Cada año, un equipo de economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) aterriza en San José, se reúne con el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central y funcionarios clave, revisa datos y escribe un diagnóstico sobre la economía del país. Al proceso se le llama Consulta del Artículo IV, y en mayo de 2026 el Directorio Ejecutivo del organismo concluyó el más reciente sobre Costa Rica. La pregunta que se repite es: ¿está el país obligado a hacer lo que el FMI dice?
La respuesta corta es no. La respuesta larga, sin embargo, es considerablemente más compleja.
El origen: un artículo escrito en 1944
El nombre del proceso no es un capricho burocrático. Proviene del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, aprobado en Bretton Woods en 1944 con la finalidad de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional. Ese artículo establece las obligaciones de los 190 países miembros en materia de política cambiaria y, crucialmente, autoriza al FMI a supervisar sus políticas económicas de manera continua.
En términos simples, el Artículo IV hace dos cosas: prohíbe a los países manipular sus tipos de cambio para obtener ventajas competitivas desleales, y obliga a todos los miembros a someterse a una revisión periódica por parte del organismo. Esa revisión —la Consulta del Artículo IV— es el mecanismo principal de la llamada “vigilancia bilateral”.
Cómo funciona: tres actos
El proceso tiene una estructura clara que se repite en cada país:
Acto I — La misión. Un equipo técnico del FMI llega al país durante dos a tres semanas. En el caso de Costa Rica 2026, la misión estuvo encabezada por Varapat Chensavasdijai y se extendió del 25 de febrero al 9 de marzo. Los técnicos se reúnen con el Gobierno, el Banco Central, el sector financiero y representantes de la sociedad civil.
Acto II — La declaración preliminar. Al cierre de la visita, el equipo publica sus hallazgos iniciales en un documento llamado Staff Concluding Statement. Es, esencialmente, el borrador del diagnóstico.
Acto III — La aprobación del Directorio. El informe final viaja al Directorio Ejecutivo del FMI en Washington, compuesto por representantes de los países miembros. El Directorio debate, aprueba y el subdirector gerente —en este caso, Bo Li— emite un resumen con las conclusiones oficiales. El 29 de mayo de 2026, el Directorio concluyó formalmente la consulta de Costa Rica.
El informe de 2026: elogios con advertencias
El documento de 2026 —publicado como Country Report No. 2026/116— ofrece un diagnóstico que los técnicos del FMI califican de “mixto pero favorable”. Tuvo además un elemento adicional de peso: se combinó con la revisión de mitad de período de la Línea de Crédito Flexible (LCF), el seguro financiero precautorio de $1.500 millones al que Costa Rica accede en caso de choques externos severos.
Las buenas noticias
El FMI elogió la disciplina fiscal del país y animó a las autoridades a mantener su compromiso con la regla fiscal. El organismo proyectó que las perspectivas de mediano plazo siguen siendo favorables y reconoció que Costa Rica parece bien posicionada para enfrentar el impacto de la guerra en Oriente Medio gracias a sus amplias reservas internacionales. El crecimiento alcanzó 4,6% en 2025 y, pese a proyectarse una desaceleración al 3,6% en 2026, el país mantiene un perfil de riesgo manejable.
Las alertas
Al mismo tiempo, el informe levantó banderas rojas en varios frentes. La deuda del Gobierno Central subió al 60,4% del PIB al cierre de 2025, y el superávit primario cayó al 0,9% del PIB. El FMI advirtió que los ingresos tributarios siguen erosionándose y que el espacio fiscal para invertir en infraestructura, educación y seguridad es insuficiente.
Las recomendaciones principales: seis frentes
El FMI resumió sus prioridades en tres grandes objetivos: crear espacio fiscal sin comprometer la trayectoria descendente de la deuda, devolver la inflación a la meta del Banco Central de Costa Rica (BCCR), y apoyar un crecimiento más inclusivo. Las recomendaciones concretas se despliegan en al menos seis áreas:
1. Reforma tributaria
El organismo propuso introducir una tarifa única del impuesto sobre la renta corporativa con un régimen simplificado para pymes, reducir los umbrales del impuesto de renta para asalariados, elevar la tarifa marginal para los de mayores ingresos y aprobar un esquema de incentivos y cargos por emisiones vehiculares.
2. Revisión de exoneraciones del IVA
Este es el punto más sensible del informe. El FMI recomendó eliminar exenciones del IVA en boletos aéreos, equipo médico, premios de lotería, productos forestales y alquiler de vehículos. Más polémico aún: planteó que la canasta básica tribute la tarifa general del 13%, compensando a los hogares más pobres con transferencias sociales focalizadas. El organismo estimó que la eliminación de todos los gastos tributarios aportaría cerca de 1,1% del PIB adicional en 2027.
3. Sostenibilidad de la CCSS
El informe dedicó un capítulo específico a la Caja Costarricense de Seguro Social. Según el FMI, la institución acumula reclamos al Gobierno Central estimados en 8,5% del PIB, en su mayoría obligaciones de salud en disputa. Sin reformas adicionales, las reservas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) podrían agotarse a mediados de la década de 2030, mientras las del Seguro de Enfermedad y Maternidad terminarían antes de 2030.
4. Política monetaria
El FMI pidió al BCCR actuar con cautela mientras se evalúa el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los precios del petróleo, pero señaló que el Banco Central debe prepararse para retomar los recortes de tasa de política monetaria cuando el panorama se aclare, a fin de evitar que la inflación regrese a una dinámica deflacionaria. En febrero de 2026, la inflación interanual del país se situaba en –2,7%.
5. Sector financiero
El organismo recomendó aprobar un nuevo marco de resolución bancaria y seguro de depósitos, eliminar la garantía general a los bancos estatales una vez que ese seguro exista, y regular las empresas fintech y los activos digitales.
6. Crecimiento inclusivo y seguridad
El FMI señaló que el empleo informal se mantiene en 38% y la participación laboral femenina apenas alcanza el 42%, lo que limita el potencial productivo. Sobre seguridad, el organismo vinculó el aumento de homicidios con el crimen organizado y el narcotráfico, y estimó que reducir la tasa de homicidios al nivel mediano de países de altos ingresos de la región podría elevar el crecimiento real en 0,2 puntos porcentuales anuales.
La pregunta del millón: ¿está Costa Rica obligada a cumplir?
Aquí es donde muchos lectores —y no pocos políticos— se confunden. La respuesta requiere separar dos conceptos que suelen mezclarse:
| ¿Qué? | ¿Obligatorio? | Base legal |
|---|---|---|
| Participar en la Consulta del Artículo IV | Sí | Convenio Constitutivo del FMI, Art. IV |
| Proveer información y datos al FMI | Sí | Obligación de membresía |
| No manipular el tipo de cambio con fines desleales | Sí | Artículo IV, sección 1 |
| Implementar las recomendaciones del informe | No | Las recomendaciones son consultivas, no vinculantes |
La vigilancia en sí —la obligación de sentarse con el FMI y abrir los libros— es una condición de membresía que Costa Rica, como cualquier otro país miembro, no puede eludir. Pero el catálogo de reformas que el organismo recomienda —subir el IVA, reformar la CCSS, cambiar la renta— no tiene fuerza de ley internacional. El FMI no puede multar ni sancionar a Costa Rica si el Gobierno decide ignorar esos consejos.
Sin embargo, sería ingenuo concluir de ahí que el informe no tiene dientes. Como señala el proyecto Bretton Woods, el FMI “ocupa el vértice de la arquitectura financiera internacional” y sus evaluaciones son un indicador clave de solvencia y confiabilidad para mercados de capitales, agencias calificadoras e instituciones multilaterales como el BID o el Banco Mundial. Un país que sistemáticamente desatiende las advertencias del Fondo puede encontrar condiciones de financiamiento más costosas y menor apetito inversor, aunque no exista una sanción formal.
El vínculo real: la Línea de Crédito Flexible
En el caso específico de Costa Rica, existe un nexo más concreto que la presión de mercado: la Línea de Crédito Flexible de $1.500 millones. Este instrumento precautorio —que el país no ha utilizado pero que le da acceso inmediato a recursos ante choques externos— sí está condicionado. Para mantenerla, Costa Rica debe demostrar en cada revisión que sigue cumpliendo los criterios de calificación de la LCF: fundamentos macroeconómicos sólidos, marcos institucionales robustos y compromiso sostenido con políticas prudentes.
En ese sentido, el Artículo IV 2026 no solo fue una revisión diagnóstica: fue también la evaluación de mitad de período de la LCF. El Directorio reafirmó que Costa Rica mantiene acceso a esa línea —una señal de confianza con implicaciones prácticas para la estabilidad financiera del país.
La reacción del Gobierno
La señal más clara de que el informe sí genera obligaciones políticas —aunque no jurídicas— llegó el 3 de junio de 2026, cuando el Ministerio de Hacienda anunció que presentará un plan fiscal a la presidenta Laura Fernández en respuesta directa a las recomendaciones del FMI sobre ingresos y deuda. El Gobierno actúa no porque esté forzado por un tratado, sino porque el costo político y financiero de ignorar al organismo sería significativamente más alto.
En síntesis
El Artículo IV es el “chequeo médico” anual que el FMI realiza por mandato de sus estatutos fundacionales. La revisión de Costa Rica en 2026 llegó con elogios a la disciplina fiscal del país, pero también con una lista exigente de reformas pendientes en materia tributaria, seguridad social, política monetaria y crecimiento inclusivo. El diagnóstico es de lectura obligatoria para el Gobierno; la receta, en cambio, el paciente puede seguirla o no. Lo que no puede ignorarse son las consecuencias indirectas de desatenderla: credibilidad ante los mercados, acceso a la Línea de Crédito Flexible y posicionamiento ante la comunidad financiera internacional.
