Economía y Política

Reforma a ley de aduanas abre conflicto entre empresarios y la administración

Representantes del sector comercio piden mayor claridad sobre las eventuales obligaciones que les podría acarrear la aplicación de sistemas tecnológicos

El proyecto de reforma a la ley general de aduanas (22.364) que el Ministerio de Hacienda impulsa en la Asamblea Legislativa abrió un nuevo conflicto entre la administración y algunos de los principales representantes del sector productivo; ante la implementación de “sistemas de control no intrusivo” contra el contrabando y la evasión de impuestos.

La reforma que se tramita en la comisión de Asuntos Económicos agrega un párrafo al artículo 79 de la ley vigente (7557); el cual daría la potestad al Servicio Aduanero de “implementar procedimientos automatizados para el ejercicio del control aduanero, mediante sistemas de control no intrusivo”, relacionados con “el ingreso o salida de personas, mercancías, vehículos o unidades de transporte”.

Según el director general de Aduanas, Gerardo Bolaños, esta indicación únicamente representaría inversiones significativas para la administración. Sin embargo, distintos grupos empresariales abogan por una mayor claridad de la ley, respecto de los eventuales gastos adicionales que podrían encarecer sus operaciones.

Los mecanismos de inspección no intrusiva se refieren a componentes tecnológicos como escáneres, básculas, GPS o marchamos de seguridad, entre otros; los cuales sirven como herramientas para revisar las mercancías y su ruta de tránsito, sin tener que manipular directamente los cargamentos.

El proyecto de reforma fue puesto en corriente legislativa el 17 de diciembre pasado, y ya arrancó con su etapa de consultas y audiencias. De ese proceso ya surgió un texto sustitutivo que realizó algunas reformas sugeridas por cámaras empresariales y agentes de aduanas; sin embargo, puntos como los alcances de estos sistemas de inspección siguen sin consensuarse de manera definitiva.

¿Para qué estos sistemas?

Los mecanismos como escáneres, básculas, GPS y marchamos sirven para detectar eventuales incongruencias entre las mercancías declaradas y las transportadas por las personas que tramitan su ingreso o traslado por el país. También permiten detectar posibles irregularidades en las rutas de transporte, una vez que los transportistas superan los controles aduaneros.

Gerardo Bolaños, director general de Aduanas, explicó a EF que este último punto es una de la principales preocupaciones de Hacienda.

Según comentó, se han detectado camiones que ingresan por el sur del país y cuyos transportistas manifiestan dirigirse hacia otros países en el norte de Centroamérica, pero nunca no abandonan el territorio costarricense.

Para dar un seguimiento a estos transportistas, indicó, recientemente se aplicó un plan piloto con la utilización de mecanismos de GPS; sin embargo, señaló que una aplicación generalizada requeriría de una ley que permita avanzar más firmemente con esta materia.

“(En el plan piloto) Se utilizaron dispositivos con GPS con un cerco digital que nos decía dónde se detenía cada conductor, si se salía de su ruta se le controlaba; y este tipo de tecnología con GPS es la que estamos propiciando que se incluya dentro de la legislación”, describió.

El problema con las intenciones de Hacienda, según el director ejecutivo del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), Jairo Mena, es que el artículo mediante el cual se pretende abrir esta puerta es “demasiado amplio”. Él criticó que no se definen mecanismos ni obligaciones específicas para los comerciantes.

Desde su punto de vista, esto podría provocar que cada nueva administración pueda ampliar obligaciones para los administrados, las cuales podrían enfrentar costos operativos ulteriores.

“Esto es parte de las inseguridades jurídicas que vemos.De un momento a otro pueden cambiar las reglas y de repente ya el sector privado tendría que involucrarse con algo. Se ha descartado la obligación de escáneres, pero hay un sistema no intrusivo puede implicar software, cámaras y otros dispositivos que deberíamos tener claros para saber qué es lo que va a implicar esto”, puntualizó Mora.

Muchas de las observaciones de la CCCR también fueron respaldadas por entidades como la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), durante las audiencias del proyecto en la comisión legislativa de Asuntos Económicos. “El control aduanero y la implementación de sistemas son responsabilidad exclusiva del Servicio Aduanero”, dijo el presidente de la representación de industriales, el 9 de marzo, en audiencia legislativa.

Ante preocupaciones como las de Mora, el director Bolaños enfatizó que la norma debe ser amplia precisamente porque se requiere flexibilidad, ante tecnologías que cambian constantemente. También dijo que las cámaras no deberían temer esa amplitud porque la confección y publicación de cada norma reglamentaria pasa por un amplio proceso de consulta.

“No podemos referirnos a una tecnología en particular porque corremos el riesgo de que eventualmente quedemos en obsolescencia tecnológica y jurídica, y por eso no hacemos las menciones explícitas”, subrayó.

Bolaños puntualizó que la idea de la administración es asumir el grueso de las inversiones que eventualmente impliquen la aplicación de los mecanismos a través de licitaciones, pues se trata de herramientas que mejoran la gestión tributaria.

Hubo cambios, pero faltan

Ante las primeras inconformidades que manifestaron representantes del sector productivo relacionadas con distintos puntos de la reforma, el Ministerio de Hacienda envió un texto sustitutivo del texto a la Comisión de Asuntos Económicos a finales de junio. No obstante, las cámaras aún no están satisfechas con la redacción y aseguran que enviarán nuevas observaciones a los diputados.

Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), indicó a EF que el proyecto genera “cierto avance en materia de comercio”, pero “brinda un exceso de atribuciones a la autoridad pública”.

“Desde la Cámara de Exportadores brindamos una serie de recomendaciones para ser tomadas en cuenta en el texto sustitutivo presentado a la Asamblea Legislativa; sin embargo, solo algunas fueron parcialmente tomadas en cuenta. Desde luego que el proyecto de reforma a la ley general de aduanas es prioritario para el sector, pero se deben subsanar situaciones”, observó.

Lo mismo dijo Mena, de la Cámara de Comercio. Él agregó que la representación empresarial trabaja en un documento con varias decenas de observaciones sobre posibles “puntos de mejora”.

“La DGA dice que las tecnologías pueden cambiar en el tiempo y que esto necesita flexibilidad, porque a nivel de cambios en la ley podrían complicarse aún más, pero todas estas cosas se deben prever y dejar bien por escrito para que no haya inseguridades (...) se puede aclarar de qué debe hacerse cargo el sector privado y de qué la administración”, subrayó.

Costa Rica cuenta con siete puestos principales de aduanas. Las aéreas son la Santamaría y La Anexión; las marítimas son Caldera y Limón; y las terrestres abarcan la Central, Peñas Blancas y Paso Canoas.

Por estos puentes de ingreso comercial al país se recauda casi un 30% de los impuestos estatales, cerca de un 3,8% de la producción costarricense, según datos de la Contraloría General de la República (CGR).

Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.