Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos asestó este viernes un golpe significativo a la agenda económica del presidente Donald Trump, al declarar ilegales sus aranceles comerciales de carácter global. La decisión anula las tarifas insignia de su segundo mandato, argumentando que el presidente se extralimitó en el uso de sus poderes de emergencia.
En un fallo de 7 votos contra 4, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal confirmó una decisión de un tribunal inferior, socavando así un pilar de la ofensiva proteccionista de la administración. Según el reporte de The Wall Street Journal, la mayoría de los jueces concluyó que el presidente sobrepasó la autoridad que le confiere la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977.
La decisión es considerada el mayor revés judicial para esta política. No obstante, los jueces permitieron que los aranceles permanezcan vigentes hasta mediados de octubre, otorgando un plazo para que las partes soliciten a la Corte Suprema que revise el caso, según informó la agencia AFP.
Los gravámenes anulados por la decisión judicial incluyen un arancel base del 10% sobre las importaciones de prácticamente todos los países, tarifas más elevadas para naciones que la administración considera “malos actores comerciales” y un conjunto adicional de aranceles específicos para Canadá, China y México.
La administración Trump había argumentado que estos últimos países no habían hecho lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo a través de las fronteras estadounidenses.
Impacto para Costa Rica
La anulación de estos aranceles representa un posible respiro y una noticia positiva para el sector exportador de Costa Rica. Estados Unidos es, por un amplio margen, el principal socio comercial del país, absorbiendo más del 40% del total de las exportaciones costarricenses. Una tarifa general del 10%, como la que fue invalidada, impacta directamente la competitividad de productos clave para la economía nacional.
Sectores como el de dispositivos médicos, que lidera las ventas al exterior, junto con productos agrícolas vitales como la piña, el banano y el café se ven afectados. Esto no solo amenaza los márgenes de ganancia de las empresas, sino también la estabilidad de miles de empleos que dependen de esta relación comercial. El fallo judicial, por lo tanto, podría eliminar una amenaza directa que genera una alta incertidumbre entre los productores y exportadores.
Más allá del impacto económico inmediato, la decisión del tribunal federal es fundamental para Costa Rica desde una perspectiva de política comercial. El modelo de desarrollo del país se ha basado históricamente en la apertura de mercados y el fortalecimiento de un sistema de comercio internacional basado en reglas, como el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR). La imposición unilateral de aranceles por parte de su principal socio comercial socavaba estos principios. Por ello, que un poder judicial limite estas acciones es visto como una validación de la institucionalidad y la seguridad jurídica, elementos que el país defiende en foros multilaterales.
El caso se originó a raíz de los aranceles del denominado “Día de la Liberación”, anunciados por Trump en abril. La administración sostuvo que la ley IEEPA le otorgaba amplios poderes para regular las importaciones mediante aranceles durante una emergencia nacional, citando el déficit comercial como una de las justificaciones. Sin embargo, el propio gobierno reconoció que ningún presidente anterior había utilizado dicha ley de manera similar.
La política arancelaria fue impugnada rápidamente por una coalición de estados liderados por demócratas y pequeñas empresas. En mayo, un panel de tres jueces de la Corte de Comercio Internacional les dio la razón y anuló los aranceles, una decisión que fue suspendida mientras el gobierno apelaba.
The Wall Street Journal también reportó que, previo al fallo de este viernes, abogados de la administración enviaron una carta al tribunal de apelaciones advirtiendo que una decisión en contra del presidente tendría “consecuencias catastróficas”. En la misiva, señalaron que el país no podría reembolsar los billones de dólares ya comprometidos por otros países en acuerdos comerciales, lo que “podría llevar a la ruina financiera” y a “un resultado al estilo de 1929”.
