El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió por primera vez a la detención de la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, y la investigación de la Fiscalía en torno a una contratación entre esa institución y varias cooperativas para la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) y 10 áreas de salud.
Chaves habló en la conferencia de prensa de este miércoles 25 de setiembre, con el Gabinete y la fracción oficialista en media luna a sus espaldas.
En su alocución inicial, Chaves acuerpó a Esquivel y defendió el contrato investigado. El mandatario aseguró que la contratación no está en firme y que, más bien, está en revisión por la Contraloría General de la República (CGR). También mencionó que no ve indicios de ilegalidad ni de afectación a las finanzas de la CCSS.
El mandatario también volvió a cargar contra la Fiscalía y tachó de “grave error” el procedimiento que ejerció en el caso de Esquivel.
“Lo que hizo la Fiscalía fue montar un show (...). ¿Era necesario hacer uso desproporcionado de violencia, violencia ejercida por quien tiene que custodiar nuestra legalidad?”, lanzó.
Las críticas de Chaves contra la Fiscalía se elevaron en las últimas dos semanas no solo por el reciente caso de la CCSS, sino también luego del allanamiento del Ministerio de Salud como parte de la investigación del cierre del Parque Viva, propiedad de Grupo Nación, editor de los medios El Financiero, La Nación y La Teja.
Cuestionado sobreprecio
El caso en cuestión hace referencia a la adjudicación que se concretó el 6 de julio pasado, en favor de cinco cooperativas (Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco), para administrar 138 Ebais y 10 áreas de salud.
La decisión se tomó en una sesión extraordinaria de la junta directiva, por medio de un procedimiento especial llamado “figura de hecho”. Este sirve para conocer asuntos urgentes, aún cuando no se puede garantizar el cuórum necesario del órgano director. Por aquel entonces, la junta directiva de la Caja no podía sesionar normalmente, pues los representantes del bloque laboral José Luis Loría y Maritza Jiménez habían dejado sus cargos, por renuncia y por destitución, respectivamente.
La licitación finalmente se concretó y se plasmó en un convenio por¢471.000 millones en un período de 10 años.
Según las autoridades judiciales, las supuestas irregularidades contractuales habrían derivado en un “millonario sobreprecio” en favor de clínicas privadas, a pesar de que Esquivel y otros funcionarios de la institución defendieron el proceso en semanas recientes.
La Fiscalía detalló que la investigación se desarrolla en contra de la junta directiva de la Caja en el período de febrero de 2023 a 2024, por los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
