EscucharRenuncias a partidos, amenazas de frenar la agenda y pesquisas de la fiscalía marcaron la tercera legislatura en la Asamblea Legislativa. Aún con ese panorama, entre el 1.° de mayo de 2024 y el 1.° de abril de 2025, los diputados aprobaron 198 proyectos de ley en segundo debate.
Si bien la cantidad de aprobaciones es grande, su impacto real cuenta otra historia. EF analizó cada uno de los expedientes que dieron forma a las leyes y determinó que el 48,5% tiene carácter sustantivo; es decir, afecta directamente los derechos de la ciudadanía.
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El calificativo otorgado a cada uno de los proyectos -sustantivo o no sustantivo- se basó en los parámetros que suele utilizar el Programa Estado de la Nación (PEN), el cual indica que ese adjetivo “únicamente señala la expectativa de que, debido a sus disposiciones, tengan efectos sobre los derechos de las personas o sobre las condiciones requeridas para ejercerlos”.
Las normas no sustantivas incluyen, por ejemplo, traspasos de terrenos municipales y autorizaciones para que ciertas entidades ajusten su normativa interna.
EF identificó las 20 leyes de mayor impacto durante la tercera legislatura, las cuales fueron corroboradas por la politóloga especialista en temas legislativos Kattia Benavides. Las temáticas con mayor músculo en la agenda fueron las vinculadas a seguridad y familia.
Finanzas
La Contraloría General de la República (CGR) impulsó durante la administración Alvarado Quesada una ley en la que se establecen los criterios para el manejo de la liquidez pública. La iniciativa tuvo acogida en las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Renovación Nacional (PRN), Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y el Partido Integración Nacional.
La Ley Manejo Eficiente de la Liquidez del Sector Público (10.495) hace énfasis en que la Tesorería Nacional es la encargada de administrar una plataforma que permita a las entidades manejar liquidez pública y permitir la captación de ingresos públicos, “así como el intercambio de información de manera eficiente y uniforme, asegurando la interoperabilidad con el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe).
Este proyecto se aprobó a través de 48 votos positivos de 57 posibles. El resto de legisladores no estaba en el plenario durante la decisión o no se presentó al Congreso.
Bajo la misma temática de finanzas se encuentra la Ley para Reducir el Impuesto sobre la Renta a las personas trabajadoras independientes de menores ingresos. De esta forma el monto exento aumenta, pasando de ¢343.916,67 al mes a ¢520.333,33 mensuales; asimismo, los demás tramos también incrementaron.
Dicha normativa la propuso el Partido Frente Amplio (FA) y contó con 35 votos a favor y ocho en contra.
Mientras la primera ley mencionada en este eje financiero corresponde a una normativa nueva, la segunda obedece a una reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Familiar y laboral
Las mujeres gestantes tienen la posibilidad de dar en adopción al bebé desde antes de su nacimiento por medio de una solicitud ante los servicios de salud públicos, privados o el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Este derecho se aprobó a través de la Ley de Acogimiento Prenatal (10.667), planteada por la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP).
Si el padre del bebé no está de acuerdo con la decisión, podrá hacerse cargo del menor. Esta iniciativa contó con el apoyo de 40 legisladores.
Bajo esta misma sombrilla de temas familiares se encuentra la Ley para el Otorgamiento de Licencias de Maternidad y Paternidad en Procesos de Adopción (10.545), la cual reformó el artículo 95 del Código de Trabajo para que se autoricen licencias remuneradas por tres meses a quienes adopten a una persona menor de edad.
Las fracciones del PLP, FA, PUSC, PLN y Nueva República fueron las encargadas de presentar y mover el proyecto.
Las licencias por fallecimiento, por otra parte, también tuvieron aprobación ante la actual cohorte de legisladores. El FA propuso la Ley para Crear la Licencia Remunerada por Muerte de Familiares de Personas Trabajadoras y reformó el Código de Trabajo, con el fin de que los asalariados cuenten con una licencia remunerada en caso de fallecimiento de familiares que variará según el grado de consanguinidad y va desde los tres días, hasta un día.
Un total de 38 diputados respaldaron la solicitud de bancada del Frente Amplio.
Además, el FA también reformó el Código de Familia como parte de la Ley para Reforzar la Protección de las Personas Menores de Edad frente a las Relaciones Impropias (10.603). La medida indica que los responsables de las personas menores de edad tienen que protegerlos de relaciones impropias, de lo contrario pueden perder la responsabilidad parental frente a las autoridades.
Seguridad
La inseguridad y la delincuencia son los principales problemas que preocupan a la ciudadanía, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR). Al menos cinco leyes consideradas dentro de las 20 prioritarias por este medio están inmersas en temas de seguridad.
La Ley para Regular el Beneficio del Arresto Domiciliario con Brazalete Electrónico (10.517) establece que las personas calificadas para cumplir la condena desde la casa y con el dispositivo deben tener una pena inferior a los cuatro años de prisión. El delito cometido no puede coincidir con hechos de “delincuencia organizada de conformidad con las normas internacionales y nacionales vigentes, ni delitos sexuales contra menores de edad, ni en delitos donde medie violencia contra las personas”.
El liberacionista Gilbert Jiménez y la diputada independiente Gloria Navas se encargaron de presentar dicho proyecto. En total contaron con el apoyo de 45 curules.
Otra norma sustantiva corresponde a la Ley para Sancionar el Reclutamiento Ilícito de Personas Menores de Edad (10.685). La bancada del PLN presentó la iniciativa que se enfoca en dictar penas de prisión de cuatro a seis años a los adultos que recluten a menores de edad para involucrarlos en delitos, ya sea como autores, coautores o partícipes.
El aumento de la actividad delictiva en el país motivó al Poder Ejecutivo a crear la Ley para la Modernización de la Intervención de las Comunicaciones (10.500). La disposición indica que los tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de telecomunicaciones para esclarecer delitos como secuestro extorsivo, proxenetismo agravado, tráfico de personas, homicidio calificado, entre otros.
La idea del Ejecutivo corresponde a una reforma y contó con el apoyo de 41 diputados.
En temas de seguridad los gobiernos locales no escapan de ajustes en su ordenamiento. La Ley para la Modernización de la Policía Municipal (10.515) ordena que el 95% del monto de las multas emitidas por los inspectores municipales de tránsito se destinen a inversión de capital en el fortalecimiento de la seguridad vial, financiamiento del programa de los inspectores de tránsito municipal y para el fortalecimiento de la policía municipal.
En cuanto a normas que castiguen la violencia contra la mujer se aprobó la Ley Contra la Violencia Vicaria (10.634) con el impulso de las bancadas del PLP, FA, PUSC, PLN y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD). La directriz se enfoca en la imposición de prisión -de uno hasta 35 años- para la pareja de una mujer que ejerza violencia sobre ella por medio de maltrato o muerte a sus parientes.
“La seguridad es un tema de Estado que necesita la coordinación de los poderes de la República y sabemos la conflictividad y la relación estrecha que hay entre el Ejecutivo con los otros poderes de la República”, señaló Benavides sobre el impulso que le dieron los diputados a los proyectos para combatir la inseguridad que enfrenta el país, esto a pesar de las diferencias con la presidencia de la República.
Infraestructura
Dos leyes en materia de infraestructura resaltan en la lista realizada por EF: Potenciar la Infraestructura y Seguridad de los Aeropuertos Internacionales y Aeródromos Estatales de Costa Rica (10.514) y la reforma del Fondo Nacional de Vivienda para promover el Acceso a Vivienda para la clase media (10.538).
El PUSC llevó a discusión la reforma a Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional (8.316), con el fin de efectuar una redistribución de los ingresos del impuesto de salida del país de la siguiente manera: tasa de $9 a favor del Gobierno Central y $12 por concepto de derechos aeroportuarios a favor del Consejo de Aviación Civil; también $0,50 por concepto de ampliación y modernización para el Aeropuerto Internacional de Limón, Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma y Aeropuerto Internacional Daniel Oduber.
Adicionalmente, se tomó en cuenta una tasa de $1,15 para que el Estado pueda cumplir las funciones y responsabilidades contra el crimen organizado.
Y en temas de vivienda, el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi) canalizará recursos del mercado financiero hacia sus programas de crédito con el fin de promover la obtención de vivienda para clase media. Esta reforma (105.38) nació en la fracción verdiblanca.
Migrantes
Las medidas para fortalecer la seguridad en el país también tomaron en cuenta a las personas migrantes. La reforma a la Ley de Opciones y Naturalizaciones (10.508) indica que se le negará la naturalización a la persona “que haya sido condenado por delito doloso, con pena privativa de prisión superior a tres años en los últimos diez años, en Costa Rica o en el extranjero, siempre y cuando la conducta ilícita sea reconocida como tal dentro de la legislación costarricense y el sujeto sea imputable”.
La medida tuvo 39 votos a favor y la planteó el presidente actual del Congreso, Rodrigo Arias, junto a Danny Vargas Serrano, ambos del PLN.
Transporte
Las reformas están a la orden del día en el plenario. Un ejemplo de esto es la adición de un inciso a la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores. La medida dio luz verde para que los empresarios autobuseros utilicen el sistema electrónico para cobrar la tarifa en las unidades mediante tarjetas de débito, crédito o prepago y el sistema de pago electrónico que establezca o autorice el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Esa propuesta que agiliza y simplifica el pago en los autobuses fue presentada por la fracción del FA.
Además, los conductores que no porten la licencia o que cuenten con una emitida en el extranjero ya no serán multados. La reforma 10.591 indica que las autoridades deberán comprobar por medio de una llamada o un sistema electrónico si la persona está autorizada para manejar el vehículo; asimismo, quienes tienen un estatus migratorio aprobado en Costa Rica podrán homologar la licencia que se emitió en el extranjero “por un plazo idéntico al autorizado para su permanencia legal en el territorio nacional”.
Bienestar animal
El socialcristiano Leslye Bojorges llevó al plenario el tema de bienestar animal por medio de la reforma que da pie a la Ley para Penalizar el Maltrato Animal en los Criaderos de Animales Domésticos (10.532). Recibió el apoyo de 46 diputados.
Quien provoque daños físicos a cualquier animal doméstico o realice actos sexuales con ellos deberá someterse a penas de cárcel de tres meses a un año. La pena máxima podrá ser aumentada en un tercio cuando los actos se cometan entre dos o más personas.
Deberes del Ejecutivo
La Ley Marco de Acceso a la Información Pública (10.554), liderada por el diputado Alejandro Pacheco (PUSC), ordena al Ejecutivo garantizar “el cumplimiento efectivo del derecho humano de acceso a la información pública, de forma proactiva y oportuna (...)”. Un total de 43 legisladores aprobaron la iniciativa.
Otro proyecto tocó directamente al Gobierno central por medio de la Ley para Garantizar la Reglamentación de las Leyes por parte del Poder Ejecutivo, con el fin de que la reglamentación correspondiente a las leyes esté disponible en el plazo que indica el texto o, en caso de que no se señale, en un plazo máximo de seis meses. No obstante, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, vetó la ley y ahora se encuentra en espera de la discusión del informe de la Comisión de Jurídicos.
Nómadas digitales
Si bien desde hace algunos años el tema del teletrabajo estaba regulado en el país, no había una norma específica que regulara la posibilidad de trabajar de manera remota desde el extranjero para darle seguridad jurídica a empleados y patronos.
La Ley para detallar explícitamente el teletrabajo en el extranjero evitando interpretaciones subjetivas (10.673) permite que si una persona quiere ir a trabajar al extranjero (siempre que sus funciones se lo permitan o si el patrono le pide realizar sus labores fuera del territorio nacional) podrá llegar a un acuerdo con su empleador.
Las reformas encabezaron la lista de proyectos aprobados en la tercera legislatura. A pesar de que el contenido principal de esas normas no se planteó por la Asamblea actual, se requiere de dicha labor para mejorar viejas directrices y que se adapten a las necesidades actuales.
