De los 98 proyectos de ley que recibieron los diputados entre el 13 de enero y el 29 de abril, al menos 40 tienen en su título la palabra COVID-19, esto ofrece luces de que el trabajo del plenario, desde mediados de marzo, está enfocado en un único tema.
La Asamblea Legislativa abandonó su antiguo edificio en Cuesta de Moras y se trasladó al Auditorio Nacional para que los congresistas tuvieran más espacio entre asientos.
El nuevo escenario también obligó a cambiar la dinámica, abandonaron las tradicionales comisiones y optaron por constituir cuatro mesas de trabajo por temas que tenían como objetivo avanzar con un mecanismo rápido en la aprobación de iniciativas urgentes.
Nueve expedientes se convirtieron en ley en las últimas semanas, incluido el primer presupuesto extraordinario que otorga ¢368.578 millones al Gobierno para atender la emergencia sanitaria, entregar subsidios a los afectados por el apagón económico y pagar la deuda pública.
Las iniciativas aprobadas se dividen en cuatro grandes grupos. El primero fue el recrudecimiento de las multas para quienes irrespetan las medidas de aislamiento social y la restricción vehicular sanitaria.
El segundo es un conjunto de proyectos busca liberar liquidez mediante la moratoria de impuestos y otras medidas todavía no convertidas en ley como la posposición de pagos en arrendamientos comerciales y residenciales.
En un tercer nivel se encuentra la legislación para reducir las jornadas laborales con el objetivo de evitar la quiebra de las empresas. Esta medida se acompañó de la suspensión temporal de contratos que ya estaba estipulada en el Código de Trabajo.
El cuarto nivel del escalafón reúne las normativas que otorgan recursos al Gobierno para atender sus gastos que van desde la operación regular del Estado, la deuda pública, la atención en salud y la entrega de los bonos Proteger a quienes vieron recortados sus ingresos.
El ritmo de aprobación de nuevas leyes le valió al Congreso una mejora en la nota que dan los ciudadanos a las instituciones públicas del país.
La Asamblea Legislativa se ubicó en el puesto nueve del ranking de entidades públicas valoradas positivamente por los ciudadanos, según datos del más reciente Estudio de Opinión Sociopolítica, publicado el 28 de abril por el Centro de Investigación y Estudio Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Este es el resumen de las leyes aprobadas hasta ahora por el Congreso.
