Ecuador era un país más o menos tranquilo hasta hace pocos años. De hecho, se trataba de una de las pocas naciones en América Latina que podía presumir con sus indicadores de seguridad junto con otros como Chile, Uruguay y Costa Rica. Sin embargo, el país sudamericano experimentó un vertiginoso deterioro en los últimos años, el cual se evidenció en las calles y en los registros de crímenes violentos de 2020 a la fecha.
La tasa de homicidios ecuatoriana pasó de 7,8 a 40 por cada 100.000 habitantes en los últimos tres años. El indicador alcanzó su registro más alto de la historia.
Uno de los homicidios de 2023, además, fue el del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien apostaba a un discurso de “mano dura” en la reciente campaña para sustituir al expresidente Guillermo Lasso. Este asesinato incluso provocó que el actual mandatario, Daniel Noboa, y su contrincante, Luisa González, tuvieran que enfrentar el balotaje enfundados en chalecos antibalas; como síntoma de la disputa abierta entre el poder y el crimen organizado.
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Un nuevo estallido de la violencia sacudió al Ecuador este 9 de enero. El presidente Noboa, decretó un “estado de excepción” en su país un día antes, luego de que hasta seis cárceles fueran tomadas por presos descontentos con traslados y de que el reconocido líder narco José Adolfo “Fito” Macías se fugó de la cárcel Regional de Guayaquil.
Tras el anuncio, se desataron agresiones a policías, población civil y periodistas (incluida la irrupción de un grupo armado que interrumpió una transmisión televisiva que se realizaba en vivo). También hubo ataques armados en las calles, a plena luz del día, como la toma de un centro universitario y tres ataques con explosivos en la provincia de Esmeraldas.
Hasta este 10 de enero, ya se contabilizaba una decena de personas muertas y más de un centenar de policías y trabajadores penitenciarios secuestrados.
Las causas de la crisis de inseguridad en Ecuador son múltiples. Algunas de ellas son internas y otras son regionales; y una buena cantidad se observan en Costa Rica: el país debería tomar nota.
¿Cuáles condiciones regionales explican el deterioro ecuatoriano?
Ecuador quedó inmerso, como damnificado, en un contexto de transformación de las redes de crimen organizado en Latinoamérica, principalmente en lo relacionado con el tráfico de drogas (aunque no solo en este campo).
A partir de la imposición de acuerdos de paz en Colombia en 2016 (más o menos efectivos en la práctica), así como el aumento en la producción de droga en ese país y en Perú, la actividad delictiva se desplazó con mayor fuerza a países vecinos.
A ello se sumó la diversificación de los destinos de la droga con el auge de mercados receptores como Asia y Europa, lo cual ha aumentado la demanda y la necesidad de generar rutas (a través de nuevos actores y oferentes de servicios ilegales).
Todos estos factores han provocado una mayor infiltración en nuevos países por parte de grandes cárteles de la droga (como los mexicanos de Sinaloa y Nueva Generación), los cuales requieren de cada vez más tentáculos para abarcar más mercado.
¿Y las condiciones internas?
La propagación de los grupos criminales en Ecuador no solo responde a los factores externos, sino que se combinaron con condiciones de política interna.
Por ejemplo, el país sudamericano redujo su inversión social y en seguridad en los últimos años, ante sus complejas condiciones fiscales. Esto incidió en una menor disponibilidad de recursos gubernamentales para hacer frente a la ola criminal, al tiempo que empobreció a la población y la hizo más permeable por los grupos criminales. Así lo explicó el medio Cenital, en un reciente artículo de cara a la campaña electoral, en septiembre de 2023.
“Tenemos un ejército de 800.000 jóvenes entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan y que actualmente están migrando o militando en las estructuras pandilleriles que ofertan los servicios criminales””, le dijo a ese medio Luis Córdova, director del programa de investigación en orden, conflicto y violencia, de la Universidad Central del Ecuador.
El país sudamreicano, además, desarrolló una pobre gestión de sus cárceles. Durante la gestión del expresidente Lenin Moreno, entre 2017 y 2021, el gobierno eliminó el Ministerio de Justicia, que administraba las prisiones (hacinadas y con altos niveles de personas condenadas por narcotráfico), y suspendió la Agencia Nacional de Inteligencia; lo cual potenció el poder de las bandas criminales en estos ámbitos y aceleró su infiltración en el aparato estatal.
“Ecuador siempre tuvo la amenaza latente de que la influencia del crimen organizado crezca en nuestro territorio y en las instituciones”, afirmó al respecto la secretaria de Seguridad de Quito, Carolina Andrade, al medio sudamericano. “Sabíamos que los factores externos, la producción de cocaína en países vecinos y la demanda de mercados no iban a cambiar. Bajo ese contexto, lo óptimo hubiera sido que el Estado fortalezca sus capacidades en materia social y de seguridad; pero en lugar de eso, se hizo lo contrario. Para el momento de la pandemia y la crisis carcelaria, el Estado ya estaba debilitado”.
Ecuador, al igual que otros países de la región, además ofrecía condiciones atractivas para la actividad criminal como su sistema portuario y de carreteras vasto, y pobres controles sobre el lavado de dinero. También, tiene una economía dolarizada.
¿Por qué Costa Rica debería tomar nota?
Si se observan las condiciones externas e internas que propiciaron el estallido de la violencia en Ecuador, se pueden apreciar varias similitudes con Costa Rica y que deberían encender las alertas. Nuestro país también sufre con los reacomodos del narco en la región latinoamericana y, al igual que Ecuador, está posicionada en un sitio clave para el crimen organizado.
Además, las dificultades financieras de la hacienda pública en los últimos años llevaron al gobierno costarricense a reducir su inversión en servicios sociales y en sus aparatos de seguridad; algo que el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Randall Zúñiga, suele recriminar a las autoridades del Poder Ejecutivo en sus intervenciones públicas más recientes.
En materia de recursos, el jerarca de la policía judicial dice que la lucha con los grupos delictivos es “asimétrica” y ha llegado a manifestar que las autoridades incluso tienen problemas para invertir en los recursos necesarios para realizar gestiones de investigación tan sencillas e indispensables como “abrir” teléfonos de gama alta.
Esta amalgama de factores ya genera problemas en suelo costarricense, aunque a menor escala que en el ecuatoriano. “Aunque Centroamérica, Colombia y México han estado plagados de violencia durante mucho tiempo, los cambios en las rutas y redes que sustentan el narcotráfico han provocado brotes de violencia en países como Ecuador y Costa Rica, que tradicionalmente se consideraban seguros y pacíficos en comparación con algunos de sus vecinos”, advertía el informe Watch List 2023, del Crisis Group.
Tanto Ecuador como Costa Rica son países que pasaron de ser puentes para el tráfico de drogas a centros de distribución y consumo, lo cual atrae a una mayor cantidad de participantes, generalmente violentos. Las autoridades costarricenses atribuyen a ese fenómeno, junto con otros como los créditos ilegales “gota a gota”, el hecho de que el país haya cerrado 2023 con su peor tasa de homicidios desde la Guerra Civil de 1948 (casi 18 por cada 100.000 habitantes).
A las señales de alerta por similitudes con Ecuador, en Costa Rica se suman factores que la hacen endeble para que sus problemas también se agraven.
El Reporte Estratégico de Control Internacional de Narcóticos, que emite el gobierno de Estados Unidos cada año, aseguró que además de la ubicación geográfica y su vasto territorio marítimo, “el sector de seguridad históricamente pequeño y con fondos insuficientes” hacen del país “un punto de tránsito clave en el tráfico internacional de narcóticos”.
En una reciente entrevista con radio Monumental, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que la violencia reciente en Costa Rica es una combinación de los crímenes normales de cualquier sociedad y “la consecuencia de una clara guerra de bandas”, que se debe frenar “metiendo a la cárcel” a sus responsables. En su conferencia de prensa del miércoles 10 de enero, el mandatario dijo que los costarricenses deben “fijarse en el espejo de lo que está, lamentablemente, viviendo la ciudadanía ecuatoriana”.
La expresidenta Laura Chinchilla, por otra parte, asegura ver los “paralelismos” de la situación ecuatoriana con la de Costa Rica y considera que “la respuesta por parte de las autoridades ha sido el ataque y la descalificación”, cuando se le hacen advertencias. “¿Será que la tragedia de Ecuador hará que nuestras autoridades de gobierno actúen en vez de acusar y polemizar?”, publicó en la red social X, antes Twitter.
