Hace tres décadas, la economía costarricense era completamente distinta a la que vive el país hoy. No existían los Tratados de Libre Comercio (TLC), la economía era centralizada y el modelo imperante era el de sustitución de importaciones, que se basa en subsidios, impuestos a las importaciones y un tipo de cambio elevado.
Unos años antes, el mundo empezó a cambiar y se dirigió contrariamente a la tendencia reinante en América Latina, dando paso al libre mercado, con precios regidos por la oferta y demanda, libre competencia y menos impuestos. Costa Rica se montó en el tren después.
Previo a los TLC, las políticas buscaban proteger a los productores nacionales, a pesar de que esas protecciones afectaran el precio final que pagaba el consumidor. Hoy, el país tiene 14 tratados de libre comercio vigentes. De esos, 13 entraron en vigencia después del año 2000.
A casi dos décadas de tratados vigentes, con países de varios continentes, características heterogéneas y cientos de productos para negociar, los últimos años han dejado entrever una nueva ola proteccionista en el esquema nacional.
Más que el TLC
Aunque es tal vez, el más mediático de los tratados, el proceso de inserción de Costa Rica en esta economía globalizada no inicia con el TLC con los Estados Unidos (Cafta por sus siglas en inglés).
La presencia de los tratados en Costa Rica, no solo aumentan las exportaciones e importaciones, sino que han sido clave para que el país construya una plataforma para captar inversión extranjera directa, según Fernando Ocampo, exviceministro de Comercio Exterior y negociador de los tratados con Estados Unidos, China y la Unión Europea.
Estas inversiones son además, garantes de empleo, según Ocampo.
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Los 14 tratados de libre comercio internacional a los que está asociado el país, son variados en cuanto a productos y resultados. En total, más de una treintena de países entran a comerciar libremente con Costa Rica. Solo en el 2016, el país exportó más de $9.900 millones como consecuencia de estos acuerdos.
Estados Unidos, Centroamérica y la Unión Europea, son los destinos a los que más se venden productos, dentro de los que destacan los dispositivos médicos, el banano, la piña y el café
Los tratados amplían y dan una base de seguridad jurídica mayor, según Randall Benavides, director de la Cámara de Importadores de Productos Perecederos. Para otros, como José María Villalta, diputado del Frente Amplio, representan un abandono del productor nacional.
El hecho de que se firmen estos acuerdos no garantiza que la aplicación sea eficaz. Algunos de los problemas que enfrentas los empresarios, son el exceso de tramitología para la entrada y salida al país, de los productos. También la dificultad para obtener permisos, Estos “peros”, aparecen antes de la comercialización, entonces se pierde el trato igualitario, según Benavides.
Proteccionismo se vuelve a asomar
“La posición que traigo al Ministerio es proteger la producción nacional, con todos los instrumentos jurídicos y técnicos que nos dan los marcos de los tratados”. Esas fueron las declaraciones de Renato Alvarado, nuevo jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), menos de una semana después de asumir su nuevo cargo.
Las palabras bastaron para encender las alarmas. "Las manifestaciones son desafortunadas, para los que siguen confiando en el libre comercio. La importancia que tienen las exportaciones y la atracción de inversión, para el país, no pueden ponerse en juego", según Ocampo.
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Otros sectores, por el contrario, consideran que hablar de proteccionismo, es exagerado. "Los tratados dan reglas del juego claras, que se aplican desde hace años en el país. Estas reglas significan, niveles de apertura comercial, sumamente altos. Más incluso que los que manejan los países considerados potencias", según Villalta.
El incremento de barreras no arancelarias es una de las críticas de los opositores al discurso del Gobierno. Hay quienes también argumentan que durante la última administración, se dieron reglamentaciones técnicas poco claras que buscan poner requisitos a la importación de ciertos productos.
Un claro ejemplo es el aguacate.
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Tras más de tres años de prohibición de importaciones de aguacate Hass, proveniente de nueve mercados internacionales, el precio de la fruta ha subido considerablemente. Esta medida, que según el Servicio Fitosanitario del Estado, es para evitar la entrada de una enfermedad de la fruta en esas regiones, ha calado en el bolsillo de los consumidores.
Sin embargo, durante esta veda, la producción y exportación de aguacate producido en Costa Rica, ha aumentado.
Las medidas adoptadas por el último gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), que parecen tener eco en esta nueva administración, son más bien vistas como positivas por los productores agrícolas.
Entre ellas está relanzar el MAG y darle un papel mayor en el apoyo al sector del agro, que no se ha beneficiado tanto de los tratados. El cambio es ligero, sin llegar a ser estructural.
Estas declaraciones que se empiezan a asomar en el país, también tienen homólogos internacionales. Europa, Estados Unidos, India y China, tienen mecanismos para apoyar a la producción, por ejemplo, subsidios internos que no se incluyen en el marco de los tratados.
El caso del presidente Trump, en Estados Unidos, es tal vez el más llamativo. El más reciente ejemplo son los aranceles al aluminio y acero importado.
Compromisos ya adquiridos
Dentro de los 14 tratados internacionales vigentes para Costa Rica, uno de los puntos que sobresale, es el de los compromisos adquiridos por el país.
Un ejemplo claro, es la desgravación arancelaria. Con la firma del Cafta, Costa Rica prometió someter a varios productos presentes en el tratado a un proceso de eliminación de impuestos para la importación.
En la firma del tratado, se negociaron hasta 20 años de tiempo para que los impuestos sobre algunos productos más sensibles bajaran a cero. Arroz, lácteos, carne de cerdo, pollo y frijoles, fueron algunos de los productos considerados en el momento.
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El plazo para la desgravación máxima para los productos señalados en el Cafta, vence en el 2026. Los primeros 10 años (hasta 2016), pasaron sin ninguna rebaja a los impuestos. Durante los siguientes 10 (hasta 2026), se realizarán rebajas paulatinas, hasta llegar a cero.
El propósito del plazo, era tomar las medidas necesarias para que esos productos sensibles, fueran más competitivos.
Tal proceso no se llevó a cabo como se debía y no ha tenido los resultados esperados. En esto coinciden los distintos sectores.
Durante estos diez primeros años, el tiempo no fue aprovechado en implementar el desarrollo de mejor y nueva agricultura e investigando en nuevos desarrollos agrícolas. No se habla de cómo mejorar la productividad de cara a la nueva competencia latente, cuando los aranceles lleguen a cero.
La parte que no se aplica de los tratados, son los mecanismos de defensa comercial. Según Villalta, esto debería estar fuera de las manos del Comex.
La institucionalidad nacional, en esa área, no permite promover salvaguardias, denunciar prácticas de competencia desleal y otros, facilmente. Esto podría ayudar a los productores nacionales a prepararse para la libre competencia, según el diputado del Frente Amplio.
Hay sectores sensibles, que van a sufrir el cumplimiento del plazo de los procesos de desgravación, que deja el TLC con Estados Unidos, a pesar de los 20 años de gracia.
Para algunos, las muestras de proteccionismo son vistas como “discursos desafortunados” y retrocesos a una economía superada hace ya más de tres décadas. Para otros, son apenas pequeñas medidas para intentar compensar a productores que se han visto afectados y “abandonados” en los procesos posteriores a los TLC.
