Con el objetivo de modernizar el Instituto Costarricense de Café (Icafé), el sector cafetalero presentará un nuevo texto sustitutivo para actualizar la Ley de Creación del Régimen de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y Exportadores de Café (2762). El proyecto (expediente 21.163) busca que el pequeño productor de café tenga herramientas innovadoras a la mano para procesarlo y entregarlo.

En Costa Rica existen cerca de 45.000 productores de café de diversa escala, con un área promedio de cultivo de 3,23 hectáreas por finca. La mayoría de estos, de acuerdo con datos del Icafé, son productores pequeños, con entregas de máximo 100 fanegas al año (25.000 kilogramos, aproximadamente).

Es justamente a esos micro y pequeños productores a quienes más beneficiaría la ley, de acuerdo con el Icafé. Además, la institución propone fortalecer el café de origen y generar trazabilidad para el grano importado.

En la actualidad, muchos de los que se dedican a esta actividad han tenido que construir microbeneficios para poder vender café procesado, dado que está prohibido procesar el grano en beneficios ajenos.

Sin embargo, el proyecto propone que el productor acceda a los servicios de maquila de café; es decir, que pueda contratar el servicio externo de un beneficio para que le procesen su grano de forma individual. De esta manera, no tendría que venderlo verde, sino que ganaría valor agregado.

Además, plantea procesos de microlotes (siembra reducida para especializar) y también la posibilidad de disponer de manera inmediata de la venta de ese café. Así, los pequeños productores podrían ser reconocidos individualmente.

“Nos parece que esta oportunidad va a permitir que coloquemos aún más café en los mercados de especialidad porque muchos productores que tienen producto diferenciado no han podido incursionar en opciones de microlotes o de procesos diferenciados puesto que tendrían que recurrir a la construcción de un beneficio propio, sin que tal vez la cantidad de la cosecha lo amerite”, explicó Xinia Chaves, presidenta del Icafé.

El proyecto también plantea que el Icafé sea el ente encargado de generar certificados de origen de café de Costa Rica, además de tener un control de trazabilidad del grano importado.

En cuanto a la trazabilidad, el nuevo texto propone una lista de 10 requisitos que deberá cumplir el café importado para evitar triangulación del producto. Algunos de los datos que deberán suministrar los importadores son país de origen, características del producto y nombre del suplidor.

En Costa Rica, el café importado suple el 50% de la demanda. De la producción nacional, solo un 20% permanece en el mercado local y satisface la otra mitad del consumo.

A pesar de que fue un documento construido con el afán de brindar mejoras al sector cafetalero, varias cámaras empresariales relacionadas con el gremio denunciaron que algunos artículos del proyecto de ley podrían generar problemas para el sector. Esto porque el texto original ampliaba las capacidades del Icafé y dejaba portillos abiertos para que el ente se metiera con contratos de compraventa y en distintos procesos que hoy están libres.

Por ejemplo, el texto inicial planteaba que cualquier compra o venta debía inscribirse en el ente. Quedaba implícito que se incluía cualquier tipo de café: tostado, nacional, importado o verde.

El artículo 46, que contiene la información sobre los contratos, fue el que más polémica generó. “Preocupa porque incluía los contratos de compraventa de café tostado que son de marca; ahora quedó específico que es para el café verde y nacional”, detalló José Manuel Hernando, presidente de la Cámara de Tostadores de Café.

Sumado a esto, en cuanto a la trazabilidad del grano, las capacidades del Icafé también estaban en entredicho.

“Dependiendo de la interpretación, le daba autoridad al instituto para ir a bodegas como policía, regular contratos de venta y barrera no arancelaria del café que importan los suplidores. Esto podría atrasar las importaciones”, explicó Hernando.

De acuerdo con Chaves, atribuirse estas capacidades no era el objetivo de la institución y, más bien, todo se debió a problemas de redacción. En consecuencia, el gremio preparó un nuevo texto en el que más de una decena de artículos sufrieron cambios.

La institución y las distintas cámaras llevarán el nuevo texto ante la comisión de agropecuarios para que sea acogido como texto sustitutivo. En caso de no ser recibido, los cambios deberán presentarse a través de mociones.