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Rafael Ortiz supo que iba a ser presidente de la Asamblea Legislativa hasta las últimas horas del 30 de abril.
Desde que se topó con la certeza de un pacto de 35 diputados que permitiría su elección, se impuso como objetivo conducir el diálogo entre el Congreso y Casa Presidencial para hacer de la segunda legislatura un periodo en el que se devuelva la confianza al sector productivo, se reactive la generación de empleo y, por sobre todo, no se hable de nuevos impuestos hasta que se logre cerrar la llave de paso del gasto público.
Ortiz, un sesentón alto, de sonrisa espontánea y verbo coloquial, concedió una entrevista a EF sobre los objetivos económicos que se fijó el bloque opositor que él encabeza. Este es un extracto de esa conversación.
El bloque opositor acordó luchar contra la evasión fiscal. ¿Eso implica que apoyarán los proyectos que envió Hacienda contra el fraude, el contrabando y las exoneraciones fiscales?
De eso quiero hablar con el Presidente (Luis Guillermo Solís) y con el ministro de Hacienda. Me parece que ellos (el Gobierno) tienen una oportunidad de oro. Yo quiero llegar a setiembre con esos proyectos aprobados.
”Me formé 25 años en la empresa privada y quiero que nos pongamos el objetivo de que durante los primeros 90 días de esta legislatura, si el Gobierno quiere, que nos den los votos del oficialismo, y dispensamos de trámites esos proyectos y los aprobamos.
Y si no se pudiera tendríamos todavía agosto (primer mes de sesiones extraordinarias de la legislatura 2015-2016), más de 60 sesiones para aprobar los proyectos”.
Este bloque tiene la intención de controlar el gasto público, pero esa es una labor que le compete a Hacienda. ¿Qué instrumentos plantean ustedes?
El diálogo, porque si llegamos a setiembre con esta agenda fiscal, no tributaria sino fiscal, y el Gobierno presenta un proyecto de presupuesto para el 2016 que suene bien, me parece que el país puede terminar el año enviando buenas señales a organismos internacionales, a las calificadoras de riesgo, y se le puede dar seguridad a la inversión privada.
”Después de ahí, me parece, responsablemente podemos comenzar a analizar los proyectos que proponen para aumentar los impuestos de renta y ventas”.
Helio Fallas, ministro de Hacienda, dice que las calificadoras esperan como señal el aval de al menos un proyecto para aumentar impuestos. Ustedes plantean iniciar por el gasto, ¿buscará el Congreso reuniones con esas entidades para plantearles esa nueva hoja de ruta?
Me parece que sí. La mejor señal que puede tener una calificadora de riesgo es que les aclaremos que la nuestra, lejos de ser una posición políticamente irresponsable, como lo ha sido en el pasado, es una en la que país puede aprovechar para hacer de esa “amenaza” una oportunidad.
”Aprobar nuevos impuestos nos llevaría a que a la vuelta de cuatro años se tenga que plantear un nuevo plan fiscal para aumentar los ingresos tributarios. Nosotros proponemos atacar de raíz las causas (del déficit) que generan esos incrementos (en la carga tributaria). El manejo debe ser comunicar ese entorno que pareciera ser una posición muy cerrada, que sí lo es de arranque, pero yo creo que en el camino, más bien, abrirá muchas posibilidades”.
Cuando hablan de que no se aprobará ningún paquete tributario este año, ¿implica que no están dispuestos a negociar cambios a los impuestos de renta y ventas?
Creo que con un grupo pequeño de diputados que le digan al Gobierno que no, daría esa posibilidad por cerrada.
”Ahora, la única manera de abrir esa posibilidad, es que el Gobierno gane mucha credibilidad y tendría los argumentos para que se puedan escuchar otras alternativas. Las posiciones tienen que obedecer a la racionalidad. Yo ganaría capital político apoyando la propuesta de la oposición de empezar por el control al gasto público”.
¿Qué sucedería si el Gobierno se empecina en el trámite de esos proyectos?
No estarían valorando la posición abierta al diálogo que hay en otros temas. Creo que hay que entender que, al abrir el panorama, se ve que el ambiente político es complicado. Es una asamblea legislativa muy fragmentada.
”Ahora, al existir esta alianza (opositora) en alguna medida esa fragmentación más bien ahora se ha esfumado y podría ser más fácil para el Gobierno negociar con este bloque. Esta es una oportunidad de que el Gobierno mejore su interlocución con la Asamblea Legislativa, se les facilitaría el trabajo.
En el caso de que insista en la tesis de iniciar por aumentar la recaudación, lo que haría el Gobierno sería cohesionar más a la oposición. Sería no darle la oportunidad que el diálogo está esperando. Lo contrario sería leer muy mal el entorno político”.
¿Cuál es el mecanismo que ve más viable para incidir en el control del gasto público?
Sin duda es el debate del presupuesto en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
”Si yo estuviera al otro lado de la cerca (en el Poder Ejecutivo), una vez que estuviera nombrada la Comisión de Asuntos Hacendarios, tendría una interacción fluida con esa comisión y realizaría un trabajo muy cercano con los diputados para exponerles las necesidades del Gobierno Central en materia de gasto. Es prevender el producto del presupuesto 2016.
”Pretender que una vez presentado el presupuesto para el 2016 se podrán defender gastos elevados, sería un error. Yo tendría a funcionarios de Hacienda destacados en el Parlamento de forma continua para aclarar dudas de los diputados y para que informen sobre las implicaciones de algún recorte. El Gobierno debe sacar las enseñanzas que dejó el trámite del presupuesto del 2015. Como decía un gringo con el que yo trabajé ‘the writing is on the wall’”.
Es poco el margen que deja un presupuesto amarrado por leyes específicas. ¿Dónde recortar?
Esa es la pregunta fundamental. Creo que no hay que sacrificar programas sociales, pero sí se pueden recortar horas extras, viajes al exterior, consultorías.
”No puedo darle una opinión detallada al respecto, pues en eso será en lo que tenemos que trabajar a futuro.
Con base en el presupuesto del 2015, sabemos que el presupuesto aguanta recortes entre los ¢61.000 millones y los ¢95.000 millones. Las posibilidades de reducción son pocas, pero importantes. No puede ser que los pluses salariales en el sector público se brinden de forma automática. Estoy de acuerdo con don Ottón Solís (diputado del Partido Acción Ciudadana) en que eso hay que revisarlo cuánto antes”.
Ustedes desean entrarle al tema del empleo público. Los sindicatos ya están alerta ¿Ve en este bloque opositor la fortaleza política para impulsar y aprobar una reforma en esta materia?
Deberíamos empezar con aquellos aspectos políticamente viables e ir construyendo acuerdos con proyectos de ley que vayan sumando reformas y acuerdos.
”Hay que tener cuidado. Esa discusión no se puede convertir en una confrontación social porque todos perderíamos. El tema amerita un manejo político muy fino, con cautela”.
Actores externos al Congreso, como los sindicatos ¿debería estar invitados a esa discusión?
Me parece que tienen que estar.
”En esta Costa Rica diversa con tantos sectores influyentes, no se puede excluir a nadie.
El tema de reorganizar al Estado va más allá de la contabilidad, tiene repercusiones políticas y sociales inmensas que, si no se manejan bien, pueden llevar a situaciones complicadas”.
En diciembre el Presidente levantó el veto a la reforma procesal laboral. ¿Van a aprobar el proyecto para cerrarle portillos a las huelgas en servicios esenciales?
Creo que muchos apuestan a lo que pueda fallar la Sala Constitucional. Si el levantamiento del veto es declarado inconstitucional será otro el panorama.
”Creo que hay que esperar a esa resolución. No incluimos el tema en la negociación del 1.° de mayo a la espera de ese elemento. Me parece que el empresariado también está a la espera de esa resolución”.
Para darle confianza a los inversionistas hay que reducir el costo de la energía eléctrica, tema que este gobierno decidió congelar. ¿Cómo planean reactivar el debate?
Es un tema que está al mismo nivel de relevancia que el asunto fiscal. Estamos a la expectativa de la propuesta del Gobierno tras 18 meses de estudio.
Pero la intención de este bloque opositor y del Directorio que usted preside es proponer…
No, claro. Déjeme replantearlo. Creo que el Gobierno no debe cerrarse a discutir sobre esto.
”Igual vamos a plantearlo e instaría al Gobierno a que concrete, que adelante su posición, pues incide en todo”.
¿Y podrían ustedes reactivar una comisión especial para debatir el tema energético?
Puede ser una buena alternativa. Es un gran tema que puede ameritar una comisión especial.
Usted le pide mucho diálogo al Gobierno, pero ese fue el gran déficit de la administración Solís Rivera al cabo de su primer año ¿No corre peligro de fracasar con esa apuesta, a la luz de ese antecedente?
Probablemente sí. Pero después de conversar con don Sergio Alfaro (ministro de la Presidencia) y ver el signo de apertura que envía el presidente al invitar a Casa Presidencial a todos los jefes de fracción, sería el error político más grande continuar con una actitud alejada del diálogo. Creo que si algo tiene don Luis Guillermo es que es una persona políticamente alerta para detectar eso. Hoy el diálogo se vuelve más importante en una Asamblea con nueve fracciones y la fracción oficialista totalmente dividida. De lo contrario se pondría al país en una posición muy delicada. Acepté la presidencia del Directorio para tratar de proponer, de mediar, de buscar acuerdos. Es la única manera; podrá sonar trillado pero si la gente no se comunica no habrá avances.
Para buscar ese diálogo ¿debe venir el presidente de la República a la Asamblea, o debe el presidente de la Asamblea ir a Casa Presidencial? ¿Cuál es su estilo?
Yo voy donde sea. A mí eso no me importa si es para encontrar el diálogo. Si hay que hacer trillo para que las cosas avancen, no tengo ningún problema.
¿Concuerda en que la elección del Directorio Legislativo del pasado 1.° de mayo fue el resurgimiento del bipartidismo?
Vivimos en una Costa Rica muy diferente a la de hace 20 años. Cuando hablan del “PLUSC” me da risa, porque la Unidad y Liberación Nacional (PLN) ni siquiera tenemos mayoría simple entre las dos fracciones (29 votos). Antes cuando se tenían 55 diputados entre ambos partidos era otra historia. Digamos que los partidos se podían confiar. Hoy no, vivimos en otra Costa Rica con un ambiente potencialmente conflictivo”.
¿Y concuerda en que ahora el bloque opositor cogobierna?
Somos corresponsables de lo que suceda en este país. No podemos dejar que sencillamente las cosas vayan mal. Creo que nosotros tenemos que estar muy a la altura del momento y eso implica que no podemos dejarnos llevar por la intención de obtener ganancias político-electorales efímeras, fugaces y mezquinas.
Después de la votación del 1.° de mayo, que acabó con un pacto opositor ¿estamos viendo un aviso de que el país debe virar hacia un sistema parlamentarista de manera formal y no a través de acuerdos coyunturales?
Creo que sí es un aviso. En los países con sistemas parlamentaristas, aunque los congresos estén muy fragmentados, las fuerzas se fusionan y eso facilita la negociación. Hay que despejarse un poco de las viejas formas de leer en panorama político. Tenemos esa posibilidad en Costa Rica y la veo positiva. Podríamos avanzar mucho.
Prioridades
El PUSC propone al bloque opositor una agenda priorizada así:
Presupuesto: Control del gasto desde la Constitución y fijar presupuestos plurianuales de Gobierno y autónomas.
Control a pensiones del Poder Judicial : Impulsan proyecto para fortalecer y controlar el régimen con cargo al presupuesto.
Empleo público: Impulso de un proyecto para limitar las remuneraciones totales en la función pública.
Combustibles: Con el proyecto N.° 19.514 proponen controlar el precio del combustible regulando el porcentaje de impuestos.
Contingencia eléctrica: La bancada impulsará aprobar el texto sustitutivo del proyecto para intentar reducir el costo de la electricidad.
Fuente PUSC.
