de criminalística para llenar los vacíos policiales anteriores y que se terminaron haciendo todavía más visibles con la entrada en vigor del Código Penal de 1970.
La creación del OIJ, sin embargo, no fue sencilla. El entonces ministro de Seguridad Pública, Fernando Valverde Vega, se opuso férreamente a la creación de la nueva entidad y el proyecto de ley incluso fue vetado por el gobierno de José Figueres Ferrer. Sin embargo, terminó siendo resellado y aprobado por el Congreso.
¿Por qué el modelo costarricense es distinto?
Muchos países occidentales distinguen entre grupos de policías dedicados a la seguridad pública y cuerpos o unidades especializadas en investigación penal; sin embargo, no es común que estas últimas formen parte orgánicamente del Poder Judicial.
Es más normal que la policía de investigación siga adscrita al Poder Ejecutivo en sus ministerios de Interior, Justicia o equivalentes; pero que, cuando investigan causas puntuales, queden subordinadas a los jueces y los fiscales específicos.
Por eso, Vallejo consideraba que el modelo costarricense sería exitoso e innovador, pero que al mismo tiempo continuaría siendo objeto de disputa “permanente”.
El diseño costarricense busca reducir la influencia política sobre la persecución penal mediante la separación de las policías entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
La Corte Suprema incluso se encarga de nombrar al fiscal general (jefe del Ministerio Público) y al director del OIJ, a diferencia de lo que pasa en otras regiones del planeta, donde ese tipo de cargos suelen quedar en manos de gobernantes y congresistas.
La independencia institucional del OIJ, sin embargo, tampoco significa que sea completamente ajeno al Gobierno. Como parte del Poder Judicial, su financiamiento depende de los recursos asignados mediante el Presupuesto Nacional, elaborado por el Ejecutivo y aprobado por la Asamblea Legislativa.
En los últimos años, precisamente, las discusiones sobre el financiamiento del Poder Judicial —constantemente recortado por el Gobierno de la República— han reavivado el debate sobre la permanencia del OIJ y del Ministerio Público en el Poder Judicial.
Uno de esos cuestionamientos lo lanzó recientemente la presidenta Laura Fernández, el 18 de mayo pasado, después de una reunión con las principales autoridades judiciales. Cuando los jerarcas del sistema de justicia advirtieron que su presupuesto no ha crecido de la misma manera que las tareas que le han asociado, la mandataria aseguró que convendría analizar ese “otro montón de cosas que le metieron al Poder Judicial y que tal vez no deban pertenecer a ese poder” de la República.
Fernández no habló directamente del OIJ, pero sí lo han hecho otras figuras del oficialismo como la exdiputada y actual asesora de comunicación de la presidenta, Pilar Cisneros. La excongresista llegó a decir que si el oficialismo lograba conseguir 38 diputaciones podría sacar al OIJ, al Ministerio Público y a la Sala Constitucional de la Corte.
El actual director de la policía judicial, sin embargo, asegura que un movimiento de ese tipo sería un retroceso rotundo para la democracia costarricense. Según describió Michael Soto, quien también ha sido ministro de Seguridad, que el OIJ esté bajo la sombrilla del Poder Judicial “hace más robusto al sistema democrático costarricense” porque le “da la independencia de hacer cualquier investigación” sin presiones ni consideraciones políticas.
El sistema policial costarricense es complejo, pero fue diseñado a propósito de esa manera.
