El expresidente de la República, Rodrigo Chaves Robles volverá al Ministerio de Hacienda en el gobierno de Laura Fernández Delgado. Su regreso a la cartera ocurre seis años después de su fugaz incursión como jerarca de las finanzas públicas.
Chaves inició su trayectoria dentro del Gobierno de la mano del expresidente Carlos Alvarado Quesada, quien lo nombró jerarca de Hacienda a finales de 2019. Su paso por el cargo duró apenas seis meses, un periodo corto, aunque suficiente para impulsar un paquete de medidas orientado a la consolidación de las finanzas públicas en medio de crecientes presiones fiscales.
Durante aquella etapa, la postura del exmandatario estuvo marcada por un discurso centrado en el cumplimiento de la regla fiscal y en evitar una mayor desaceleración de la economía.
El propio Chaves llegó a afirmar en 2020 que las medidas que impulsaba buscaban “darle un guamazo a la deuda pública”, una frase que sintetizó el tono directo con el que comenzó a construir su perfil político.
En sus apariciones públicas como ministro, Chaves proyectaba una imagen más pausada y técnica, muy distinta al estilo confrontativo que posteriormente marcaría su paso por la Presidencia de la República. Ahora regresará al cargo que dejó tras chocar con la administración de Alvarado, luego de intentar extender la aplicación de la regla fiscal a las municipalidades sin encontrar respaldo político dentro del Gobierno de entonces.
Propuestas realizadas
Apenas asumió el Ministerio de Hacienda, Chaves lanzó una advertencia: la deuda del Estado, medida en relación con el producto interno bruto (PIB), podría superar el 70% en 2024. En ese momento, la relación deuda/PIB se ubicaba en 58,5%.
Con ese panorama como punto de partida, la cartera presentó una hoja de ruta para consolidar las finanzas públicas “sin tocar el bolsillo de los costarricenses”. La estrategia se estructuró sobre cuatro pilares: aumento de ingresos, sustitución de deuda cara, reducción del gasto y amortización extraordinaria de obligaciones.
Dentro del eje de ingresos, Hacienda planteó aprovechar las utilidades de distintas entidades públicas para amortizar deuda y cubrir el pago de intereses. Aunque la propuesta encontró resistencia en la Asamblea Legislativa, parte de esos recursos se canalizaron mediante presupuestos extraordinarios.
En materia de sustitución de deuda, Chaves defendió ante los diputados de la época la necesidad de autorizar $4.500 millones en eurobonos para reemplazar financiamiento costoso por deuda más barata. Sin embargo, durante su breve paso por el ministerio no logró construir el consenso político necesario.
En el frente del gasto, el entonces jerarca también puso sobre la mesa la fusión de superintendencias y la eliminación de órganos desconcentrados, dos iniciativas que no lograron avanzar.
Como parte del plan de amortización, Chaves impulsó además la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), aunque ninguna de las dos propuestas prosperó.
El entonces ministro también defendió la aprobación de la Ley de Empleo Público (10.159), una reforma que finalmente sí se concretó, aunque su discusión legislativa había comenzado antes de su llegada al Poder Ejecutivo.
Más intenciones de Chaves
Entre las alternativas que Chaves exploró para fortalecer las finanzas del país también figuró la posibilidad de elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% al 15%. A eso se sumó la propuesta de establecer una tarifa única del 25% en el impuesto sobre la renta para las empresas.
Ninguna de las dos iniciativas llegó a traducirse en un proyecto formal y ambas encontraron resistencia desde el momento en que fueron planteadas públicamente por el entonces ministro.
Otro de los planteamientos que generó incomodidad entre los trabajadores fue la posibilidad de aplicar un gravamen adicional a salarios superiores a ¢500.000. La propuesta nunca fue presentada de manera oficial y terminó quedándose, al igual que otras de sus ideas fiscales, en el terreno del discurso.
La vuelta de Chaves al Ministerio de Hacienda también marca el regreso de una visión fiscal que apostó por ajustes estructurales, contención del gasto y una intervención más agresiva sobre las finanzas públicas.
