A las puertas de las elecciones presidenciales de 2026, las encuestas de intención de voto elaboradas por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) y por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA) dibujan un escenario similar: si se consideran los márgenes de error, es posible tanto que Laura Fernández gane en primera ronda como que no logre el 40%.
De acuerdo con el artículo 138 de la Constitución Política, la candidatura que logre superar el 40% del total de los votos válidos podrá ceñirse la banda presidencial. En caso contrario, el país deberá acudir a una segunda elección entre las dos nóminas con mayor respaldo en las urnas.
Ante esa eventualidad, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya contempla recursos para una segunda ronda, una instancia que se ha convertido en la norma durante las últimas tres elecciones nacionales. El presupuesto previsto para un eventual balotaje asciende a ¢3.362 millones, mientras que la inversión proyectada para la primera ronda es de ¢10.217 millones.
Gerardo Abarca, director general del TSE, explicó a El Financiero que estos montos corresponden a cifras presupuestadas y no al costo final del proceso electoral. Precisó que el gasto definitivo solo se conocerá una vez concluido el proceso de recopilación, depuración, procesamiento y contabilización de todos los desembolsos efectivamente ejecutados para la logística electoral.
El costo de la segunda ronda
Desde 2014, el balotaje ha sido el mecanismo que ha definido, en última instancia, al mandatario que gobierna el país durante el siguiente cuatrienio.
En esa elección, la segunda vuelta que enfrentó a Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y a Johnny Araya, del Partido Liberación Nacional (PLN), tuvo un costo de ¢1.806 millones, cifra que resultó 2,5 veces menor que la inversión de la primera ronda, que cerró en ¢4.555 millones.
La reducción en el costo de las segundas rondas responde, en buena medida, a una logística más acotada. En estos comicios se utiliza una sola papeleta por elector, ya que los diputados quedan definidos en la primera vuelta, lo que disminuye el volumen de material electoral, el personal requerido y los recursos destinados al conteo de votos.
En 2018, el costo del balotaje ascendió a ¢2.247 millones. Ese proceso, que enfrentó a Carlos Alvarado (PAC) y a Fabricio Alvarado (Partido Restauración Nacional), representó la mitad de la inversión realizada en la primera ronda, según datos del TSE.
Para las elecciones de 2022, la segunda vuelta tuvo un costo de ¢2.498 millones, poco más de la mitad de lo invertido en la primera ronda. En esa ocasión, el resultado final se definió entre José María Figueres (PLN) y Rodrigo Chaves (PPSD), en una contienda marcada por una elevada abstención.
El abstencionismo de las segundas rondas
Aunque el balotaje ofrece al electorado una segunda oportunidad para acudir a las urnas, la experiencia reciente muestra que la prolongación del proceso presidencial tiende a profundizar el abstencionismo, con una única excepción en 2018, de acuerdo con las estadísticas oficiales del TSE.
En 2014, la abstención pasó de 31,8% en febrero a 43,5% en abril, dejando a una porción significativa del padrón al margen de la decisión final sobre el equipo que lideraría la administración 2014-2018.
Cuatro años después, aunque el abstencionismo se mantuvo por encima del 30%, el balotaje mostró una leve mejora. La cifra bajó de 34,3% en febrero de 2018 a 33,6% en abril.
El escenario volvió a deteriorarse en 2022, cuando se registró un hito histórico: un 40,04% del padrón electoral optó por no ejercer su derecho al voto en la primera ronda, porcentaje que se amplió hasta 43,21% en la segunda vuelta.
Este telón de fondo coincide con niveles aún elevados de indecisión de cara a los comicios de 2026. La más reciente encuesta de Idespo revela que un 35,2% de las personas consultadas aún no define su voto, mientras que un 39,9% manifestó su intención de apoyar el próximo 1.° de febrero a Laura Fernández, candidata del oficialismo.
Por su parte, el penúltimo informe del CIEP-UCR sitúa al bloque de indecisos en un 32% del electorado. A la vez, atribuye a Laura Fernández un respaldo del 40%. De mantenerse ese nivel de apoyo, la candidata del oficialismo lograría superar el umbral requerido para definir la contienda en primera vuelta y evitar una segunda ronda electoral.
En conjunto, los datos de Idespo y del CIEP-UCR muestran un escenario aún abierto, marcado por altos niveles de indecisión y márgenes estrechos en la intención de voto. La posibilidad de una definición en primera ronda dependerá de si el apoyo a la candidatura oficialista logra consolidarse por encima del 40%.
