La continuidad que Laura Fernández planteó respecto al gobierno de Rodrigo Chaves empieza a mostrar sus primeras grietas, apenas seis meses después de iniciado su mandato.
El caso de Indiana Trejos ilustra ese distanciamiento. Su salida de la jefatura del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) no solo apartó a quien dirigía la política comercial del país, sino también a la funcionaria que encabezó las negociaciones con Estados Unidos (EE. UU.) para reducir los aranceles impuestos a las exportaciones costarricenses, un proceso que ella comenzó en mayo de 2025.
Pero el alcance del despido fue más allá de un relevo ministerial. La misma decisión de Fernández frenó el proceso de adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), una de las apuestas comerciales que Chaves impulsó desde 2022. La presidenta justificó ambas medidas en el incumplimiento de Trejos de compartir el texto íntegro del acuerdo con todos los sectores involucrados, pese a la instrucción que había recibido para hacerlo.
El movimiento en Comex no es el único que alcanza a las instituciones encargadas de conducir la estrategia comercial. Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), también dejará su puesto en diciembre. Con su salida, otra de las figuras vinculadas a la promoción de exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa (IED) durante el gobierno anterior dejará la institución.
El momento en que se producen estos cambios tampoco es menor. Las compañías multinacionales enfrentan presiones para sostener su competitividad y, entre enero de 2023 y agosto de 2026, 38 empresas del Régimen de Zonas Francas solicitaron reducir sus compromisos de generación de empleo. Detrás de esos ajustes aparecen factores como los menores costos de producción en India, el avance de la inteligencia artificial (IA), la apreciación del colón frente al dólar y las dificultades para encontrar talento especializado.
Para Alexander Mora, exministro de Comex durante el período 2014-2018, las decisiones de Fernández responden a “mera ocurrencia y cálculos políticos” y no a una estrategia comercial. Su cuestionamiento apunta a un problema que trasciende los cambios de jerarcas: la falta de claridad sobre el rumbo que seguirá la política comercial del país.
¿Sin rumbo definido?
El archivo del CPTPP se convirtió en una de las señales más contundentes de que la agenda comercial heredada no necesariamente tendrá continuidad. La decisión llegó después de que distintos sectores productivos presionaran por conocer el contenido íntegro del acuerdo, pero también supuso dejar de lado una iniciativa que había recibido un respaldo explícito de Chaves.
En su última conferencia de prensa como presidente, Chaves había calificado el tratado como “el papá de los acuerdos internacionales en materia de comercio exterior”. Incluso felicitó a Manuel Tovar, entonces ministro de Comex, por liderar la coordinación de la iniciativa y “meter un gol en el minuto 90″.
Tovar tampoco continuó al frente de esa agenda. Aunque Fernández lo nombró canciller de la República al inicio de su administración, posteriormente lo despidió tras su participación en una sesión del Escudo de las Américas en la que estuvo presente Donald Trump. Según informó la Presidencia, el entonces canciller asistió sin comunicar previamente su participación a la mandataria.
De esta manera, las principales figuras que condujeron la agenda comercial y exterior durante el gobierno de Chaves han salido de sus puestos o dejarán de ocuparlos. Trejos fue despedida de Comex, López anunció su renuncia a Procomer y Tovar fue separado de la Cancillería. Los relevos dejan abierta la pregunta sobre quiénes asumirán esas responsabilidades y, sobre todo, qué orientación imprimirán a las instituciones.
“Pareciera que entre el despido de Trejos y la renuncia de López hay una lamentable coincidencia. Sí es fácil llegar a la conclusión de que las tres patas de ese banco de agenda exterior — compuesto por Tovar, Trejos, López— se descabezan. Además, aunque uno de los despidos sea consecuencia de la manera en la que se negoció supuestamente el acuerdo transpacífico, se tira a la basura todo el acuerdo”, enfatizó Manuel González, exministro de Comex durante el periodo 2004-2008 y excanciller en el periodo 2014-2018.
En medio de estos movimientos en las carteras y marcha atrás en iniciativas, Dyalá Jiménez, exministra de Comex durante el periodo 2018-2022, comentó que no tiene claro si los hechos recientes son respuestas coyunturales aisladas, o si son manifestaciones de una decisión estructural de cambio de rumbo en la política de comercio exterior del país.
“Si es lo segundo (cambio de rumbo), tampoco me quedaría claro cuál es esa política pública o ese programa que se estaría desarrollando por parte del gobierno”, señaló Jiménez.
¿Un cálculo político detrás del giro comercial?
El archivo del CPTPP también dejó al descubierto el peso que Fernández atribuye a las preocupaciones de los sectores agropecuarios. Al justificar su decisión, la presidenta sostuvo que “jamás puedo poner en juego el futuro de miles de familias costarricenses que se dedican a la ganadería, a la lechería, a la producción de frutos y verduras en pequeña y gran escala”.
La defensa de esos sectores, sin embargo, no es la única lectura que surge de la decisión. Para Mora, el freno al acuerdo responde principalmente a un cálculo político y no a una valoración de su conveniencia comercial. El exministro considera que Fernández busca acercarse a sectores rurales que podrían convertirse en una base de respaldo para el proyecto político que encabeza, de cara a las elecciones municipales de 2028.
Esos comicios tendrán un significado particular para el Partido Pueblo Soberano (PPSO), que competirá por primera vez por los gobiernos locales. La consolidación de apoyos territoriales podría ampliar la presencia política de la agrupación y fortalecer sus posibilidades de continuidad en las siguientes elecciones presidenciales.
Mora interpreta los movimientos de Fernández como un intento de ampliar su interlocución con distintas corrientes de la derecha costarricense. “Tenemos al ministro de la Presidencia que le sigue hablando a los votantes más de derecha de gran capital, y por el otro lado Fernández empieza a abrir un canal de comunicación con la derecha rural costarricense. Esto es para tratar de alinear votos para las elecciones”, consideró.
Hay que tomar en cuenta que el Plan de Gobierno del PPSO para las elecciones presidenciales del 2026 incluyó explícitamente el apoyo al CPTPP. “Avanzar en el establecimiento del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico” formó parte del apartado “Política y comercio exterior” del plan de Fernández.
La prueba económica del modelo de atracción de inversiones
Las dudas sobre el rumbo comercial también se trasladan al desempeño del modelo de atracción de inversión extranjera directa (IED). Durante el gobierno de Chaves, uno de los cambios institucionales más relevantes fue la ruptura, en 2023, de la relación entre Procomer, Comex y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).
Desde que Procomer asumió la conducción de la IED, los resultados muestran una composición desigual: mientras las reinversiones de empresas que ya operan en el país han ganado terreno, la llegada de capital destinado a nuevos proyectos ha perdido fuerza.
La diferencia se aprecia al separar los proyectos greenfield, que corresponden a nuevas inversiones, de los brownfield, asociados a la expansión o reinversión de compañías ya establecidas. Aunque el monto total de IED superó los $5.000 millones en 2025, el comportamiento de ambos componentes revela que no todo ese capital responde a la llegada de nuevos inversionistas.
En el caso de los proyectos greenfield, Costa Rica no ha vuelto a alcanzar los $1.541 millones registrados en 2022, cuando Cinde todavía participaba en la atracción de inversiones. Para 2025, el monto descendió a $895 millones, según las estadísticas del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Las reinversiones, en cambio, muestran una trayectoria más favorable. En 2025 alcanzaron los $4.249 millones, por encima de los $2.596 millones registrados en 2022. Procomer ha destacado ese comportamiento como una señal de confianza de las empresas instaladas en el país, que continúan ampliando sus operaciones.
Ambas cifras cuentan historias distintas. La expansión de compañías que ya conocen el mercado costarricense refleja que existe una base empresarial dispuesta a seguir invirtiendo, pero la menor llegada de capital fresco plantea interrogantes sobre la capacidad del país para atraer nuevos proyectos y diversificar su tejido productivo.
La apuesta por llevar inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) también muestra resultados positivos en las cifras de Procomer. Entre 2022 y 2025, el monto de inversión reportado en esas regiones aumentó un 173%, en línea con el objetivo de generar oportunidades de empleo fuera de los principales centros urbanos.
No obstante, ese resultado también tiene antecedentes que van más allá de la gestión de la Promotora. Mora recordó que la planificación y el desarrollo de parques industriales fuera del Valle Central comenzaron antes de que Procomer asumiera la conducción de la IED. La instalación de proyectos como Evolution Free Zone, en Grecia, forma parte de ese proceso, por lo que, a su criterio, los resultados no pueden atribuirse exclusivamente a la gestión de la institución.
El desempeño de las exportaciones de bienes también obliga a mirar más allá de los montos acumulados. Aunque estas han mantenido una trayectoria creciente, su ritmo de expansión se ha moderado: en 2023 aumentaron un 15% respecto al año anterior, mientras que en 2025 la variación interanual fue del 13,6%.
Con esos resultados de fondo, Mora considera que Costa Rica necesita ampliar su estrategia de atracción de inversiones y fortalecer actividades distintas de los dispositivos médicos y los semiconductores. Ambos sectores concentran una parte importante de las exportaciones nacionales y, al mismo tiempo, están expuestos a las políticas arancelarias impulsadas por Donald Trump.
Para el exministro, el problema no se limita a la desaceleración de algunos indicadores, sino a la falta de alternativas para diversificar el modelo productivo y exportador. “El modelo exportador y de atracción de inversión extranjera directa tocó techo. Y no hay ninguna alternativa”, aseguró.
La discusión vuelve así al punto de partida: más allá de los relevos en Comex, Procomer y Cancillería, la administración Fernández todavía tiene pendiente mostrar qué estrategia dará continuidad —o qué cambios introducirá— en la inserción internacional del país. Para González, la línea de trabajo del comercio exterior debe definirse y comunicarse con mayor transparencia, ya que “no la percibe con claridad”.
Las decisiones de los últimos meses han dejado en suspenso varias de las apuestas comerciales y de atracción de inversiones que marcaron la administración de Rodrigo Chaves. Aunque el Gobierno ha defendido algunas de ellas como ajustes necesarios y ha justificado otras por razones políticas o sectoriales, todavía no queda claro qué dirección tomará la política de comercio exterior bajo Laura Fernández.
