Desde su primera semana al frente del Poder Ejecutivo, la presidenta Laura Fernández Delgado convirtió el bloqueo comercial que Panamá mantiene sobre productos agropecuarios costarricenses en una de sus batallas políticas más urgentes.
Lo que comenzó como una demanda ante los medios durante al celebrar el Día del Agricultor terminó, apenas días después, con una represalia energética del gobierno panameño: la suspensión indefinida de la venta de electricidad a Costa Rica.
“El tema del bloqueo es toda la prioridad para mí”
El 14 de mayo, en una gira a una zona agrícola de Cartago, Fernández lanzó sus primeras declaraciones sobre el conflicto con Panamá.
“El tema del bloqueo comercial que nos impone Panamá en productos agrícolas es toda la prioridad para mí también. Sé que se han afectado paperos, cebolleros, productores lácteos y otros más con el bloqueo comercial”, declaró la mandataria.
Fernández fue explícita en cuanto a la vía institucional que agotó el conflicto: los canales técnicos del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) ya no eran suficientes.
“Es un tema que ya superó las instancias de negociación de Comex y que he trasladado de manera directa al canciller Manuel Tovar para que instale los mecanismos de diplomacia internacional y de acciones internas nacionales”, indicó.
Y remató: “Yo estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ningún desequilibrio en la comercialización y exportación de los productos de nuestro país”.
Diplomacia movilizada
Al día siguiente, el 15 de mayo, Fernández instruyó al canciller Tovar para que pusiera en marcha “una estrategia bilateral y sentara una mesa de trabajo que tiene que dar resultados”. En esa misma línea, ordenó activar mecanismos de presión internacional apoyados en el fallo favorable que Costa Rica obtuvo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El 16 de mayo, la presidenta fue un paso más allá y pidió públicamente “acciones internacionales” para hacer valer dicha resolución. El panel de la OMC emitió su informe final en octubre de 2024, con distribución formal en diciembre de ese año, y recomendó que Panamá adecuara sus restricciones sanitarias a sus obligaciones internacionales. Sin embargo, Panamá apeló el fallo en enero de 2025 —y el Órgano de Apelación del organismo lleva inoperante desde 2019 por falta de nombramiento de miembros— lo que mantiene la controversia sin resolución definitiva.
El escalonamiento y la represalia energética
El miércoles 20 de mayo, en su conferencia de prensa semanal, Fernández elevó el tono y anunció que activaría “todos los mecanismos que estén a su alcance” para eliminar el bloqueo.
“No voy a consentir que se maltrate, por bloqueos que no tienen sustento legal, a los productores nacionales. Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica, productores de lácteos, de papa, de cebolla... Vamos a activar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para hacer justicia para el agro costarricense”, sentenció Fernández.
La respuesta de Panamá no tardó. El presidente panameño, José Raúl Mulino, quien apenas días antes había asistido a la ceremonia de toma de posesión de Fernández, anunció la suspensión indefinida de la venta de electricidad a Costa Rica, invocando el principio de reciprocidad en las relaciones internacionales.
“Yo fui el principal sorprendido de esas declaraciones. Creo que el primer día de su mandato... Este es un tema importante para Costa Rica, pero también lo es para Panamá y mi deber es proteger a los panameños”, dijo Mulino.
El mandatario panameño además criticó el estilo de la presidenta costarricense: “A ustedes les consta, se los he dicho muchas veces, que las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia. Eso no quiere decir que uno guinde los guantes, pero no es a través de un púlpito o de una tarima o de una conferencia de prensa donde yo voy a hacer exposiciones que tocan directamente la relación entre dos países, sobre todo vecinos y amigos, como es Costa Rica y Panamá”.
El trasfondo del conflicto
La disputa tiene raíces en 2019 y 2020, cuando Panamá comenzó a bloquear el ingreso de productos costarricenses como banano, plátano, piña, fresas, lácteos, carne de res, pollo, cerdo y embutidos, bajo argumentos de control fitosanitario y protección de la salud pública. Costa Rica llevó el caso ante la OMC en 2021 bajo el expediente DS599, que abarcó medidas sobre importaciones de frutas frescas y retrasos en la aprobación de 16 establecimientos costarricenses de lácteos y cárnicos.
Desde enero de 2026, ambos países habían retomado conversaciones bilaterales, pero el diálogo técnico permaneció en punto muerto hasta el cambio de mando en Costa Rica. En ese lapso, el entonces ministro de Comex, Manuel Tovar, advirtió que el conflicto había provocado pérdidas superiores a los $100 millones para el sector exportador nacional.
La Cancillería panameña, por su parte, rechazó la narrativa costarricense y sostuvo que no acepta una caracterización del diferendo como una acción “unilateral o arbitraria”, defendiendo su obligación de proteger la seguridad alimentaria y los intereses de sus productores.
Con el conflicto elevado a nivel de cancillerías y con represalias energéticas en la mesa, el diferendo comercial entre Costa Rica y Panamá —cuya relación bilateral en 2025 representó más de $612 millones en exportaciones costarricenses, equivalentes al 16,6% del total centroamericano— ingresa a su fase más delicada desde que se inició hace seis años.
