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La disminución en el plan de gastos se haría sin tocar el gasto de capital con el objetivo de brindar estabilidad financiera y generar buenas señales en el mercado internacional.

Elian Villegas, el tercer ministro de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado, acepta que el grueso del plan que pretenden negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para buscar un rescate fiscal, está mayoritariamente recargado hacia tributos temporales.

La elección de un superintendente es un caso clásico donde se deberían aplicar concursos públicos para abrir las posibilidades de conocer personas con trayectoria en la función pública, pero también candidatos que podrían venir del sector privado, según Villegas.

A criterio de Villegas, la coyuntura política y social exige altos niveles de transparencia en el gobierno corporativo de las entidades públicas, sobre todo de los bancos.

Para este año se estima que las necesidades de financiamiento serán del 14,1% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y para el 2021 esta cifra alcanzará el 15%. Antes de la crisis sanitaria las necesidades de financiamiento eran del 12,5%, es decir, este indicador aumentó 1,6 pp con el brote del virus SARS-COV-2.

Cambiar las condiciones de la deuda a los tenedores del mercado doméstico tampoco es una buena señal y no es fácil de conseguir. Sin embargo, la consigna del jerarca es apelar a la comprensión de los inversionistas para aliviar la carga del Gobierno en un momento extraordinario que amerita acciones en esa misma línea.

El reto de contener y luego reducir el gasto público es una de las consignas que también pronunciaron Rocío Aguilar y Rodrigo Chaves, aunque la inflexibilidad del presupuesto nacional, los destinos específicos y la oposición sindical siempre interfieren con acciones puntuales en este rubro.

Nos gusta el planteamiento de mediano plazo propuesto por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. Sin embargo, hay una urgencia: cómo reducir el déficit en 2020 para evitar otro 7%. Esto no lo vemos claro.

Adelantó que trabajan un proyecto de ley para destinar dinero de las utilidades que generan instituciones autónomas; como el Instituto Nacional de Seguros (INS), los bancos estatales y Correos de Costa Rica; para inyectar esos recursos a la amortización de la deuda pública.

El ministro presentó un plan que se basa en cuatro ejes y que complementa la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.365).