Un reconocido comunicador fue asesinado el lunes 16 de noviembre en Costa Rica después de 20 años. Camilo Rodríguez Chaverri, de 50 años, fue atacado a balazos mientras se trasladaba en un vehículo por la ruta 32, en Santo Domingo de Heredia, a pocos metros del sitio en el que hace más de 20 años habían asesinado al también comunicador Parmenio Medina.
Los homicidios de periodistas son extraños en la historia costarricense, sin embargo, este último ocurre después de años de un deterioro sostenido en los índices nacionales de libertad de expresión y de una violencia campante, que ya se distingue fácilmente —y hasta parece haberse naturalizado— en campos tan distintos como el discurso político o los homicidios en plena vía pública.
Frente a esa mixtura de problemas, el Colegio de Periodistas (Colper) exige ahora una investigación exhaustiva del crimen y advierte que no llega en un escenario cualquiera. Al contrario, recuerda que viene precedido de un “tortuoso período de afectaciones” para el ejercicio de la profesión.
“Su asesinato se debe investigar con celeridad no solo porque se trate de un periodista costarricense sino, además, porque la ciudadanía no puede quedar sin respuestas claras sobre una muerte violenta ocurrida a una persona que utilizó su voz para denunciar”, redactó el mismo día del crimen, de cara a un país donde ya son seis de cada 10 las personas que dicen considerar “peligroso” el oficio de informar.
Las autoridades todavía desconocen los motivos del asesinato. Pero la muerte de Rodríguez vuelve a colocar sobre la mesa un tema incómodo: el empeoramiento de la libertad de expresión en una Costa Rica más violenta en todos los ámbitos.

Polémico y seguido
Camilo Rodríguez desarrolló una extensa carrera en la radio, la televisión y otras publicaciones regionales. Además, fue escritor y más recientemente se había convertido en un difusor de denuncias a través de sus redes sociales, generalmente relacionadas con supuestos casos de narcotráfico y corrupción.
Sus publicaciones, en las que muchas veces también decía ser informante de autoridades estadounidenses, eran seguidas por cientos de miles de seguidores —solo en Facebook tenía 250.000 seguidores— e implicaban a políticos, empresarios, funcionarios judiciales y muchas otras personas.
En algunas ocasiones, Rodríguez incluso mencionaba a presuntos integrantes de organizaciones criminales por sus nombres o por sus alias, y decía disponer de fuentes judiciales e internacionales, además de “soplones” dentro de los propios grupos criminales que, decía, buscaban afectarse “entre ellos”.
Como la mayor parte de sus señalamientos se basaba en fuentes anónimas o información que no precisaba, era prácticamente imposible comprobar de manera independiente sus afirmaciones. Por ese motivo, sus métodos y su credibilidad eran objeto de cuestionamientos y muchas veces generaron controversias.
El propio expresidente Rodrigo Chaves cuestionó públicamente su credibilidad, en septiembre pasado, durante una actividad en Puntarenas. El ahora ministro puso en duda que se pudiera creer en cualquiera de las afirmaciones de Rodríguez, quien había difundido rumores —posteriormente desmentidos por la Embajada de Estados Unidos— de que le habían retirado la visa.
La presidenta Laura Fernández también había sido blanco de las publicaciones de Rodríguez y había dicho que presentaría una querella en contra del periodista. Lo hizo durante la campaña electoral, cuando empezaba la precampaña y el comunicador había cuestionado, sin presentar evidencia, los medios que ella había usado para construir su vivienda.
Pero no solo Chaves y Fernández fueron blanco de acusaciones o insinuaciones del periodista. También lo fueron el fiscal general, Carlo Díaz; el director del OIJ, Michael Soto; múltiples jueces y magistrados; y múltiples políticos como Mario Zamora o Gerald Campos, que recientemente ocuparon el Ministerio de Seguridad.
A pesar de sus cuestionados métodos de denuncia, muchas personas le seguían porque también habló de empresarios y otras personalidades del ámbito público y privado que han terminado siendo detenidos en los últimos años.
Pero Rodríguez también enfrentó múltiples problemas personales. Entre ellos, llegó a denunciar públicamente que tenía problemas relacionados con la custodia de sus hijos, fue detenido como sospechoso de abuso sexual contra una persona menor de edad en 2026 y su exesposa, Gabriela Arroyo, presentó denuncias en su contra por los presuntos delitos de violación, incumplimiento de medidas de protección, ofensas a la dignidad y amenazas. El periodista siempre rechazó las acusaciones y comúnmente las atribuyó a conflictos familiares.
Justamente por la complejidad de su perfil, las propias autoridades judiciales reconocen que la investigación sobre los motivos de su muerte será compleja.
Exigencia de respuestas
El fiscal general, Carlo Díaz, reaccionó al asesinato de Rodríguez diciendo que el Ministerio Público investigará las denuncias públicas de Rodríguez y las personas que pudieron haber tenido interés en matarlo.
Díaz aseguró que se realizarán pesquisas detalladas para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen, y aclaró que la revisión de las denuncias de Rodríguez será una de varias líneas de investigación.
Las autoridades judiciales revelaron que el comunicador había presentado hasta 10 denuncias relacionadas con amenazas, pero que se había negado a entrar en los programas de protección, que suelen ser invasivos en la vida de las personas.
Su abogado, por otra parte, aseguró que las amenazas fueron mucho más frecuentes de lo que fueron sus denuncias y que solían provenir de grupos criminales y fanáticos políticos. También dijo que el periodista creía estar siendo perseguido por vehículos del gobierno, un aspecto que nunca verificó.
Más allá de eso, la presidenta Fernández también repudió el homicidio del Rodríguez y anunció haber instruido a los cuerpos policiales a colaborar con todas las investigaciones. El mismo día del homicidio, la mandataria aseguró que el asesinato del comunicador era una mancha contra la libertad de expresión, “indiferentemente del contenido de sus comunicaciones”.
Las reacciones también llegaron por parte de partidos de oposición y de los expresidentes de la República, así como de múltiples organismos nacionales e internacionales, incluidas cámaras empresariales y hasta la Iglesia Católica.
El Colegio de Periodistas describió a Rodríguez como una voz “disidente” que denunciaba el crecimiento del crimen organizado y reclamó el esclarecimiento de su muerte con celeridad. Según indicó, la ausencia de respuestas puede detonar como una forma de censura colectiva. “La libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Cuando tenemos miedo de denunciar, padecemos el peor de los males en una sociedad. Camilo Rodríguez no tenía miedo, y hoy su voz se apagó con violencia”, subrayó.
El Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica también condenó el asesinato y recordó que “el silenciamiento violento de un comunicador no solo arrebata una vida humana y vulnera derechos fundamentales, sino que genera un efecto amedrentador sobre todo el ejercicio periodístico y lesiona el derecho colectivo de la sociedad a estar informada y participar en el debate público”.
La Iglesia Católica, por otra parte, indicó que “la libertad de expresión y de prensa son un pilar fundamental de nuestra democracia” y que “su defensa exige reconocer que todas las personas tienen derecho a manifestar sus ideas con libertad, responsabilidad y sin temor a sufrir violencia”.
Hasta este momento, sin embargo, las autoridades no han determinado públicamente si el asesinato estuvo relacionado con las publicaciones del comunicador o con otras circunstancias. A pesar de esa precaución, ha sido común que usuarios de redes sociales reaccionen a la noticia con expresiones como “se veía venir”: una reacción que múltiples especialistas de la comunicación han atribuido no solo a las amenazas que desde hace meses venía denunciando el propio Rodríguez, sino también a la creciente percepción de que ejercer el periodismo es riesgoso en Costa Rica.

Cuatro años de deterioro
El asesinato de Rodríguez coincide con años de deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Costa Rica.
El país ha caído 30 posiciones en la clasificación mundial de libertad de prensa que publica Reporteros Sin Fronteras (RSF) en los últimos cuatro años, pasando del puesto 8 al 38. Esta es una medición que considera dimensiones políticas, jurídicas, económicas, socioculturales y de seguridad.
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) también ha informado sobre el crecimiento en las alertas que recibe de posibles vulneraciones a la libertad de prensa y en el número de denunciantes.
A todo eso se suma una percepción general de la población que ha empeorado sobre las condiciones de los periodistas en Costa Rica. Un 58,1% de los costarricenses considera que trabajar como periodista es “peligroso”, según los resultados de la última Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación, desarrollada por la Universidad de Costa Rica (UCR). Ese es el registro más alto desde que comenzó el estudio, en 2023, cuando todavía era unos 10 puntos menor.
Los resultados de esa encuesta fueron el 12 de noviembre, apenas cuatro días antes del asesinato de Rodríguez.
Aunque el Gobierno sostiene que en el país existe plena libertad de prensa, también ha desarrollado una fuerte confrontación con la prensa independiente desde el año 2022 que se ha reflejado en los informes sobre todas esas calificaciones.
Desde antes de llegar al poder, el expresidente Rodrigo Chaves había dicho que promovería la destrucción de “las estructuras corruptas” de La Nación y de Teletica, y las hostilidades con la prensa se agudizaron con su llegada a Zapote. Chaves también llegó a comparar a la prensa con una fauna en la que también había “ratas” y sus ataques verbales también se acompañaron de actuaciones institucionales controvertidas.
Entre ellas, se recuerda el cierre de Parque Viva, propiedad de Grupo Nación; una denuncia de Hacienda por presunta evasión fiscal contra el empresario Leonel Baruch, propietario de CRHoy; y presuntas irregularidades que todavía se investigan judicialmente en cuanto al manejo de la pauta estatal. Varias de estas actuaciones ya terminaron en resoluciones judiciales adversas para el Estado.
Y el clima de animadversión no se detuvo con el relevo de la presidenta Fernández. Solo en las últimas semanas, la mandataria ha llegado a amenazar públicamente a un periodista con denunciarlo penalmente en una conferencia de prensa y, en su cadena nacional de este 15 de noviembre, volvió a tachar de “canallas” a medios que han difundido publicaciones que considera lesivas.
A todo eso se suma la escalada de la violencia criminal, que ha llevado a Costa Rica a registrar los años con mayores cantidades de homicidios de su historia reciente. El de Camilo Rodríguez se suma a los más de 680 homicidios que se registran en lo que va de 2026 y a los más de 3.300 que se acumulan desde 2023: el año en que se batió el récord, superando los 900 casos.
Las autoridades todavía deberán determinar quiénes ejecutaron y quiénes ordenaron el crimen, así como sus motivaciones. Más allá de eso, el homicidio se enmarca en un país que acumula niveles históricamente elevados de violencia, donde la percepción de peligro para ejercer el periodismo alcanza niveles históricamente altos y donde los indicadores internacionales de libertad de prensa llevan cuatro años de retroceso.
Todavía es temprano para dilucidar cuáles serán los efectos en el largo plazo del asesinato del comunicador sobre la sociedad costarricense, pero su efecto no será sobre una sociedad que careciera de problemas. La propia Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión advirtió que un 46,1% de la población percibe censura o limitaciones para expresarse libremente y que otro 40,1% afirma que ha dejado de expresar sus opiniones en redes sociales por miedo a enfrentar consecuencias. Todavía no habían matado a Camilo Rodríguez.
