El mercado de la radiodifusión en Costa Rica experimenta una reconfiguración administrativa y legal tras el vencimiento del plazo para la recepción de ofertas en la primera subasta pública de frecuencias. La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) cerró el proceso el pasado viernes 21 de noviembre.
Este procedimiento establece un nuevo modelo de asignación de títulos habilitantes para el uso del espectro radioeléctrico. La transición, desde el esquema de asignación directa anterior, motivó decisiones divergentes entre los actuales concesionarios.
Un segmento de operadores presentó sus atestados para competir por las bandas disponibles. Otro grupo de radiodifusoras y televisoras comunicó su decisión de no participar en la puja. Algunas de las empresas citaron la inviabilidad financiera frente a los precios base y discrepancias legales sobre sus contratos vigentes.
El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) instruyó este proceso con el objetivo de reordenar las concesiones vencidas. La ejecución de esta etapa derivó en anuncios de cese de transmisiones para varias empresas.
Radio Sinfonola (90.3 FM) comunicó el cese de sus operaciones. La emisora informó que no presentó oferta ante la Sutel debido a los costos del proceso. Carlos Lafuente, propietario de la estación, indicó que los montos base del cartel exceden la capacidad económica de la empresa.
El precio de salida para una frecuencia de radio FM con cobertura nacional oscila entre los $193.051 y los $386.102. La administración de Sinfonola contrastó estas cifras con los cánones anteriores. Lafuente confirmó que la medida implica la liquidación del personal.
La Cadena Radial Costarricense (CRC) descartó su participación. Este grupo administra cinco frecuencias: CRC 89.1, 94.7 FM, 95.9 FM, Azul 99.9 FM y 103.1 FM. Andrés Quintana, presidente de la compañía, cuestionó la legalidad del mecanismo de subasta.
CRC sostiene que posee contratos de concesión firmados en 2004. La empresa argumenta que dichos documentos estipulan una prórroga automática que les permitiría operar por un periodo adicional. El grupo mantiene litigios activos para defender la vigencia de sus títulos.
Cadena Musical se sumó a las empresas que no ofertaron. La compañía opera las emisoras Radio Musical (97.5 FM) y Radio Hit (104.7 FM). Sus representantes calificaron las condiciones del cartel como inviables para su modelo de negocio.
La empresa señaló que los requisitos técnicos no se ajustan a la realidad del mercado local. Cadena Musical interpuso acciones ante el Tribunal Contencioso Administrativo con el objetivo de validar su derecho de renovación.
Grupo Columbia confirmó este lunes 24 de noviembre su decisión de no participar en el concurso. La medida afecta a cuatro de sus emisoras principales: Columbia (98.7 FM), Columbia Estéreo (92.7 FM), Radio 2 (99.5 FM) y Amplify Radio (95.5 FM). La periodista Vilma Ibarra, vocera del conglomerado, explicó que el motivo central fue el precio base de la subasta, al que calificó de “exorbitantemente elevado”, lo que hizo inviable la presentación de una oferta.
El sector de medios regionales registró bajas. Emisoras como Onda Brava, en Guanacaste; Radio Santa Clara, en la Zona Norte; y TV Sur, en Pérez Zeledón, confirmaron que no cuentan con el capital para ingresar a la subasta.
Salida de televisoras y resistencia legal
La televisión abierta experimentó movimientos similares. Telefides, canal de orientación católica, anunció su salida del espectro. Saray Amador, presidenta del canal, explicó que el precio base de $1,6 millones para una frecuencia nacional resulta impagable.
Amador detalló que las exigencias técnicas del cartel requieren inversiones adicionales que elevan el costo de operación. La representante indicó que estas barreras económicas fuerzan al canal a abandonar la transmisión de señal abierta.
El proceso licitatorio motivó cambios en proyectos recientes. El canal ¡OPA! (Canal 38) confirmó que no continuará en la disputa por la frecuencia. La empresa dejará de emitir su señal a través del espectro radioeléctrico abierto.
Canal 1 tomó una decisión en la misma línea. La televisora comunicó el cese de sus operaciones en televisión abierta. La administración informó que concentrará sus recursos en plataformas digitales y servicios de televisión por cable.
Un grupo de concesionarios adoptó una estrategia distinta: no ofertar pero “mantener” las transmisiones. VM Latino (Canal 29) y Canal 19 se encuentran en esta posición. Sus propietarios afirman que sus derechos de uso del espectro se mantienen vigentes.
Paul André Tinoco y Antonio Alexandre, representantes de estos canales, argumentan que no deben someterse a una subasta por un bien que ya tienen concesionado. Ambos empresarios indicaron que esperarán la resolución de los procesos judiciales.
Ofertas de grandes operadores
En contraparte, los operadores con mayor cuota de mercado validaron el concurso. Grupo Repretel confirmó la entrega formal de ofertas ante la Sutel. La empresa busca renovar las concesiones de sus cuatro canales de televisión (2, 4, 6 y 11) y sus emisoras de radio de Central de Radios.
La compañía manifestó que su participación obedece a un compromiso de largo plazo. Carlos Hernández, director general de Repretel, señaló que cumplieron con el proceso establecido en el cartel de licitación.
Televisora de Costa Rica (Teletica) también participó en la subasta. La compañía presentó la documentación requerida para competir por las frecuencias de Canal 7, Canal 33 y Teletica Radio.
La empresa indicó que su participación busca garantizar la continuidad de sus servicios. En un comunicado, Teletica reafirmó su intención de operar en apego a la normativa vigente y mantener su oferta de contenidos.
La legislación establece excepciones para ciertos operadores. Los medios estatales y universitarios no formaron parte del proceso de subasta. Esta disposición abarca al Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (UCR) y a los medios de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
El Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica (ICER) también se encuentran en este grupo. La normativa reserva segmentos del espectro para estas entidades debido a su naturaleza pública y educativa.
La Contraloría General de la República (CGR) resolvió previamente los recursos de objeción presentados contra el cartel. El ente contralor rechazó las impugnaciones y avaló la competencia de la Sutel para conducir el procedimiento.
Las autoridades de telecomunicaciones procederán con la fase de evaluación. El cronograma establece periodos para el análisis de admisibilidad, la revisión técnica y la adjudicación final de las concesiones a los oferentes que cumplan los requisitos.
