Si los diputados que hoy actúan de forma independiente conformaran una fracción legislativa propia, su peso político sería mayor al de tres partidos que alcanzaron representación en 2022. Sin embargo, en Cuesta de Moras ha echado raíces una variante estratégica: el transfuguismo a la tica. Se trata de un fenómeno donde el legislador rompe con su bancada en el discurso y la votación, pero evita la declaratoria formal para no sacrificar los recursos, plazas de asesores y privilegios administrativos que otorga el Reglamento de la Asamblea.
A la fecha, ocho legisladores han dado el paso formal hacia la independencia, superando en número a las fracciones electas de Nueva República (siete), el Liberal Progresista (seis) y el Frente Amplio (seis). Esta cifra implica que el 14% de las curules ya abandonaron el barco que los llevó al poder. No obstante, la estadística oficial es apenas la punta del iceberg: existe un “limbo político” ocupado por legisladores que, pese a militar en la acera de enfrente, mantienen el vínculo legal con su partido original para retener beneficios.
En la actual Asamblea Legislativa, las fisuras por fracción muestran un mapa fragmentado: un 66% para el PLP (en términos de disidencia interna), un 14% en Nueva República, 11% en la Unidad Social Cristiana, 10% en Progreso Social Democrático y un 5% en Liberación Nacional. Esta erosión del sistema de listas cerradas plantea una interrogante crítica sobre la lealtad partidaria frente al pragmatismo de conservar el control de la oficina del sexto piso de la Asamblea y el presupuesto de asesores.
El origen
Cada primer domingo de febrero, la ciudadanía escoge al grupo de diputados que representará los intereses de su provincia en la Asamblea Legislativa. A pesar de que el sistema de elección es por medio de listas cerradas y se vota por el partido político, en ocasiones esa representación se fractura cuando el legislador se declara independiente. A esta práctica se le conoce, desde la Ciencia Política, como transfuguismo.
“Un diputado tiene muchísimas razones para declararse independiente. En un contexto en el cual los partidos políticos se encuentran muy vaciados de contenido a nivel ideológico y programático, es muy normal que lleguen representantes a puestos de elección popular que tienen una agenda propia que únicamente requirió cumplir con el requisito formal de postularse por un partido político. Una vez en los puestos de elección popular, esas diferencias se terminan poniendo de manifiesto hasta el punto de que en muchos casos terminan siendo irreparables”, explicó Alejandro Molina, politólogo e investigador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Dicha decisión nunca está exenta de polémica. Una de las grandes interrogantes es el fenómeno de las lealtades partidarias y la desideologización. El ciudadano no escoge al diputado a nivel personal, sino que vota por un partido político con determinados valores y posicionamiento ideológico. Cuando se abandona esa agrupación, puede interpretarse que rompió el pacto por el que se le eligió.
“En Costa Rica tenemos una paradoja en nuestro sistema electoral y es que los electores votan por un partido político, pero luego esa curul obtenida no le pertenece al partido político, sino que le pertenece al diputado”, resaltó el experto.
“Es una situación paradójica en la cual diputados electos finalmente pueden terminar traicionando —o no honrando— el compromiso suscrito con la población costarricense que les confió esa posición como representantes de la visión de país que promueven los partidos por los cuales fueron electos”, añadió Molina.
Sin embargo, la Sala Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que, según el artículo 106 de la Constitución Política, los diputados son representantes del pueblo, no solo del partido político por el que fueron elegidos.
Legisladores que no renuncian formalmente
Con la Asamblea Legislativa actual, electa en el 2022, hay casos particulares. Ocho, de los nueve diputados de Progreso Social Democrático (PPSD) que llevó a Rodrigo Chaves al Poder Ejecutivo anunciaron en agosto de 2023 que abandonaban ese partido, pero no se declararon independientes.
Ese grupo de legisladores, comandados por Pilar Cisneros, se distanció de Luz Mary Alpízar —presidenta del PPSD— e incluso se tomaron fotografías con una nueva agrupación política: Aquí Costa Rica Manda, a la cual le dieron el apoyo para las elecciones municipales de 2024.
Para el 2025 realizaron campaña con el Partido Pueblo Soberano de cara a las elecciones nacionales de 2026.
En el discurso ya no formaban parte de la agrupación, aunque para efectos formales todavía estaban afiliados al PPSD, por lo que no perdieron sus derechos.
“Realmente no es necesario que un diputado se declare independiente para abandonar la fracción. El mejor caso ha sido la fracción del gobierno que, tras darse cuenta de que, al declararse independientes y renunciar al PPSD perderían el estatus de jefe de fracción, se les reducirían los recursos y demás, lo que han hecho es una separación, digámoslo así, simbólica”, manifestó José Andrés Díaz, politólogo e investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional.
“Asimismo, hay que anotar que el reglamento de la Asamblea Legislativa no permite a los partidos políticos expulsar o separar a sus diputados, entonces queda a decisión de cada legislador”, añadió el experto.
El mismo caso ocurre con Melina Ajoy, María Marta Carballo, Carlos Robles y Horacio Alvarado, del PUSC. Ninguno se ha declarado independiente de manera formal, pero en las votaciones y los discursos que emiten, se alejan del posicionamiento de la fracción. Por ejemplo, los cuatro votaron en contra de levantarle el fuero de inmunidad al presidente Rodrigo Chaves. Incluso, el candidato presidencial del PUSC para los comicios de 2026, Juan Carlos Hidalgo, los separó de su campaña electoral.
Situación similar es la que acontece con las diputadas de Liberación Nacional (PLN): Carolina Delgado y Sonia Rojas. Esta última fue separada de la fracción porque se ausentó de la votación del levantamiento de la inmunidad a Chaves.
En el caso de Delgado, ella votó en contra de quitarle el fuero a Chaves y en las elecciones presidenciales se tomó una fotografía con el mandatario.
A pesar de esos actos, ambas siguen perteneciendo formalmente al PLN y no se han declarado como diputadas independientes.

29 renuncias en cuatro periodos legislativos
Las fisuras dentro de las fracciones legislativas no son un fenómeno nuevo. Entre los legisladores electos en el 2010 se dieron cinco rompimientos de filas en tres de las nueve bancadas electas. Lo que representa el 8,77% del total de legisladores.
En el Congreso electo en 2014, solamente tres diputados dejaron el partido por el que fueron electos, lo que se traduce en un 5,26%. Seis bancadas no tuvieron renuncias.
En la Asamblea Legislativa electa en el 2018 se registró un repunte en las salidas de bancada. Fueron un total de 13 deserciones formales, lo que representó un 22,81% de los 57 congresistas.
Los números de dicho periodo los inflan las tensiones entre Fabricio Alvarado y Restauración Nacional, las cuales derivaron en una especie de bancada “fabricista” que después se convirtió en el partido Nueva República.
Pérdida de derechos
Los legisladores que deciden separarse de su fracción por la que fueron elegidos y se declaran independientes dejan de tener acceso a algunos recursos públicos y espacios de maniobra política en el Congreso.
En el ámbito administrativo de la Asamblea, pierden el acceso a ciertas plazas de asesores y al presupuesto asignado a la fracción legislativa. Tampoco pueden obtener plazas para jefatura administrativa, jefatura de asesores y ciertos cargos en la administración de la bancada.
Ya no podrían ir a la oficina de la jefatura de fracción que está en el sexto piso del edificio en Cuesta de Moras.
También se pierden derechos políticos: su tiempo se ve disminuido en los espacios de uso de la palabra en los debates reglados y en el espacio de control político en las sesiones del plenario, tanto en el periodo de 3 p.m. a 3:30 p.m. los lunes, martes y jueves, como en el espacio ampliado de los miércoles.
No tendrían derecho de participación en reuniones de jefaturas de fracción y voto en ese espacio. Tampoco podrían solicitar espacio en la agenda de proyectos de consenso ni en las mociones de posposición diarias con agenda de proyectos que aprueban los diputados.
Perderían el derecho a solicitar recesos durante las sesiones del plenario legislativo, pues esa es una prerrogativa exclusiva de una jefatura de fracción y no tendrían incidencia en la negociación para conformar las comisiones permanentes, especiales y plenas.